Los riesgos latentes de la economía

Ahora que empezamos a ver ciertos signos de recuperación mientras avanza el ritmo de vacunación, tampoco podemos asegurar que en el medio y largo plazo, en el contexto económico nacional e internacional, se muestre un horizonte nítido, lleno de certidumbre, porque, por un lado, contamos con indicadores que evolucionan de diferente manera, contradictoriamente, que no permiten trazar un perfil claro sobre la evolución económica.

Por otra parte, este rebote que se producirá con mucha intensidad en el corto plazo, aunque sólo sea por mero cumplimiento de la teoría del ciclo, no podemos asegurar que se mantenga en el medio y largo plazo, pues dependerá, en gran medida, de la capacidad reformista que tengan el conjunto de economías para dinamizar, modernizar y adaptar sus economías y, con ello, incrementar su nivel de crecimiento potencial, sus fronteras de posibilidades de producción.

Nuestro país parte de una posición más frágil, derivada de la dureza de las medidas aplicadas y de la composición de su estructura económica, donde el turismo, el comercio, la hostelería y el ocio juegan un papel muy relevante. A la espera de que la vacunación trace un escenario general mejor y más tranquilizador, la situación económica es preocupante: casi un millón de personas ha perdido su empleo en el sector privado en el último año, hay casi 400.000 parados más y casi 500.000 permanecen en ERTE, con el riesgo de que muchas de esas personas puedan tener serias dificultades para recuperarlo. Los datos muestran ese peligro, ya que de esas casi 500.000 personas, más del 65% pertenecen al comercio, hostelería, turismo y ocio, con lo que si este verano no se produce una reapertura lo más parecido a la normalidad, puede que no aguanten económicamente y se cierren negocios, con la consiguiente pérdida definitiva de los empleos ligados a los mismos.

Adicionalmente, se está produciendo un incremento del gasto difícilmente sostenible: el Gobierno se olvida de que, aunque estén suspendidas las reglas fiscales también para 2022, hay que evitar consolidar gasto estructural en la economía y, sin embargo, es lo que está haciendo.

Simplemente, en el subsector autonómico se corre el riesgo de que las regiones no adapten su gasto, una vez pasada la pandemia, a sus posibilidades de ingresos, y que traten de acometer una serie de subidas de impuestos que lastrarán la economía. El quebranto que acumulan en las futuras liquidaciones de 2020, 2021 y, posiblemente, 2022, debido a unas entregas a cuenta recibidas irreales, son un problema de primera magnitud.

Del mismo modo, el endeudamiento del conjunto de AAPP no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo, sino que hay que revertirlo, pero no se dan pasos en esa dirección, sino en la contraria. Eso genera una deuda creciente de manera exponencial, sin solución a la vista.

Se precisa, sin duda, agilidad laboral, que hay que conseguir flexibilizando más el marco laboral para que se pueda contratar más, no derogando la reforma laboral, que levantaría barreras al empleo.

El problema de las pensiones es otro que está encima de la mesa y que, sin embargo, en lugar de poner coto al desfase entre los ingresos y los gastos para garantizar la viabilidad del sistema, se ataca al corazón de la reforma que se había realizado, que es el factor de sostenibilidad, y se acelera el colapso del sistema.

Y se precisa seguridad jurídica, que no ponga en duda la propiedad privada, que no haga que los agentes económicos puedan encontrarse con una situación cambiante en algo tan sensible para la economía familiar y para la industria como es la factura energética. Hay que desarrollar un mix energético adecuado, no impagable.

Todo ello, dibuja un escenario económico incierto. Ojalá se pueda conformar una recuperación ágil y sólida, pero, para ello, hay que trabajar en una serie de reformas estructurales que allanen el camino para lograr dicho objetivo, además de no subir impuestos y evitar que las inversiones se ahuyenten, con lo que, adicionalmente, habría que generar certidumbre y seguridad jurídica. Por tanto, se trata de corregir esos desequilibrios, generar un marco de seguridad y confianza en la economía, retornar, tras la pandemia, a la necesaria estabilidad presupuestaria y ahuyentar medidas proteccionistas. De ello depende que la recuperación sea sólida y duradera en el tiempo o que quede en un mero rebote estadístico en el corto plazo, envuelto en un enorme endeudamiento.