De la «ley mordaza» a la «ley verdugo»

El ciclo agónico de Pedro Sánchez tiene diferentes protagonistas cada semana en la barra libre de la Moncloa. En estos últimos días ha sido la coalición proetarra Bildu la que se ha acodado chulescamente frente al barman para reclamar su ronda de entreguismo. La bodega de nuestro Estado de derecho está ya en las últimas. Si Sánchez prosigue su subasta de la democracia al peor postor, no habrá más remedio que apurar las heces del último barril de amontillado, rodeados de los restos de lo que fue la España constitucional.

Bildu se reclama sin tapujos como conductor en la dirección del Estado fallido, y Sánchez es el revisor que pica los billetes de sus compañeros de viaje hacia el abismo, para que ninguno se baje sin previo aviso. Pero, como en la escena hollywoodense de todos conocida, cuando el autobús de España se dirija raudo hacia el vacío, los socios neocomunistas y separatistas del PSOE saltarán en el último instante. Completarán así su obra contra la democracia española: al fondo del precipicio, descoyuntado, yacerá un partido que pudo gobernar, pero que eligió en cambio ser el atolondrado en el timo de la estampita que le dieron todos.

En la mesa de Sánchez no hay hoja de ruta, pero no hay ruta que escoja en la que no estén fijos los herederos políticos de la banda terrorista reivindicando su victoria sobre la democracia, del modo más humillante. Hace unos días tuvimos la revelación de que ETA asesinaba a sus víctimas porque bailaban agarrados. Ya se sabe que Sabino Arana, el padre putativo de estos amigos de cobrarse vidas ajenas para ser más vascos que nadie, consideraba lo de bailar agarrados una cosa repugnante propia de españoles, no de buenos vascos.

Por eso los matarifes del hacha y la serpiente mataban, herían, secuestraban y robaban a los «enemigos del pueblo vasco». Porque bailaban agarrados, sí… agarrados a la vida, a sus principios, a su deber, a sus familias, a su amor a la tierra de sus padres y a la de sus hijos, a su compromiso con España y con los españoles, incluidos los vascos.

La pasada semana escribía agradecido el filósofo Fernando Savater sobre su experiencia con sus ángeles de la guarda, los escoltas que velaron por su vida y la de los suyos durante más de diez años en el País Vasco. Con toda la razón, desarticulaba la puritana soflama difundida para blanquear a los asesinos criticando que algún amenazado de muerte por ETA se fuera a un puticlub.

Con la mordacidad que le caracteriza, Savater afirmaba que los escoltas protegían a los amenazados por ETA para que pudieran hacer su vida normal, no para que les regeneraran de sus vicios, como si la actitud virtuosa fuera la de quien, por la espalda y sin mediar palabra, buscaba atravesarle la nuca a su víctima de un pistoletazo de fuego y plomo.

Después hemos asistido a una nueva cesión a la coalición que presenta a asesinos convictos de ETA en sus listas electorales y los homenajea públicamente en las calles. Bildu se ha convertido en interlocutor principal de Sánchez en la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, para garantizar la desprotección de los agentes en el cumplimiento de su labor y, en consecuencia, asegurar la desprotección de todos los ciudadanos. Vamos a pasar de la «ley mordaza» a la «ley verdugo», impulsada por los amigos y compadres de los terroristas.

El bocinazo de alcance mundial de The Economist, asegurando que la obsesión de Sánchez por mantenerse en el poder está deteriorando la democracia en España, no ha podido ser más oportuno. No sé qué escribirá la influyente revista británica ahora que el jefe de Gobierno negocia con los testaferros de la banda terrorista que asesinó a 209 guardias civiles, 149 policías nacionales, 25 policías municipales y 16 policías autonómicos, los parámetros legales de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un país que sigue arrastrando la terrible cifra de cerca de cuatrocientos asesinatos de ETA sin resolver, el Gobierno está volcado en blanquear a la banda. Pero además maniobra para lograr la excarcelación de sus criminales más sanguinarios como parte de su pago a cambio de los votos de Otegi y los suyos.

Tengo la inmensa suerte de compartir labor en la Asamblea de Madrid con Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, concejal del PP en Ermua, y Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero. Ambos mantienen muy altas la cabeza y la dignidad ante la actitud del Gobierno de Sánchez con los asesinos de su hermano y de su padre, respectivamente: el primero, Txapote, acercado a una cárcel del País Vasco, y el segundo, Harriet Iragi, beneficiado con el tercer grado.

Entre ambos terroristas suman por sus crímenes una cantidad de años tal que si la restáramos del 2024 en curso retrocederíamos al año 1293, mucho antes de la llegada de la peste negra a Europa. El trato hacia ellos forma parte del pago en B, de bellaquería, acordado con Bildu para que Sánchez pueda prolongar su estancia en la Moncloa.

Marimar y Daniel, como todas las víctimas del terrorismo, solamente piden justicia y el cumplimiento de la ley: Txapote e Iragi no han mostrado arrepentimiento ni han pedido perdón por sus crímenes, como tampoco han colaborado con la Justicia para obtener este trato de favor por parte del PSOE.

A nadie como a Marimar y Daniel ha podido doler tanto el injustificable tropiezo del PP y Vox al votar a favor de una reforma legal que posibilitaría la reducción de la condena a cuarenta y cuatro etarras, entre ellos lo más sanguinarios, incluido Txapote, al computársele el tiempo de su estancia en prisión en Francia.

Ambas formaciones hemos pedido disculpas con el compromiso de deshacer por todas las vías posibles esta reforma parlamentaria contra una disposición de la ley vigente que estaba avalada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, así como por el Tribunal Supremo.

Así, el PP ha paralizado inmediatamente la tramitación de la iniciativa legal en el Senado con la intención de neutralizarla, forzando al PSOE a que se retrate, reconociendo sin tapujos que mantiene la reforma para seguir vendiendo nuestro Estado de derecho a quienes quieren destruirlo, a cambio de un puñado de votos.

Los efectos de este error parlamentario son tan escalofriantes que la gente de bien reclama ir más allá de las disculpas y exigir responsabilidades. Espero que lo sucedido nos sirva de lección de una vez por todas. Mientras Sánchez sea el que aglutina a todos los que quieren destruir la España constitucional que garantiza la libertad e igualdad de todos los españoles, no puede votarse ninguna de sus iniciativas si no ha pasado antes todos los exámenes y filtros jurídicos necesarios, pero sobre todo los de la verdad y la ética. En estos dos últimos casos, el listón de Sánchez está por los suelos, pero incluso así debemos cuidarnos para no volver a tropezar con él.