El Supremo acelera la contrarrevolución de Trump

En Estados Unidos se está librando una guerra durísima para las elecciones al Congreso de noviembre. El Tribunal Supremo federal, que por primera vez en décadas tiene una mayoría conservative sin complejos, ha entrado en ella con una sentencia que permitirá la supresión de uno de los elementos que han beneficiado a los demócratas: los distritos electorales de mayoría negra.

Como en España, la izquierda trata de alterar el censo electoral mediante el acarreo de millones de inmigrantes ilegales que cuentan como población residente para la asignación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Otra artimaña es el rechazo permanente a la identificación con un documento con fotografía en los centros de votación, calificada de “racista”.

Las respuestas de la derecha consisten en exigir la depuración de los censos, mediante la eliminación de los no ciudadanos (hay varios casos de extranjeros que han votado en las elecciones) y de los ausentes, y la restricción del voto por correo y electrónico. Además, ambos partidos pugnan por redibujar los distritos electorales en los estados que controlan. Este año está recobrando actualidad el término gerrymandering, acuñado en 1812 debido a las maniobras de un gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, para dibujar un extravagante distrito con la forma de una salamandra.

Los 435 diputados de la Cámara (número establecido en 1929, a los que se unen seis delegados sin voto) se asignan a cada estado en función de la población, tal como la detalla el censo decenal, que suele publicarse en los años que terminan en 0. A su vez, el estado divide su territorio en tantos distritos como escaños, lo que causa cambios llamativos. Por ejemplo, entre 1980 y 2024, California ha pasado de 43 escaños a 54; Texas, de 24 a 38; Nueva York, de 39 a 26; o Florida, de 15 a 28. Cada vez que se anuncia la formación de esos distritos mutables los dos partidos afilan sus armas.

Para evitar abusos, se han introducido diversos límites al poder de las asambleas locales, como la participación de comisiones mixtas, la supervisión de los tribunales supremos locales y la legislación federal.

La pelea por las elecciones de midterm de este año está siendo tan agria que en varios estados, como Misuri, Utah, California, Texas, Florida, Virginia, Ohio o Carolina del Norte, el partido gobernante está modificando los distritos para restar escaños al rival. En California, los demócratas podrían arrebatar hasta seis a los republicanos; y en Texas, a la inversa, los azules perderían cinco en favor de los rojos. En 2024, los republicanos ganaron una ajustadísima mayoría en la Cámara: 220 diputados frente a 215.

El Supremo federal ha intervenido en este conflicto mediante una sentencia dada a conocer el 29 de abril y que anula un distrito en el estado de Luisiana hecho para favorecer a la población negra, en cumplimiento de la Ley de Derechos de Voto (“Voting Rights Act”). La norma se aprobó en 1965, cuando el Sur lo controlaban los racistas demócratas.

Según el tribunal, esa obligación constituía una manipulación electoral racial “ilegal”, ya que primaba a los negros en perjuicio de las demás comunidades. En consecuencia, reduce el uso por los estados de la raza como criterio al trazar sus distritos electorales. En éstos, los diputados elegidos eran siempre demócratas.

La sentencia puede acelerar la modificación de los distritos en otros estados del sur, gobernados ahora por los republicanos. A la vez, empiezan a surgir protestas en Nuevo México, porque sus demarcaciones priman a los hispanos en detrimento de los blancos, como en California.

La contrarrevolución iniciada por Donald Trump en su primer mandato prosigue en este segundo. Y en ella está siendo capital el Supremo, gracias a que el neoyorquino nombró a tres jueces claramente conservadores, quienes, unidos a Samuel Alito y al brillante Clarance Thomas, están anulando décadas de jurisprudencia progresista sobre la “discriminación positiva”, el aborto, la expulsión de la religión del espacio público, la inmigración y el cambio climático.

Las tres magistradas de izquierdas, designadas dos por Barack Obama y una por Joe Biden, se quedan solas frente a los cinco derechistas, más el presidente John Roberts, el típico moderado que sale del armario cuando los conservadores son mayoría absoluta. Entre las reacciones a la sentencia, destaca la de Obama, rebelde a la costumbre de silencio de los ex presidentes.

En su opinión, difundida por X, el Supremo está “diluyendo y debilitando sistemáticamente el poder de voto de las minorías raciales”. En febrero se opuso a la tramitación del proyecto de ley SAVE, que impondría el documento de identidad para las elecciones federales, y animó a sus admiradores a movilizar a los legisladores para que lo rechazasen.

Otros demócratas han recurrido a la misma argucia que los socialistas españoles ante los apuros judiciales de Sánchez y su familia: han afirmado que el Supremo es “ilegítimo”, a fin de recuperar el proyecto de aumentar el número de sus jueces (“pack the Court”).

Los ciudadanos de Estados Unidos de Trump son, por ahora, más libres que los de la España de Sánchez. Allí, el presidente no puede fantasear con gobernar ocho años más; y si el Parlamento no le aprueba los Presupuestos, se cierra la Administración.