Sant Llorenç un mes después: las ayudas no llegan y los vecinos preparan una demanda

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Joan Guirado
  • Joan Guirado
  • Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.

Hoy se cumple un mes de las trágicas inundaciones en Sant Llorenç des Cardassar, que dejaron un balance total de 13 víctimas mortales y millones de euros en daños materiales. Treinta días después, un equipo de OKDIARIO ha vuelto a la zona para comprobar cómo avanzan las tareas de reconstrucción y hablar con los vecinos sobre cómo afrontan el futuro más inmediato.

Entre la mayoría de los afectados, la principal preocupación es la recepción de las ayudas e indemnizaciones que les habían prometido las administraciones y las que deben llevarles por parte del consorcio de compensaciones de las aseguradoras. Visiblemente cabreados contra las instituciones, principalmente contra el Gobierno de Pedro Sánchez “de quién todavía no hemos recibido ninguna ayuda”, pese a pasearse con traje y botas de agua por la zona el mismo día de la catástrofe sin ayudar a limpiar. Además, el consorcio de seguros depende también directamente del ejecutivo, concretamente del Ministerio de Economía.

Uno de los portavoces de la asociación de afectados que han montado los vecinos, Xisco Seda, critica que “la mayoría de las ayudas, incluidas las del ayuntamiento, no han llegado a día de hoy”. Eso desconcierta a los afectados, que un mes después tienen que afrontar gastos de albañiles así como la compra de muebles, electrodomésticos y ropa, para lo que solo han recibido en el mayor de los casos alrededor de 5.000 euros. Muchos de ellos confiesan que van tirando adelante gracias a la solidaridad de otros vecinos que les han donado ropa y otros enseres. Y es que a personas como Aurelia, que perdieron casi toda su ropa, en la ayuda inicial solo le dieron cien euros para comprar ropa nueva.

No es la única afectada que se lamenta de la baja valoración que están haciendo de las pertenencias perdidas durante la tragedia. Otros vecinos, que no saben aún qué van a recuperar de la inversión que están teniendo que hacer obligatoriamente, aseguran que no les están tasando por el valor real algunos muebles que podían tener y podían llegar a costar 3.000 euros, por los que les indemnizan con 300 o 500 euros.

En una vivienda que les ha prestado una vecina, en la avenida principal del pueblo, visitamos de nuevo a Toñi, hoy acompañada de su hija Ada de 8 años, a quién consiguió salvar la vida esperando tres horas agarradas a unos barrotes sobre la lavadora. La pequeña nos explica contenta, tras finalizar minutos antes una de las díez sesiones de terapia psicológica que recibe como otros afectados, que como mínimo pudo salvar su peluche favorito. Sentado cerca de ella, otro de grandes dimensiones le acompañará a partir de ahora en su crecimiento, fruto del regalo de algunos vecinos. Su madre, mientras, esperando poder volver a su casa lo antes posible, nos cuenta también que su vehículo continúa amontonado en un almacén improvisado junto a la vía verde y que aún no ha recibido ninguna instrucción sobre cuándo y cuánto va a recibir por él, imprescindible para su día a día y poder ir al trabajo.

Demanda por negligencia

La asociación de afectados de Sant Llorenç está preparando también una demanda contra el ayuntamiento y el Gobierno de las Islas Baleares, dirigido por la socialista Francina Armengol, por “negligencia”. Consideran que “veinte años sin limpiar el torrente son muchos años”. A la espera de cuantificar los daños reales sufridos y compararlo con las ayudas recibidas, los vecinos ya se han unido al margen del ayuntamiento para canalizar también las ayudas y donaciones de voluntarios, ya que pocos días después de los hechos el consistorio dejó de organizar a los que acudían a ayudar.

Esa demanda podría ser extensible contra la Agencia Estatal de Meteorología, también, ya que los vecinos argumentan que “no puede ser que se diera la alerta roja dos horas más tarde que se activara en otros municipios”. Critican que “nadie haya asumido responsabilidades” más allá del encargo de una auditoría interna, tal como explicó en primicia este periódico, de la cual no se ha sabido nada más.

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