Von der Leyen copia a Meloni y propone crear centros para inmigrantes ilegales fuera de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone crear centros de deportación de inmigrantes ilegales fuera de la UE, un modelo que está impulsando el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia con Albania. Von der Leyen propondrá esta medida en la cumbre de líderes de la UE este jueves en Bruselas con el fin de «explorar posibles vías» para solucionar la crisis migratoria que sufre el continente. La dirigente alemana ha propuesta esta medida en una carta enviada a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Además, defenderá acelerar las expulsiones, como impulsan ahora Francia, Italia y Alemania. Este modelo contrataría con el que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez en España.

En su escrito enviado a los jefes de Estado y de Gobierno europeos, Ursula von der Leyen insta a «seguir explorando posibles vías de avance» hacia la «idea de crear centros de retorno fuera de la Unión Europea». La jefa del Ejecutivo comunitario iniciará su segundo mandato en diciembre y recuerda que contará en su nuevo Colegio con una comisaria específica para el Mediterráneo a la que prevé encomendar una propuesta de reforma de la directiva de retorno, cuya revisión estaba ya prevista en esta legislatura pero cuya negociación no llegó a arrancar entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

La mandataria alemana defiende en esta misiva soluciones «innovadoras» como la creación de centros de deportación para trasladar fuera de la Unión Europea a los inmigrantes ilegales que ya han llegado a suelo europeo, mientras se tramitan sus expedientes; a pesar de que esta opción ya fue descartada en el pasado por Bruselas por colisionar con los derechos de los demandantes de asilo.

Sin embargo, Ursula Von der Leyen pone ahora como ejemplo en su carta al Gobierno de Italia liderado por Giorgioa Meloni, que está impulsando este tipo de prácticas acordadas con Albania con el fin de abrir centros a los que trasladar inmigrantes que ya han solicitado asilo en Italia mientras se tramitan sus peticiones. «Con el inicio de las operaciones del protocolo entre Italia y Albania podremos sacar lecciones de esta experiencia en práctica», esgrime la presidenta de la Comisión.

La mandataria alemana señala también que para solucionar la crisis migratoria su Ejecutivo abordará a lo largo del «próximo año» la revisión de la definición de «país tercero seguro», un asunto que también es controvertido por las divisiones que genera en el seno de los 27 pero que Ursula von der Leyen ve necesario para «ayudar a quienes buscan asilo sin tener que embarcarse en viajes peligrosos a través del Mediterráneo».

Esta posición, sostiene, se realizará de la mano con organismos internaciones como Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el objetivo de lograr un «enfoque integral» del concepto.

Sanciones a los que no colaboren

En esta carta, Ursula von der Leyen destaca otras medidas que deberían marcar la agenda migratoria de la UE en los próximos años, como acelerar la aplicación de partes del Pacto de Migración y Asilo, es decir, las deportaciones, que fue una reforma cerrada in extremis al final de esta legislatura y cuya entrada en vigor está prevista para 2026.

La dirigente comunitaria defiende cerrar acuerdos con «socios clave» como Egipto, Marruecos y Argelia y los pactos con países como Túnez y Libia, con los que Bruselas ha cerrado planes de ayuda a cambio de contener los flujos migratorios.

Además, sostiene que, de intensificar la cooperación con terceros, los Estados miembros de la UE deben avanzar en el uso de otras medidas para castigar a aquellos países terceros de origen o tránsito que dificulten los retornos, por ejemplo restringiendo la política de visados como ya se ha hecho o recurriendo a sanciones comerciales.

«La UE debería estar dispuesta a utilizar como palanca no sólo la política de visados sino también otras áreas como la comercial», pide Ursula Von der Leyen en la misiva, en la que señala específicamente el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que ofrece un acceso no recíproco libre de aranceles a productos originarios de países en desarrollo.

Estos asuntos ya llegaron la pasada semana a una reunión de ministros de Interior de la UE celebrada en Luxemburgo, en donde en un almuerzo a puerta cerrada abordaron la posibilidad de centros de deportación en terceros países como opción para agilizar las expulsiones.

Otra de las ideas que pone es la de una mayor firmeza y celeridad en las expulsiones de personas que hayan sido condenados por algún delito o sean consideradas «amenaza para la seguridad». En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea pide mejorar la aplicación de instrumentos «válidos» con que ya cuenta la Unión Europea, como es la posibilidad de castigar a los países de origen o tránsito que no cooperen adecuadamente en los programas de retorno, por ejemplo endureciendo la política de visados como ya hace con Gambia y Etiopía.