Más de 300

Existen discrepancias en el número de crímenes de ETA que aún no han sido juzgados. Dignidad y Justicia  eleva la cifra a 379  mientras que la AVT la sitúa la en 315, pues excluye del monto total a los más de sesenta asesinatos que se beneficiaron en su día de la amnistía.  Sea cual sea la metodología utilizada la conclusión final es realmente escandalosa: casi la mitad de los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA han resultado impunes a día de hoy.

Un país que se respete a sí mismo no podría descansar tranquilo mientras se mantuviera esa bochornosa e inhumana circunstancia. Un país que se respete a sí mismo estaría destinando todos los recursos humanos disponibles a esclarecer la autoría de esos crímenes. Un país que se respete a sí mismo, dado el caso, pediría ayuda internacional para poner a disposición de la justicia a los criminales que asesinaron a centenares de inocentes, que hirieron a miles de ciudadanos y que arruinaron la vida a varias generaciones de españoles. Pero en la España de la coalición entre socialistas que han renegado de los principios democráticos más básicos –justicia e igualdad-, con bolivarianos y comunistas, ni se respeta al país ni se respeta a las víctimas.

En la España de hoy –la de la complicidad entre los socialistas y los enemigos jurados y mortales de la democracia-,  los gobernantes consideran “hombres de estado” a los defensores de la historia de terror de ETA. Por eso  el presidente del Gobierno y propietario del PSOE da instrucciones a su grupo parlamentario en Madrid para que vote en contra de que se prohíban los homenajes a terroristas y  los diputados socialistas consideran que los homenajes a criminales de ETA están amparados por el derecho a la “libertad de expresión”.

Vivimos en un país en el que el propietario del PSOE y presidente del Gobierno le da instrucciones a su grupo parlamentario en Bruselas para que se oponga a que una delegación del Parlamento Europeo investigue la anomalía democrática que representa que haya centenares de crímenes de ETA sin juzgar.

Vivimos en un país de la UE  en la que el propietario del PSOE y presidente del Gobierno da instrucciones a sus parlamentarios en Europa para que voten a favor de investigar las causas que han provocado que mueran peces en la Manga del Mar Menor y que voten en contra de que se investiguen los motivos por los que existen más de 300 crímenes de ETA sin juzgar. Entre hombres  y peces, los socialistas españoles eligen peces.

Vivimos en la España en la que el presidente del Gobierno y propietario del PSOE ha dado instrucciones a su ministro sicario de Interior para que acerque a las cárceles del País Vasco a 203 presos condenados por delitos de sangre  sin que ninguno de ellos haya prestado la más mínima colaboración con la Justicia para esclarecer los crímenes pendientes de ser juzgados.

Vivimos en un país miembro de la UE, un club de países democráticos  que proclama que “Europa es un espacio especialmente proclive para la esperanza humana”, en el que el propietario del PSOE y presidente del Gobierno ha acercado a cárceles vascas a 73 asesinos terroristas que nunca se arrepintieron de sus crímenes. Todo ello mientras transfería Prisiones al País Vasco para que sea el Gobierno vasco quien los ponga en la calle y puedan recibir los consiguientes homenajes que su grupo parlamentario se negó a proscribir.

Vivimos en la España en la que el propietario del PSOE y presidente del Gobierno ha ordenado acercar a cárceles del País Vasco a todos los terroristas, incluso a aquellos (36 hasta el momento presente) que tenían informe negativo de las Juntas de Tratamiento de las prisiones en las que estaban cumpliendo la condena.

Es todo tan obsceno que cuesta comprender cómo es posible que esta gentuza que dirige los destinos del país pueda, aparentemente, salirse con la suya. Debemos alzar la voz quienes no estamos de acuerdo con la actitud de unos gobernantes que han perdido el respeto a la verdad, a la dignidad y a la justicia hasta el extremo de que en la que la línea entre víctimas y verdugos siempre se salda a favor de los verdugos; porque si callamos o nos limitamos a lamentarnos en privado estaremos siendo cómplices de la indignidad.

