El objetivo de Sánchez es que no haya ni un solo preso de ETA en la cárcel

Si el Gobierno de Pedro Sánchez negó por activa y pasiva que fuera a enmendar la ley que impedía rebajar las condenas a los presos etarras y lo hizo, es razonable pensar que vaya también a rebajar el tiempo máximo de condena a los presos de ETA cifrado en la actualidad en los 40 años de cárcel. Más aún cuando su respuesta a esta cuestión es que lo hará sólo si existe consenso. El consenso, para el Gobierno, no tiene nada que ver con la práctica unanimidad, de modo que con el apoyo de las fuerzas parlamentarias que avalaron la investidura de Sánchez ya sería suficiente para reformar la ley y rebajar, también, el tiempo máximo de condena.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, que ya en su día advirtió de que el Gobierno pretendía enmendar la ley para que los presos terroristas salieran antes de prisión -algo que se ha cumplido al milímetro-, ha señalado que lo siguiente que vendrá es que «el Gobierno modificará pronto el Código Penal para quitar la pena de 40 años a los presos de la banda terrorista ETA -el límite máximo de cumplimiento que se introdujo en la legislación española en 2003-. Lo advertimos ya, lo van a hacer pronto, lo digo para que a nadie se le pase esta vez», ha dicho.

Efectivamente, las palabras de Araluce no deberían caer en saco roto porque  el objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es seguir haciendo concesiones a los proetarras de Bildu. Por cierto que en relación con la polémica ley para descontar las penas cumplidas por los terroristas en Francia y que en breve será publicada por el BOE, la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha cifrado en 52 los que podrán acogerse, «previsiblemente», a la modificación de la ley orgánica 7/2014. A estas alturas parece evidente que Sánchez ha decidido que ya no es momento de disimular, sino de reconocer que su alianza con los herederos políticos de ETA es firme y tiene vocación de futuro. O sea, una infamia sin fecha de caducidad.