Desde el Gobierno se insiste en que no habrá cortes de suministro de gas natural, pero los mensajes del Ejecutivo son más la expresión de un deseo que otra cosa. Y es que, desde el pasado 29 de septiembre, Sánchez tiene la alerta oficial sobre el riesgo de corte de suministro encima de su mesa. Quien advierte es Enagás en un informe en el que asegura que hay garantía total de suministro, «siempre que no haya limitaciones en la importación del aprovisionamiento”. Y lo que hay en estos momentos es, precisamente, eso, «limitaciones en la importación del aprovisionamiento», ya que uno de los dos grandes gasoductos que traen el combustible a España desde Argelia ha sido sentenciado al cierre desde el 1 de noviembre.

Confiar en que el cierre del gasoducto será solucionado vía transporte marítimo, a través de buques que traigan el gas natural desde Argelia sin mayores problemas es de una candidez preocupante. Porque los barcos para traer gas natural están bajo una fuerte demanda y quienes están consiguiendo llevárselos de forma mayoritaria son los mercados asiáticos, de modo que el optimismo del Gobierno no está justificado. Y lo sabe. Y por eso cruza los dedos. Porque el cierre de uno de los gasoductos que suministran gas natural a España desde Argelia es un problema descomunal. Y confiar en que no habrá problema es no conocer cómo funciona el mercado.

Si tenemos en cuenta que los datos oficiales de almacenamiento de gas en España muestran que las reservas nacionales se encuentran por debajo de la media europea y 20 puntos por debajo de las que tenía España hace un año, confiar en la palabra del Gobierno es un ejercicio de alto riesgo, un acto de fe injustificado. Sánchez se juega su futuro político a una sola carta: que el 25% del gas procedente de Argel llegue por barco sin problemas. Si no llega, apaga y vámonos, presidente. Porque si no hay gas, este Gobierno muere de asfixia.