Mónica García creará una lista negra para señalar a los médicos que se nieguen a practicar abortos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que en los próximos días estará listo el borrador de protocolo para el registro de personas objetoras al aborto, es decir, una lista negra, donde figurarán los médicos que no desean llevar a cabo la interrupción del embarazo sin respetar su libertad profesional. Y es que, sólo 5 de las 17 comunidades autónomas, ha creado esta lista negra de médicos que no quieren practicar abortos, entre otras cosas porque juraron salvar vidas y no acabar con ellas. 

Pero, lo que resulta llamativo por parte de Mónica García, es su celeridad por crear un registro específico para la objeción en abortos cuando no se hace lo mismo para otros procedimientos médicos. No existe un registro para estos profesionales que se nieguen a realizar transfusiones de sangre, administrar tratamientos a personas con creencias distintas o aplicar vacunas. La focalización en el aborto sugiere una injerencia totalmente partidista, como Más Madrid, que frena la libre elección del profesional sanitario y le estigmatiza en una lista de personas objetoras de conciencia que no desean realizar de abortos.

En los últimos años, España ha sido testigo de un fenómeno que resulta cuanto menos desconcertante: la creación de un registro oficial de médicos objetores de conciencia que se niegan a practicar abortos, una iniciativa que ha generado un debate encendido en el país. Este registro, que parece inspirado en la idea de proteger a los profesionales sanitarios que rechazan realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) por motivos morales o religiosos, plantea una serie de preguntas éticas y legales de fondo, especialmente cuando estos mismos profesionales han de hecho, en su día, el juramento hipocrático, entre otras cosas.

La ministra, Mónica García, ha subrayado que «muchas voces quieren retraer a España a tiempos pretéritos» y ha vuelto a reivindicar «el derecho al aborto libre y seguro como un derecho fundamental que hemos conquistado y no tiene vuelta atrás». Sin embargo, estas manifestaciones sólo pretenden perseguir a los médicos que libremente no quieren acabar con una vida y en el debate de fondo debería figurar la necesidad de reorganizar el sistema sanitario y regular este derecho aplicado por ley.

La actualización de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo afecta de lleno a la comunidad sanitaria. Si algo rechazan gran parte de los médicos son, precisamente, estas listas de médicos objetores que tienen como cometido señalar a aquellos profesionales que no quieren practicar abortos. «Son registros ancestrales que recuerdan a gobiernos antidemocráticos. Son discriminatorios y van en contra del derecho de la objeción de conciencia», ha asegurado recientemente la anestesista Luisa González. 

Además, desde el punto de vista jurídico, estas listas negras podrían no ser legales. «La listas negras son incompatibles con la protección de datos y el derecho a la intimidad», explica Polonia Castellanos, abogada y presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos. Además, la letrada asegura que las listas negras limitan el derecho a la objeción de conciencia que está recogido en el artículo 16 de la Constitución Española.

Sin embargo, estas listas negras son sólo un paso más para perseguir a los médicos objetores que deciden no realizar estas prácticas en las que se acaba con la vida de un feto en gestación. También, los médicos que desean ejercer su derecho a la objeción de conciencia son apartados de los comités clínicos que deciden los abortos por causas médicas. Así, la actualización de esta ley del aborto atañe de forma significativa al ejercicio de la profesión médica. «Está ley contraviene el principio básico de la protección de la vida», ha lamentado Luisa González.

Un nuevo ataque a Madrid

Más Madrid reclama que se cree el registro de objetores de conciencia del aborto en la región y ha acusado a la Comunidad de Madrid de amparar el bloqueo de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero lo que no explica la formación de la ministra de Sanidad, Mónica García, es que los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, indican que la Comunidad de Madrid registró en 2023, la segunda tasa más alta de toda España de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), con 13,92 por cada mil mujeres, lo que supone más de un punto más que hace un año, cuando se colocaba en el 12,89.

Los datos, que se han hecho públicos coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro, muestran que la tasa de IVE en España alcanzó 12,22 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años el año pasado. Este dato supera tanto la tasa de 11,68 registrada en 2022 como la de 10,46 en 2014, lo que indica un aumento en la incidencia de este procedimiento en los últimos años.

En relación con el tipo de centro, el 81,45% de las IVE se practicaron en centros privados. Por autonomías, Cataluña y Madrid lideran la tabla, mientras Aragón registra la tasa más baja, con 8,4 por cada 1.000 mujeres.

La tasa de incidencia aumentó en todos los grupos de edad, especialmente en el grupo de 19 años y menos. El 93,94% de las IVE se realizaron a petición de la mujer. El 75,19% de las IVE se practicaron en gestaciones de 8 o menos semanas y el 66,99% de las mujeres no habían tenido ningún aborto voluntario anterior.