Socialistas orgullosos de esquilmarte

España es el país donde más subió la presión fiscal de todos los estados desarrollados en 2020, el año de la pandemia, pero esta circunstancia, que debería inquietar a cualquier gobierno sensato aquí ha sido celebrada por todo lo alto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según ella, demuestra “que hemos sido capaces de sostener las rentas durante la crisis”. Se refiere la señora a los ERTE, las ayudas a los autónomos y demás apoyos, que han sido limitadísimos, para hacer frente al coronavirus y mantuvieron en un cierto nivel los ingresos y la capacidad de redistribución pública. Pero este es un argumento peregrino y nocivo.

Como se sabe, la presión fiscal es el cociente entre los ingresos que obtiene el Estado y el PIB, que es el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un año. En nuestro caso, si este cociente ha aumentado es porque la economía se hundió dramáticamente en 2020, más que en cualquier otro lugar de la OCDE, y esto fue así porque el Gobierno de Sánchez nos sometió a un confinamiento brutal durante tres meses y luego fue incapaz de oxigenar convenientemente el tejido productivo. Que aumente la presión fiscal como consecuencia de la devastación del PIB en parte por las políticas aplicadas jamás puede ser un motivo de orgullo o de celebración.

Pero no contenta con el dislate, la ministra ha añadido que aún hay cinco puntos de margen para igualar la presión fiscal media de la Unión Europea, que parece ser el destino inmisericorde que alberga como objetivo este Ejecutivo desnortado que necesita exprimir al máximo a los ciudadanos con un puesto de trabajo decente, castigar a los autónomos que padecen la desconsideración proverbial de las autoridades y minar el progreso de las empresas para practicar una falaz justicia social, generalizando el subsidio y rematando la destrucción de incentivos con una política educativa criminal en contra de la superación personal, del esfuerzo, de la autoestima y de la dignidad.

El plan de equipararnos fiscalmente a Europa cuando estamos a una distancia de diez puntos del PIB medio y muy lejos de su renta per capita es delirante. España ya tiene uno de los sistemas impositivos más gravosos del Continente. El tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta empieza a aplicarse a partir de unos ingresos de 60.000 euros, que es la mitad de la cota efectiva en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y los extras que aplican algunas autonomías como Cataluña redundan en una coacción ominosa y asfixiante. El resultado es que el esfuerzo fiscal medio de un español, que es la diferencia entre la renta bruta y la renta neta que obtiene, una vez descontados los impuestos, es muy elevado en comparación con nuestros vecinos. Tenemos, en consecuencia, una progresividad salvaje. Y las cuotas sociales que pagan las empresas están entre las más elevadas del entorno, penalizando descaradamente el empleo en un país con la tasa de paro más alta de la Unión.

El sistema fiscal español tiene particularidades poco ejemplares. Las clases bajas y medias bajas pagan muchos menos impuestos que en el resto de nuestro entorno, las medias y medias altas muchos más. Los impuestos directos son relativamente más punitivos mientras se pagan menos impuestos indirectos, cuando esta relación debería oportunamente equilibrarse, pues los primeros desalientan el esfuerzo y la progresión personal y social mientras los segundos gravan el consumo y el gasto, en relación con el que se practica, lo cual no provoca distorsiones económicas ni lamina los estímulos para mejorar profesionalmente.

La política idónea sería justamente la contraria. Con menos cotizaciones sociales aumentaría el empleo y se incrementarían los ingresos. Con un impuesto de sociedades más racional también aumentarían los beneficios de las compañías y crecerían los ingresos. Un impuesto de la renta menos ofensivo daría alas y fomentaría el interés por multiplicarse laboralmente impulsando la recaudación.

No es probable que estas tesis, que son las que defienden los economistas clásicos, los políticos liberales y que son las que han hecho fuertes a los países grandes tengan, sin embargo, recorrido alguno por estos lares. Y esto es así porque estamos en presencia de un Gobierno animado por el espíritu marxista leninista de su socio Podemos, que desde luego Sánchez comparte, y al que, contra la propaganda oficial, no preocupa el bien común, sino la conservación del poder a toda costa. Estos tipos que nos gobiernan piensan que nada funciona en ausencia del Estado, que nada puede escaparse al control público cuando sucede lo opuesto, que la sociedad dejada a su albur, sin trabas, gozando de libertad es capaz de organizarse y de producir unos frutos más exuberantes que dominada por los jerarcas del régimen y de colmar más satisfactoriamente el bienestar general. Pero ya se sabe que a Lenin estas cosas le parecían pequeñeces propias de la burguesía corrupta y por eso precisamente odiaba a los socialdemócratas. Por mucho que diga lo contrario, creo que Sánchez y su equipo también, no sé si a conciencia.

Este mantra de la izquierda de que hay que estar orgulloso por pagar impuestos está fuera de la realidad. Los ciudadanos contribuyen porque no les queda más remedio, bajo la temible fuerza coercitiva del Estado, del que esencialmente desconfían, dada su tendencia natural al despilfarro, sobre todo cuando está dirigido por los socialistas.

Claro que se hacen cargo de que hay que sostener el erario público a fin de financiar algunos servicios públicos esenciales, pero el nivel de la presión fiscal se ha alcanzado de manera tan intensa y descarnada para mantener un sistema de protección social elefantiásico y pasto de los abusos que tienen todo el derecho del mundo a oponerse y refutar un modelo que ha adquirido un tono indecentemente confiscatorio, que impide el deseo natural del individuo de conservar el mayor fruto posible de su trabajo.