Todas las víctimas de ETA, todas, son inocentes; todos sus verdugos, todos,  son culpables. Las víctimas de ETA, todas, son nuestras víctimas; todas ellas  fueron asesinadas cuando sus cuerpos se interpusieron entre el nuestro y las balas o el coche bomba; todas ellas, todas, fueron asesinadas porque eran un estorbo para que pudiera triunfar el modelo totalitario que ETA pretendía imponer a la sociedad vasca y, a partir de ahí, a España entera. Todas las víctimas fueron asesinadas por ETA porque defendían la democracia.

Las víctimas, todas, tienen derecho a saber la verdad de los crímenes sin esclarecer, tienen derecho a saber quién asesinó a sus seres queridos, a su hijo, a su padre, a su madre, a su hermano… Las víctimas, todas, tienen derecho a una investigación exhaustiva, tienen derecho a conocer la verdad. Todas ellas tienen derecho a hacer el duelo, todas ellas tienen derecho a que se imparta justicia

Resulta una infamia “justificar” la negativa a investigar los crímenes de ETA con la disculpa del “perdón”, del “derecho de la sociedad vasca a decidir qué recuerda y qué olvida”, que dicen los socialistas, entre otros y recientemente Zapatero. El perdón es una decisión privada, personal; hacer justicia es una obligación pública y democrática. La justicia nunca está en tregua, nunca es delegable, nunca se puede renunciar a ella.

Ni un solo preso de ETA ha colaborado con la justicia  ni durante el juicio en el que se les juzgó, ni posteriormente cuando han sido llamados como testigos, ni en sus expedientes de vigilancia penitenciaria. Pero eso no ha supuesto ningún problema para que el presidente del Gobierno y el dueño del PSOE mantenga sus instrucciones de aplicar a los terroristas todos los beneficios penitenciarios, incluso a pesar de los informes negativos de sus juntas carcelarias.

Es fácil comprender que los jefes de ETA y los presos de la banda  terrorista no colaboran con la Justicia porque ese hecho supondría reconocer que cometieron asesinatos, que los crímenes no fueron “ejecuciones”, como les gusta denominarlos en su argot. La oposición de Sánchez a que se investigue la autoría de los crímenes de ETA y a que sus responsables sean llevados ante la justicia obedece a la misma lógica perversa: blanquear a sus socios/cómplices es imprescindible para blanquear su traición a la democracia. Por eso su sicario ministro no exige colaboración a los presos antes de ser acercados al País Vasco: porque el PSOE realmente existente, el que es propiedad de la familia Sánchez/Gómez, ha elegido como socios-cómplices a quienes ostentan la titularidad en la herencia y  mantienen vivo y con orgullo el legado de ETA.

Por respeto a las víctimas cualquier sociedad decente está obligada a juzgar no sólo a los responsables de los crímenes sino también a quienes quieren ocultarlos protegiendo la impunidad de los criminales y lavando la ideología en cuyo nombre los perpetraron. Los españoles tenemos el deber de recordar, el deber de inquirir, el deber de exigir justicia, el deber de señalar a los políticos que utilizan su poder  para echar toneladas de silencio sobre las fosas de las víctimas de ETA. Los españoles tenemos el deber de abrir esas fosas, de investigar y de juzgar a los asesinos antes de que prescriban los crímenes; y también tenemos la obligación de tratar de averiguar quien atentó y quien dio la orden… aunque el crimen haya prescrito.

No debemos olvidar que en esas fosas están enterrados nuestros escudos, centenares de españoles a quienes ETA arrebató la vida porque no renunciaron a llevar un uniforme o a realizar su trabajo profesional con honestidad e independencia. Este artículo pretende ser un humilde alegato contra el olvido, una exigencia de justicia para las más de 300 víctimas de ETA cuyos crímenes aún no han sido juzgados. Ni más, ni menos.