De las pateras al negocio de Cayucos S.A.

Esta semana, las fuerzas de seguridad del Estado hacían público la apertura de una investigación sobre la posible derivación de los flujos migratorios típicos del Mediterráneo y de la ruta de los Balcanes hacia la peligrosa ruta canaria como vía de entrada a Europa, tras la llegada a la isla de El Hierro de dos cayucos con más de medio centenar de asiáticos cada uno.

Según datos de Frontex, 2.618 pakistaníes han entrado de forma irregular en Europa en lo que va de año. La mayoría, 1.581, lo hizo por el Mediterráneo Central; 484 por el Mediterráneo Oriental; y 444 por la ruta terrestre de los Balcanes. En cuanto a los afganos, son 9.743 los que han accedido a Europa en 2024 de forma clandestina: 7.824 por el Mediterráneo Oriental, 1.341 por los Balcanes y 450 por el Mediterráneo Central.

El pasaje de esos dos cayucos que han hecho saltar la alarma, con 51 y 63 pakistaníes, afganos y sirios, es llamativo y marca un nuevo hito en una ruta que fue inaugurada hace 30 años por una primera patera que llegó a Fuerteventura con dos jóvenes saharauis a bordo y que hasta la fecha ha sido utilizada ya por más de 230.000 personas, la mitad de ellos los últimos 5 años.

Y preocupa porque la ruta canaria es además una ruta muy peligrosa, particularmente para ese tipo de cayucos. Utilizando datos de 2024, concluimos que por cada 31 personas que sobreviven en la ruta canaria, una pierde la vida. La mortalidad en la ruta canaria es un 55% superior a la del Mediterráneo, incluso en su tramo más peligroso, al norte de Libia según datos recopilados por Naciones Unidas. De acuerdo con la ONG española Caminando Fronteras, entre enero y mayo de 2024, habrían muerto 5.054 personas en pateras rumbo a España; de ellas, 4.808 en la ruta canaria convirtiendo al mar en un gran cementerio.

También esta semana se denunciaba en el Parlamento los horarios de 168 horas semanales del personal de salvamento marítimo que está claramente desbordado ante lo que parece consolidarse como un gran intenso negocio en manos de las mafias del tráfico de seres humanos a lo largo del paralelo 18 utilizando un medio de transporte muy eficaz, los cayucos diseñados para la pesca y procedentes de Senegal y Mauritania.

Una ruta marítima que hace que se recorran más de 1.500 km por un mar peligroso para llegar a la isla de El Hierro de solo 268 km cuadrados y 11.000 habitantes y que funciona desde hace meses como una gran terminal para entrar de manera irregular -mediante los cayucos- al espacio europeo. El viaje que no es turístico tiene una duración media de 6 días, a velocidad constante con motores intraborda y en cada cayuco de hasta 25 metros de eslora embarcan entre 150 y 300 personas que abonan a las mafias entre 4.000 y 6.000 euros en países con unas rentas anuales per cápita de 1.700 euros en Senegal y de 2.095 euros en el caso de Mauritania.

A partir del año 2015 se produjo un incremento relevante del movimiento de personas, en ese año procedentes de Siria y Libia, que hoy es masivo para varones adultos de clase media intencionadamente indocumentados desde Gambia, Senegal, Mali, Mauritania, Níger y Marruecos.  Y desde entonces, los señores de la guerra identificaron como un gran negocio dedicar sus crecientes recursos al tráfico de personas. 

Nos encontramos ante un gran desafío que debiera conseguir un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas de España si queremos solucionarlo de verdad y no dar argumentos a los populistas convirtiendo este reto en un arma arrojadiza más.  Y es un desafío no solo de naturaleza humanitaria, que claramente lo es porque hablamos de personas como nosotros, sino también de índole presupuestario y de seguridad principalmente antiterrorista. 

El objetivo final sería conseguir, como organizaciones gubernamentales y como sociedad dejar de colaborar de forma directa o indirecta con las oscuras redes criminales que usan a los seres humanos en estado de necesidad. Estas mafias los usan para lucrarse y financiar otras actividades como el terrorismo yihadista o para infiltrar personas de estas mismas organizaciones como una posible quinta columna en nuestra sociedad como así lo afirman fuentes de Frontex poniendo ejemplos del llamativo volumen procedente de Mali de más de 10.000 personas, que es ya una relevante cuna del yihadismo. 

En este sentido, delegar el control policial de los antecedentes de las personas que han llegado de forma irregular a vuestro país, sin documentar, en organizaciones humanitarias que no detectan los perfiles complicados es muy peligroso. Dado que los datos del control de pasaportes de los aeropuertos de Madrid y Barcelona nos dicen que estos aeropuertos están a la cabeza de Europa en la detección de visados y documentación falsa, imaginemos que ocurrirá con el resto de las personas que llegan por vía marítima sin ese control. No confirmar y verificar la identidad de las personas es encontrarnos en la antesala de futuros problemas relacionados con nuestra seguridad. 

Si bien es cierto que el creciente negocio de la inmigración irregular incrementa los recursos económicos y las redes clientelares no solo de quienes actúan como patrones de embarcaciones, venden cayucos o lanchas y potentes motores sino también a todos aquellos, empresas y organizaciones, que participan en la acogida, atención, manutención, hospedaje y traslado de los inmigrantes por vía marítima o aérea a la península, los responsables y desencadenantes del proceso son únicamente las mafias. Son los cabecillas de las mafias, los que les exigen esas importantes cantidades a los inmigrantes o a sus familias, manteniéndolos en muchos casos además como rehenes de esas mismas mafias que les obligan a aceptar determinados trabajos como la prostitución, el tráfico de drogas o vender mercancía falsificada hasta varios años después de su llegada al territorio europeo, dado que jurídicamente dejamos en un limbo laboral de tres años a quienes acaban de llegar de esta forma.

En cuanto al efecto llamada, son las propias redes sociales dirigidas por esas mafias traficantes las que publicitan los casos de éxito seduciendo a nuevos futuros clientes creando un caldo de cultivo idóneo, filmando incluso las estancias en hoteles o los traslados a la península como si se tratase de un paquete turístico, dejado de lado las pérdidas de vida o las repatriaciones por las órdenes de expulsión. En este sentido sería muy importante poder comunicar desde el Gobierno las alternativas a la inmigración ilegal mediante el anuncio público de cupos para acoger en buenas condiciones garantizando la integración social para determinados perfiles de trabajadores. Y en sentido contrario dejar claro que el futuro de quien entre de forma irregular y no tenga derecho a refugio y a protección será volver a su país de origen. 

Un reto importante que requiere la colaboración publico privada para poder afrontarlo antes de que sea tarde.

Veritas negotii turpis

José Luis Moreno, economista, ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.