El peligro de imponer los convenios sectoriales

El Gobierno sigue empeñado en derogar la reforma laboral. Uno de los puntos en los que el Ejecutivo quiere imponer más agresivamente su contrarreforma es en la negociación colectiva a la hora de negociar las subidas salariales. Aquí, quiere que el convenio sectorial vuelva a ser obligatorio sobre el de empresa. Eso, lo único que provocará es que muchas pequeñas y medianas empresas se vean obligadas a despedir y a cerrar, al no poder asumir los costes que sí puede soportar, en algunos casos, una gran empresa.

Por ejemplo, hemos visto estos días que Mercadona, empresa líder de su sector y un ejemplo empresarial, ha decidido incrementar un 5% el sueldo de sus empleados, para tratar de que no pierdan poder adquisitivo. De hecho, les está haciendo ganar poder de compra, porque la inflación media de 2021 no va a ser de un 5%, sino inferior, cerca de la mitad.

Mercadona es una empresa soberana para poder tomar la decisión que considere oportuna. Si considera que de esa forma cuida más a sus trabajadores al evitar que puedan perder renta real, y quiere minimizar, al tiempo, el riesgo de que algunos de ellos traten de fichar por la competencia, con esa medida podrá, en la mayor parte de los casos, lograrlo. Es habitual que las empresas paguen el llamado salario de eficiencia, que es un salario por encima del que resultaría por el valor añadido aportado por el trabajador, para, así, evitar que la rotación sea alta y perder empleados, con el coste que supondría buscar nuevos trabajadores y formarlos, además de que la formación invertida en los que se fuesen no sería recuperable.

El problema aparece si al resto de empresas del sector de la distribución comercial se les impusiese la subida que Mercadona va a ofrecer a sus trabajadores, y eso es lo que anhela el Gobierno o, al menos, algunos de sus miembros, al querer imponer el convenio sectorial. Imaginemos que esa subida se plasmase en un convenio sectorial: si las empresas pueden acogerse al de empresa, entonces podrían negociar otras condiciones acordes con su situación. Por el contrario, si se les impusiese el sectorial, tendrían que aceptarlo, aunque no les cuadrasen los números, con el consiguiente deterioro de los resultados y, posteriormente, de la actividad económica y el empleo.

Esto, de suceder, tendría un impacto negativo en la economía, debido a que esos mayores costes provocarían una disminución de la contratación, que, junto a un empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos, debido a las políticas económicas equivocadas de Sánchez de incremento de gasto público y subida de impuestos -cuando no, por la carencia completa de política económica, pues nunca es sólida la posición del Gobierno a este respecto-, y al efecto de otra de esas políticas, el salario mínimo, dibujarían un panorama laboral sombrío, además de entrar en una espiral precios-salarios altamente inflacionista, con empobrecimiento generalizado de toda la población. Por eso, es esencial que no vuelvan a imponerse los convenios sectoriales y que se deje, así, libertad a las empresas para negociar sus convenios de empresa, para que, cada una, pueda negociarlo conforme a sus circunstancias y poder, así, continuar con la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo que generan con ella.