Sólo les faltó mentirse a sí mismos

Los responsables del Servei de Salut de les Illes Balears (SSIB) avalaron en todo momento la trama de Koldo García a sabiendas de que la sociedad de este último les había dado gato por liebre con unas mascarillas que no eran ni de lejos las solicitadas. El SSIB escamoteó sistemáticamente los tests negativos de los análisis del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) adonde el 25 de mayo se enviaron para su análisis unas muestras de la remesa de los tapabocas del cargamento del millón y medio de mascarillas que había traído a Palma un avión fletado por la trama de la mano de derecha de José Luis Ábalos.

Los cuatro tipos en los que durante la recepción del material sanitario se clasificaron los cubrebocas resultaron inservibles para su uso hospitalario al no cumplir ninguno de ellos los estándares de una FPP2 o KN95. Los resultados de los tests se conocieron el 8 de junio de 2020, más de un mes después de haberse recepcionado el cargamento de material sanitario. En cuanto las autoridades sanitarias supieron los resultados del CNMP retiraron en seguida las mascarillas fraudulentas de los hospitales, almacenándolas hasta dejarlas caducar. Desde aquel momento, el SSIB ocultó la estafa a todos los estamentos concernidos durante casi tres años, incluso a los propios defraudadores.

El motivo que alegaría tres años más tarde el subdirector de la central de Compras y Logística para guardar las mascarillas quirúrgicas (no FFP2) y no devolverlas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL era que las podían necesitar hasta que se declarara el fin de la pandemia. Y era verdad que las necesitaban: el SSIB siguió comprando mascarillas quirúrgicas a mansalva para uso civil, hasta los 25 millones de unidades en aquellos aciagos tres meses ¿Por qué entonces decidió retirar y almacenar la remesa de un millón y medio de cubrebocas de la empresa de Koldo García y no utilizarlas para su uso civil cuando se estaban comprando millones de ellas a otros proveedores? O las mascarillas suministradas eran tan malas que ponérselas comportaba un riesgo para la salud. O que, dejándolas caducar en el almacén, pensaban no dejar rastro del fraude millonario, actuando como si no hubiera pasado nada.

Todo indica que lo mismo que hicieron con las mascarillas quirúrgicas (¿eran también inservibles?) de Koldo, trataron de hacerlo también con el expediente: dejarlo caducar. Es bastante plausible que la razón fuera la misma: no dejar rastro del fraude millonario, ocultándolo primero a la Oficina de Lucha y Prevención contra la Corrupción, luego a la Unión Europea, luego a los propios defraudadores de la trama, después a la UCO de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción y por último al flamante Govern de Marga Prohens salido de las urnas al que tampoco informaron del expediente abierto por reclamación parcial a cuenta del fraude de 3,7 millones de euros.

En efecto, apenas un mes después, pese al informe desfavorable del CNMP, la administración autonómica empieza los trámites para tratar por vía de urgencia de sufragar el pago de los 3,7 millones de las mascarillas fake con fondos europeos. El expediente es examinado por la dirección general de Fondos Europeos: sólo aparecen la factura y el albarán de la llegada de las mascarillas, pero no el resultado de los tests negativos del CNMP. El 20 de noviembre esta dirección general da luz verde a la solicitud y el 20 de diciembre la dirección general certifica que la compra sí es financiable con
fondos FEDER.

Entretanto en agosto de 2000, dos meses después de confirmado el fraude, la Oficina de Lucha contra la Corrupción pone la lupa sobre este contrato del que se oculta el informe negativo del CNMP. La Oficina, si bien detecta que se había incumplido el procedimiento administrativo atribuyéndolo a una relajación de los controles fruto del estado de alarma y lanza sospechas veladas por la falta de control y supervisión en la entrega del material, da finalmente conformidad al contrato puesto que no tenía noticia de la estafa perpetrada. El ocultamiento de los dirigentes sanitarios socialistas deja para el arrastre a una Oficina de Lucha y Prevención contra la Corrupción a la que se oculta información relevante para impedirle realizar su labor por parte de los mismos que luego defienden su supervivencia como organismo. La Oficina de Far nunca fue más que la coartada para encubrir la corrupción socialista, igual que en su día lo fue la rimbombante Fiscalía Anticorrupción para encubrir los tejemanejes felipistas.

Puestos a mentir, incluso las autoridades sanitarias mintieron a los propios defraudadores a quienes certificaron el 12 de agosto de 2020 que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL había realizado “suministros de manera satisfactoria” durante 2020 sin aludir en ningún momento a la estafa sufrida. Cuesta creer que tanta reiteración en la mentira no obedeciera a directrices de arriba.

En julio de 2022, dos años después de la recepción de las mascarillas inservibles, la Guardia Civil solicita una copia del expediente a la administración del SSIB. El Govern progresista vuelve a ocultarle a la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción los análisis de la CNMP que le obligaron a retirar todo el material sanitario recibido. Una vez más mentían, ahora en el transcurso de una investigación judicial.

En el traspaso de poderes del pasado 12 de julio entre el Govern saliente y el entrante el actual director del SSIB, Javier Ureña, contradiciendo a Francina Armengol, afirmaba esta semana que no se mencionó en ningún momento este expediente específicamente.

Tras mentir a la Oficina de Lucha contra la Corrupción, a la Unión Europea, a la Guardia Civil, a la Fiscalía Anticorrupción, al Govern entrante y a los propios estafadores, ocultándoles a todos ellos la magnitud de la estafa, a los dirigentes del SSIB sólo les faltó mentirse a sí mismos, el último paso al objeto de no dejar ni rastro del fraude millonario.

Tal vez su mala conciencia o su instinto de conservación en la Administración condujo, el 20 de marzo de 2023, casi tres años después de la estafa, al entonces director general del SSIB a comunicarse con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para informarle que las «mascarillas suministradas no cumplen con los requerimientos de una mascarilla FPP2», procediéndose a «tomar las medidas oportunas para resarcir al SSIB de la situación que el hecho ha ocasionado». La estafa había quedado por fin al descubierto, al menos oficialmente, después de casi tres años de oscurantismo y ninguna discrepancia entre el SSIB y la red de Koldo García.

Nos encerraron primero en virtud de un estado de alarma que resultó ser inconstitucional, nos robaron después con la excusa de salvar vidas y, no contentos con eso, mintieron a todo el mundo para ocultar el robo. De la pandemia no salimos más fuertes, como rezaba la propaganda oficial, aunque no todo el mundo puede decir lo mismo. Y sí, al contrario de lo que preconizaba la propaganda oficial, esta vez sí dejamos a muchos atrás con un fabuloso expolio a las arcas públicas del que sólo hemos conocido la punta del iceberg.