Milei pone fin a la impunidad de los terroristas argentinos de los años 70

La ‘memoria histórica’ es una de las desgracias que une a España y a Argentina. Los cabecillas de ese movimiento subversivo y sectario montado por las izquierdas viajan entre ambos países y son aliados en sus acciones judiciales, en la elaboración de campañas y en el apoyo mutuo. Por ejemplo, la supuesta la trama de los niños robados por el franquismo.

Los activistas españoles, entre los cuales había nada menos que un juez, con su mentalidad de una lucha eterna entre el fascismo y el antifascismo, dedujeron que los actos cometidos por la Junta argentina (1976-1983) en la represión de los grupos terroristas de izquierdas (a la vez que de docenas de inocentes) tenían que haber sido precedidos por otros idénticos en España.

Así, sostuvieron, con la colaboración de sus juristas, medios de comunicación y asociaciones, que una red de médicos, monjas, curas, funcionarios y militares llegó a secuestrar hasta a 300.000 hijos de pobres y rojos. Las investigaciones serias han demostrado que ese horror no existió, pero algunos ya han ganado dinero con él.

Otro punto de unión entre ambos países, vinculado con la memoria histórica, es la exaltación pública, mediante leyes, monumentos, libros de texto y películas, de los asesinos de izquierdas y el ocultamiento de sus víctimas… que, según el discurso izquierdista, a fin de cuentas, se lo merecían por formar parte de la burguesía o de los cuerpos represivos.

En España lo estamos sufriendo a cuenta de la violencia de los años 30 y 40 del siglo XX. Los contadores de muertos y los buscadores de fosas ignoran y hasta desprecian a los inocentes asesinados por sus héroes. Y respecto a éstos, niegan sus delitos, aunque haya pruebas irrefutables, y los consideran víctimas del franquismo y, por tanto, merecedoras de ser ensalzadas, porque “murieron por la democracia” y no por la sangre que derramaron.

En Argentina esta conducta es más repugnante porque el terrorismo de los Montoneros (peronistas de extrema izquierda) y del ERP (comunistas admiradores del Che Guevara) se extendió durante los años 70 y, aparte del reguero de sangre, provocó el golpe militar de 1976 y una dictadura que asesinó a miles de personas. Es decir, quedan vivos muchos asesinos y muchas víctimas.

Los Kirchner, que durante el régimen militar se volcaron en su enriquecimiento personal en la Patagonia, apadrinaron a las asociaciones que reivindicaban a estos grupos terroristas y a los desaparecidos, como medio de legitimación. Les financiaron, les honraron, les introdujeron en su Gobierno y convirtieron en oficial su versión de la historia reciente del país. A la vez, derogaron los indultos y las amnistías que habían beneficiado a los militares y policías, muchos de los cuales han vuelto a ser juzgados por crímenes contra la humanidad y enviados a prisión.

Las víctimas del ‘terrorismo negado’ han tratado de reclamar reparación y justicia al Estado, a la vez que plantean el concepto de ‘Memoria Completa’. Tanto los Gobiernos de los Kirchner y del liberal Mauricio Macri, como los tribunales, han rechazado estas peticiones, incluso LA DE considerar las bombas y los secuestros como crímenes contra la humanidad y de inscribir los nombres de estos asesinados en la lista oficial.

En el Parque de la Memoria de Buenos Aires no aparece ninguna de las miles de víctimas, fuesen militares, paisanos o niños, de los terroristas de los años 70, porque «mancharían el relato creado», en palabras de Abel Posse, de «una secta sangrienta de militares de las tres armas, tal vez ebrios o drogados, que hubiera salido a matar jóvenes muy de su casa y de sus estudios».

Parecía un asunto cerrado (como el del aborto en Estados Unidos), pero la ‘guerra cultural’ del Gobierno de Javier Milei también ha llegado a este asunto. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, fundó en 2003 del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas y como abogada ha pleiteado por el reconocimiento de las víctimas de este ‘terrorismo bueno’.

Los cambios que se están produciendo en Argentina no se limitan al cambio de mentalidad popular sobre el Estado y los subsidios, la condena por corrupción de la ex presidenta Cristina Kirchner o (lo menos trascendente) la bajada de impuestos. El jueves 19 de diciembre, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones decidió reabrir la causa que investiga la voladura del comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal en julio de 1976. Un montonero infiltrado dejó una bomba que mató a veinticuatro personas.

Los tres jueces, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, aceptaron la apelación presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, entre otros actuantes, y declararon que el atentado constituyó una grave violación a los derechos humanos, por lo que revocaron la prescripción dictada por la jueza federal María Servini y los sobreseimientos sobre los dirigentes de montoneros investigados.

El magistrado Llorens añadió en su voto que “los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”. Este tribunal devuelve la causa al juzgado que ¡todavía! desempeña, con 88 años de edad, María Romilda Servini, amiga del ex juez español Baltasar Garzón. Servini, que ha aparecido en infinidad de casos políticos, desde los años 90, estuvo casada con un general de la Fuerza Área, Juan Tomás Cubría, implicado en causas de ‘desaparecidos’, pero al que ella no investigó.

Y también se le ordena que cite a declarar a Mario Firmenich (Comandante Pepe) por su condición de jefe de Montoneros. Este terrorista, nacido en una familia de clase media y que nunca se ha arrepentido de sus delitos, recibió una amnistía en 1973 y luego un indulto en 1990, dados por dos presidentes peronistas.

La izquierda occidental, aunque se las dé de pacífica y de demócrata, venera a sus terroristas. El italiano Cesare Battisti asesinó a cuatro personas en su país. Huyó al extranjero y los gobiernos ‘progresistas’ de Francia, México y Brasil le concedieron asilo político, hasta que Jair Bolsonaro lo extraditó en 2019. Firmenich también goza de protectores similares. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, le contrató en 2023 como asesor, tarea por la que recibe un sueldo. Su esposa, según ha publicado la prensa argentina, recibió 128.000 dólares del Estado como indemnización por sus sufrimientos bajo la dictadura militar.

Si la justicia argentina reclamase a Firmenich, ¿le concedería su patrón un pasaporte nicaragüense para moverse por el mundo?, ¿se refugiaría en España, donde se doctoró en Economía debido al rechazo que su presencia provocaba en Argentina, ya que aquí cuenta con domicilio en Barcelona y con varios admiradores incrustados en el Gobierno de Sánchez?

Si los terroristas argentinos empiezan a perder la impunidad de la que han gozado durante décadas, quizás la justicia alcance a España dentro de poco.