Renta básica incondicional o cómo dislocar la economía

En los últimos días escuché argumentos de economistas e investigadores a favor de una “Renta Básica Incondicional” (RBI). Sus argumentos son tres: i) hay que luchar contra la pobreza; ii) la RBI es inevitable por la robotización; y iii) la RBI es “fácilmente financiable a través de una simple reforma fiscal”.

Estoy de acuerdo en luchar contra la pobreza. Pero mientras ellos creen que debe hacerse “dando pescado” yo creo que sería mejor hacerlo “enseñando a pescar”.

El argumento de la robotización es el mismo por el cual, a comienzos del siglo XIX, artesanos ingleses destruían telares y máquinas de hilar. Desde entonces, la población de Inglaterra creció desde 8 hasta 59 millones de personas y, aunque la tecnología avanzó hasta lo inimaginable, la tasa de paro es ahora del 5%. Por la misma idea, Jeremy Rifkin anunció en 1995 “el fin del trabajo”. Desde entonces, solo en EE.UU. se crearon 26 millones de empleos. Es evidente que la tecnología no destruye empleo neto.

La RBI sería de 7.500 euros anuales (625 euros mensuales). Es a priori “razonable”, dado que el salario mínimo es de 655 euros por mes con 14 pagas. Una RBI mayor desincentivaría el trabajo.

La RBI sería un derecho, “como el sufragio universal”, por lo que serían beneficiarios los mayores de 18 años. Es un colectivo de 38,1 millones de personas. A ese grupo habría que restar 18,3 millones de ocupados y 9,4 millones de pensionistas. Así, el colectivo con derecho a la RBI sería de 10,4 millones de personas (equivale a sumar los parados y las personas inactivas -no trabajan pero no buscan empleo- de entre 18 y 65 años).

Si 10,4 millones de personas cobraran 7.500 euros por año, el gasto sumaría 78.000 millones de euros. Con la RBI la prestación por desempleo dejaría de existir y el Estado ahorraría unos 19.000 millones de euros. Así, el gasto adicional neto sería de 59.000 millones de euros anuales. Cifra que supera el déficit fiscal de 2015 (54.200 millones) y equivale a 5,5% del PIB.

El gasto real podría ser mayor: gente que cobra bajos salarios podría preferir dejar de trabajar. Además, todas las pensiones inferiores a 7.500 euros/año deberían ser suplementadas. Pero, por otra parte, también podrían cancelarse otros subsidios y ayudas, con lo que el gasto adicional podría compensarse. Por eso me parece que esos 59.000 millones son una buena aproximación al coste de implantar la RBI.

¿Sería “fácilmente financiable a través de una simple reforma fiscal”? El Informe Anual de la Agencia Tributaria muestra que en 2015 la recaudación por IRPF fue de 72.400 millones de euros. Para financiar la RBI aumentando el IRPF sería necesario incrementarlo un 81% a todos los contribuyentes. Si el aumento recayera solo sobre el 20% con mayor renta, la carga sobre esas personas debería duplicarse. Podrían subirse otros impuestos, pero aún así el incremento sería enorme: si sumamos todos los impuestos sobre la renta y el patrimonio (IRPF, Sociedades, IBI, Patrimonio, etc.), la recaudación debería crecer un 58%.

En este punto, los apóstoles del gasto público recuerdan que la recaudación de impuestos en España es inferior a la media de la UE. La diferencia es de 6,9 puntos porcentuales (38,2% y 45,1%, respectivamente). Eso equivale a 74.600 millones de euros. Si España recaudara esa cantidad, la RBI podría pagarse “fácilmente”. ¡Pero aún quedaría un déficit fiscal de casi 40.000 millones de euros! Tampoco creo que fuera “fácil” aumentar la recaudación en esa cantidad.

Poner en marcha la RBI aumentaría las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de España, por lo que provocaría una subida de la prima de riesgo y del coste de financiación de las empresas. Mayor presión tributaria y mayor coste de financiación implican menor inversión y, de ahí, un estancamiento del empleo. La mayor incertidumbre, el menor consumo de los que paguen más impuestos y la menor inversión más que compensarían cualquier mejora inicial de la actividad económica derivada de la RBI. Acabaríamos con más paro y más pobres que los que teníamos al comienzo.

Creo que la economía española tiene demasiados y graves problemas como para que nos inventemos otros nuevos.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados. Su cuenta de Twitter es @diebarcelo