Mal pagados, maltratados y, encima, sin seguro

Los guardias civiles siguen sin tener un seguro de responsabilidad civil para cubrir las consecuencias de sus errores  en acto de servicio, póliza que sí que tiene el Cuerpo Nacional de Policía. Esto se traduce en que son ellos y sus familias quienes tienen que responder de manera personal y con sus bienes de cuantas indemnizaciones se deriven de alguno de esos errores. Hace años que les prometieron acabar con este agravio comparativo, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha hecho nada por reparar una situación que se produce con relativa frecuencia. Un ejemplo: el pasado febrero, un ciudadano tuvo que ser reducido por agentes de la Guardia Civil. El hombre acabó condenado por delitos de atentado y lesiones, con el atenuante de embriaguez, pero uno de los agentes también resultó condenado a pagar una multa de 450 euros y a indemnizar al detenido con 8.000 euros, pese a que la sentencia deja claro que actuó «en cumplimiento del deber». Su ‘delito’ fue que usó la porra después de que el detenido golpeara a su compañero con un puñetazo.

Con el seguro de responsabilidad civil no se pretende que los guardias civiles tengan inmunidad, sino dotarles de una lógica cobertura que evite que, en situaciones como esta, queden en la ruina, al responder con su propio dinero, con su patrimonio, sus bienes y el de sus familias. La situación ha llegado a un punto en que la Unión de Oficiales, asociación profesional de la Guardia Civil, ha decidido recurrir al Tribunal Supremo para que los jueces intervengan de una vez y resuelvan este asunto. No parece que el coste económico sea el motivo por el que el Gobierno socialcomunista haya decidido ignorar la petición de los guardias civiles. Más bien parece que obedece a razones ideológicas. Para la izquierda, apoyar las justas reivindicaciones de la Benemérita está mal visto. Se conoce que no es suficientemente progresista.