Movilizar, movilizar, movilizar

Los partidos constitucionalistas tienen un objetivo por encima de cualquier otro de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Cataluña: movilizar, movilizar y volver a movilizar a su electorado. Es la única opción si quieren derrotar en las urnas a los independentistas, espoleados tras las últimas encarcelaciones. Y, lo que es más importante, arrebatarles cualquier posibilidad de intentar legitimar su locura secesionista con una hipotética victoria electoral en la mano. Decía el Premio Nobel francés Albert Camus que «la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas». Para todos aquellos ciudadanos que quieren una Cataluña libre, desprovista del yugo autoritario, censor y represivo del independentismo, debe ser una obligación acudir a los colegios electorales. Demostrar a los enemigos de los procesos legales y legítimos que ante cualquier remedo de totalitarismo está la voz y el voto de los demócratas para evitarlo. Una participación alta es clave para conseguir ese propósito. 

Tan alta que tendría que superar el 80% del censo para que el conjunto de formaciones que defiende la legalidad vigente pudiera tener alguna opción frente a los que quieren romper España en dos y hundir su economía. Un hecho complicado si tenemos en cuenta que las pasadas elecciones de 2015 —cuando irrumpió Inés Arrimadas— ya supusieron un récord histórico con el 77%, diez puntos más que en 2012, y aún así los constitucionalistas ganaron en votos a los sediciosos pero no en escaños. Por lo tanto, y atendiendo a esos antecedentes, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista tienen la perentoria necesidad de movilizar a sus votantes. Catalizar el ánimo de esa mayoría silenciosa que tomó las calles de Barcelona y convertirlo en los votos necesarios que aseguren el respeto a la legalidad vigente en Cataluña y el control del Parlament. Lo ideal sería una agrupación de siglas que aglutinara a todas las fuerzas leales al Estado de Derecho. De esa manera, las formaciones que respetan nuestra Constitución podrían hacer frente de un modo más efectivo a la más que probable lista unitaria de los independentistas. 

Algo clave si tenemos en cuenta los fundamentos de la ley electoral D’Hondt, sistema de reparto de votos que articula nuestras citas con las urnas y que favorece de manera muy clara a las siglas más votadas. De ahí la conveniencia de concurrir agrupados tal y como se plantea el Partido Popular, en compañía de Ciudadanos y PSOE. Si se han puesto de acuerdo para aplicar el artículo 155, deberían ponerse de acuerdo también para esta medida. Abandonar el mero interés partidista para subir un peldaño el nivel y abrazarse al tantas veces citado —pero siempre indispensable— sentido de Estado. La unión hace la fuerza y el próximo 21 de diciembre dilucidará si el control de las instituciones vuelve a caer sobre aquéllos que quieren hacerlas saltar por los aires o, por el contrario, si España seguirá llamándose España gracias a la responsabilidad y a la altura política. Está en manos de nuestros representantes y, obviamente, en las papeletas de nuestros conciudadanos. La conjunción de ambos factores desposeería de cualquier opción de poder a los que quieren secuestrar la libertad de los catalanes y llevar la región hasta la más absoluta ruina.