Después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de aplicar un mínimo de un 25% de clases en castellano en todos los centros escolares de la comunidad, la pregunta es ¿y ahora qué? Y la respuesta en sencilla y dolorosa: pues nada, porque esta gente lleva 11 años pasándose por el arco del triunfo las decisiones de los tribunales de justicia. Así se entiende que el Gobierno catalán haya anunciado que incumplirá el fallo y que Pedro Sánchez, ante el anuncio de que volverán a desobedecer al Supremo, guarde un silencio cómplice.

No sólo han hecho oídos sordos a las resoluciones del TSJC y del Supremo, sino que también le han hecho un corte de mangas al Tribunal Constitucional, que declaró «inconstitucional y nulo» el artículo del Estatuto de Cataluña por su «pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano». Les dio igual. En diciembre de 2010, el Tribunal Supremo instó a la Generalitat a adoptar «cuantas medidas sean necesarias» para que el castellano fuese también lengua vehicular en el sistema educativo de la comunidad, junto al catalán, para así adaptarse a la «nueva situación» creada por el Constitucional.

No lo dijo una vez, sino tres, pero al Gobierno de Cataluña la triple advertencia del alto tribunal le dio igual, como le dio igual que en febrero de 2013 reconociese de nuevo el derecho de los alumnos que lo pidan a recibir sus clases en español y en catalán como lenguas vehiculares. En abril de ese mismo año, el TSJC instó a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat a introducir el castellano en las aulas donde estuviese escolarizado el alumno cuyos padres hubiesen solicitado por vía judicial la atención en español. Unos años después, en enero de 2014, este mismo tribunal fijó que se impartiese el 25% de las horas lectivas de los centros escolares en castellano en aquellas aulas en las que el alumno lo solicitase. Resultado: la Generalitat no hizo nada. En mayo de 2015, el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia del TSJC y estableció que, para llegar al 25% de castellano, debía darse en este idioma no sólo la asignatura de lengua castellana, sino también en alguna del resto de materias troncales. ¿Qué ocurrió?: pues que el Gobierno catalán se pasó la sentencia por salva sea la parte.

Conclusión: que el Gobierno de Cataluña -antes y después de subvertir el orden constitucional- vive instalado en la desobediencia. Pero como en este país los golpistas tienen manga ancha para seguir delinquiendo -más ahora que tienen cogido a Pedro Sánchez por la entrepierna-, seguirán desafiando a la Constitución, los tribunales y las leyes.