Política fiscal blanqueada

Ayer, la inauguración del curso ‘Imposición sobre la riqueza’ de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) contó con una
invitada notable, María Jesús Montero, ministra de Hacienda en
funciones. Esta tuvo por divisa señalar que era preciso revisar y
corregir algunos impuestos, refiriéndose al de Sucesiones,
Donaciones, al de Sociedades, o a las plusvalías municipales. Todo
ello bajo la premisa de que la fiscalidad actual casa difícilmente con la
realidad económica y los desafíos internacionales que enfrenta.
Hasta aquí, nada que objetar. Bien pudiera tratarse del preámbulo del
informe más reciente de Civismo, Día de la Liberación Fiscal,
publicado el pasado 27 de junio, fecha en la que, de media, el
contribuyente español deja de trabajar para cumplir con Hacienda y
comienza a hacerlo para sí mismo. Es decir, después de la friolera de
178 días en este 2019.

Sin embargo, la ministra en funciones se revelaba en las antípodas de
lo que postula el citado informe —cosa nada sorprendente, por otra
parte. Defendió que la fiscalidad española es poco menos que irrisoria,
destacando el escaso tamaño de la contribución de la riqueza al Erario
público. Conviene repetir aquí el dato anterior: 178 días trabajando
para el Estado; casi la mitad del año.

No obstante, podemos descartar cualquier posible dificultad en el
cómputo de días por parte de la señora ministra, dado que, a
continuación, señaló su discrepancia con el “dogma” de que el dinero
de los contribuyentes está mejor en sus bolsillos. A su juicio, un
“mantra” con fines electoralistas.

Esta afirmación resulta del todo chocante. Pero, además, tratándose de
la ministra de Hacienda, también es absolutamente inaceptable.
Declarar sin tapujo alguno que haríamos mejor dejando el fruto de
nuestro trabajo en manos del Estado que poniéndolo al servicio de
nuestra libertad personal es alarmante, en especial cuando quien lo
asevera cuenta con la capacidad para llevar su visión a cabo.

La ministra sustentó este aserto en el hecho de que “nunca se ha
demostrado que una bajada de la contribución se traduzca en un
estímulo económico o en una mayor capacidad recaudatoria”. Pues
bien, este argumento de Montero no sólo pone de manifiesto un sesgo
ideológico que excede al ideal socialdemócrata dominante, sino que
tira por tierra casi 300 años de teoría económica.

Por último, junto a estas convicciones y misión, la ministra esbozó
una suerte de plan de acción. ¿El primer paso? Reformar la regulación
de aquellos impuestos cuya “razón de ser” se discute y tienen peor
acogida entre la ciudadanía. De esta forma, se solventa su
deslegitimación a través de la subsunción en otras figuras fiscales.

Sin embargo, esta no constituye la pretendida adaptación de la
fiscalidad española a los “desafíos globales actuales”, ni tampoco la
creación de una “fiscalidad de vanguardia” por la que abogó la
ministra. Antes bien, se trata de una reforma arbitraria, que busca
sortear una opinión pública negativa para salvaguardar una cierta
recaudación. Es un blanqueamiento. Aunque claro, un partido que
blanquea tanto, ¿por qué no iba a camuflar un impuesto con mala
prensa tras otro con mayor aceptación social?

En definitiva, bajo este PSOE, el contribuyente español ha sufrido,
sufre, y va a sufrir, y lo va a hacer ya sea pobre, de clase media, o rico.
Nadie tiene escapatoria cuando el planteamiento es, como dice la
ministra, que no hay quien mejor que el Estado para hacerse cargo de
nuestro dinero.

Todo ello resulta sintomático de una deriva preocupante; la de una
fiscalidad que ya deviene en confiscatoria y que busca incrementarse,
tanto de cara como por la espalda. Hablamos del PSOE de Sánchez;
del PSOE del blanqueamiento. La semana pasada fue Otegui, y ayer
tocó la fiscalidad. ¿Qué blanquearemos mañana?

• Juan Ángel Soto es director del think-tank Civismo