Y el lunes les arregló lo de las plusvalías

El sábado, durante su intervención en el congreso del PSOE de Andalucía celebrado en Torremolinos (Málaga), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a sus compañeros de partido “alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que, por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombreee! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. ¡Dicho y hecho!”. Y los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas socialistas allí presentes estallaron mostrando su júbilo con gritos y palmas, puestos todos en pie. Porque el “arreglo” de la ministra Montero son 2.500 millones de euros que van directos a sus arcas municipales para repartírselos entre ellos, sus familiares y amigos contratados de asesores, sus chiringuitos y sus mamandurrias.

Y es que, aunque la misma ministra andaluza cuando la Unión Europea le hizo ajustar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, chuleó delante de los periodistas diciendo aquéllo de que “pasarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problemas. Lo he dicho siempre, Chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quitas o pones una parte del presupuesto”; la verdad es que 2.500 millones parece que no son tan fáciles de quitar o poner como ella decía. Y a toda velocidad ha tenido que salir a arreglar el descosido que había hecho la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado ilegal el impuesto con el que se financian tantos ayuntamientos socialistas de todos los partidos. Porque esto no es sólo cosa del PSOE. De hecho, el ayuntamiento que más recauda por este impuesto confiscatorio es el de Madrid, para el que las mal llamadas plusvalías suponen más del 27% de sus ingresos, seguidos de los de Barcelona (21%), Málaga (20%), Zaragoza (19%), Burgos (17%) y San Sebastián (15%), gobernados por diferentes partidos.

Es la tercera vez que este impuesto implantado por Aznar en 2004 ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. En 2017 ya dijo que no se podía exigir este impuesto cuando se vendía con pérdidas. En 2019 lo anuló en los casos en los que la cuota a pagar salía superior al propio incremento de valor de los terrenos vendidos. Y esta vez se dice que «aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad». Y es que esta plusvalía municipal es una auténtica barbaridad, en primer lugar, porque el impuesto aplica extraños e irreales procedimientos de valoración según los cuales la administración siempre impone que ha existido una revalorización de cualquier terreno urbano, sea cierta o no. Pero fundamentalmente, porque cuando hacemos nuestra declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto sobre Sociedades, según seamos una persona física o una empresa, ya tenemos que pagar por la ganancia que hayamos obtenido por la venta de esa finca, o sea, que es una clarísima doble imposición.

Pero nuestros políticos no tienen ningún problema en cargarnos impuestos sobre impuestos, como tan descaradamente hacen con el IVA de la luz, del gas, de los combustibles, etc. Para ellos lo único importante es que no les falte presupuesto para gastar. Así, los presupuestos de cualquier administración pública se hacen al contrario de como lo hacemos las familias y empresas. Nosotros, para ver lo que podemos gastar, primero hacemos un cálculo sobre cuánto vamos a ingresar, de esa cantidad apartamos la parte que necesitemos para pagar nuestras deudas, para ahorrar o para las inversiones que necesitemos y lo que queda, decidimos como lo gastamos. Es lo que el Código Civil define como la diligencia que corresponde a “un buen padre de familia”.

Pero ellos no son buenos padres, ellos lo hacen al revés, primero calculan cuánto se quieren gastar y según lo que les salga, teniendo en cuenta su interés principal de presentarse a la reelección y volver a ser votados, deciden cuántos impuestos nos van a hacer pagar, sin importarles en absoluto que esa imposición se ajuste a la lógica ni a la Constitución. Que los expertos hayan advertido de que aprobar la plusvalía por decreto-ley «es de dudosa constitucionalidad» no les preocupa ni lo más mínimo. Lo único que le importa a la Chiqui es que sus alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, socialistas de todos los partidos, se pongan de pie y la aplaudan a rabiar, porque ir contra la ley les sale gratis en España.