¡Quién diablos despertó al ministro!

Se dice que existen cuatro tipos de colaboradores en función de su inteligencia y diligencia. La primera categoría, el colaborador ideal, es aquel que es listo y trabajador. Junto a éste podemos encontrarnos al listo-vago, al tonto-trabajador y al tonto-vago. Si le preguntan a cuál de ellos preferiría tener más lejos, quizá conteste que al tonto y vago; pero se equivocaría. El más peligroso de todos es el tonto-trabajador, ése es el que le meterá en líos y terminará dándole más trabajo que el que le quita.

Esta clasificación se atribuye al barón Hammerstein-Equord, alto cargo militar del ejército alemán en 1930, y deberíamos tenerla en cuenta cuando nos quejamos de que algunos ministros no hacen nada. El mal menor es tener que pagarles un ministerio, pero si les da por llevar sus ocurrencias a la práctica, el daño puede ser terrible.

Castells dormía en su poltrona y se ha despertado con ganas de trabajar y, para demostrarlo, nos va a traer una nueva Ley para reformar la Universidad. El ministro ha querido parecer trabajador y los que se quejaban de su hibernación se van a enterar. Aunque Castells no es tonto, y por eso quizá haya que añadir una nueva categoría a aquellas, la del trabajador listo y sectario, si es que se puede unir listo con sectario.

Y es difícil que desde el sectarismo pueda lograrse la reforma que necesita el sistema universitario español, sumido en la mediocridad académica (con honrosas excepciones) y la ineficiencia económica (ésta sin excepciones) en los campus públicos.

Aunque el gasto por alumno en España está en línea con la media de la OCDE y la ratio de alumnos por profesor es incluso mejor (11 frente los 16 de la OCDE) los resultados no son los mismos. El modelo público español es obsoleto, necesita superar los lentos y burocráticos procesos decisorios, reforzar la figura del rector, fomentar su internacionalización (apenas el 5% de alumnos y profesores son extranjeros), superar la endogamia (el 90% del profesorado procede de los propios centros), reducir su dependencia financiera del bolsillo de los contribuyentes (el 80% de la financiación actual de las universidades públicas procede de fondos públicos frente al 35% en Reino Unido, EEUU o Japón) y reducir unas tasas de abandono que ya alcanzan el 30%, el doble que las de la Unión Europea, lo que supone tirar a la basura 3000 millones de euros de aquellos bolsillos.

Pero parece que no va por ahí la reforma. Frente a reforzar el carácter ejecutivo de la figura del rector, Castells propone más asamblea y más poder de los estudiantes, frente a sanear el sector público que a todos nos cuesta nuestros impuestos, obligaremos a cerrar a un tercio de las privadas, que no nos cuestan. Y eso sí, más matraca de género y unidades de diversidad. A ver si así arreglan todo aquello.

Lo que debería ser un ámbito de aprendizaje, investigación y pensamiento crítico seguirá, al menos, siendo un ámbito de pensamiento, pero único. Quizá eso sí que se consiga con esta reforma.

¡Quién diablos despertó al ministro!