«Ley Mordaza»: de ciudadanos a vasallos (I)

Dijo el conde de Romanones «hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos». Interior, comunidades autónomas, ayuntamientos y mandos policiales han emulado fielmente a Romanones desde hace 30 años. La sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley Corcuera de 1992 y su  patada en la puerta, coincidió con el Tribunal Supremo en las condiciones necesarias para identificar a ciudadanos en la vía pública, pero ni una ni otra se han cumplido nunca porque los mandos interpretan el principio de autoridad expansivamente, sin respetar los derechos civiles de la ciudadanía. Esa deriva llevó a varias entradas sin mandamiento judicial en domicilios de Madrid el último año, tres de ellas en investigación judicial.

La ley Corcuera dispuso un libro-registro en comisarías para quienes fueran presentados ante indicios o sospechas y no portaran documentación, que cada dos meses serían revisados por fiscalía. Se cambió la ley 23 años después y ni una sola vez se revisó un libro de ninguna comisaría de España. La misma carencia de control existe hoy sobre la práctica policial de identificaciones en la vía pública porque quienes deben ejercerla, los mandos, imponen la obligación de realizarlas masivamente para rellenar sus estadísticas de (falsa) eficacia. Son millones las personas identificadas a capricho, por orden del mando, despreciando sus derechos civiles, “retenidos” para someterlos a cacheos y preguntas como si fuera un derecho de los policías hacerlo y un deber ciudadano aceptarlo. Así se lleva formando a profesionales de todas las policías españolas desde hace décadas y se ha interiorizado ese principio de autoridad como un derecho sobre cualquier ciudadano.

La Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa, aconsejó en marzo a las autoridades españolas entregar a los policías para su formación sentencias del Tribunal Constitucional, impedir las identificaciones rutinarias en la vía pública y revisar las sanciones administrativas sin control judicial, algunas por su cuantía más dañinas que una pena de privación de libertad. Identificaciones ilegales por no existir razón, indicio o sospecha sobre que el identificado “haya cometido un delito o pueda cometerlo”. La acción policial debe partir, como en toda sociedad democrática, del principio de mínima intervención, a requerimiento de alguien o ante indicios evidentes de la comisión de un delito. Los mandos ordenan máxima intervención exigiendo un elevado número de identificados al azar en cada turno de servicio. Millones de identificaciones y cacheos cada año, intervención de droga para consumo propio con un 40% de jóvenes en paro y sanción equivalente a un mes de salario.

Entre 1981 y 1985 trabajé en la inspección de guardia de Chamartín, una de las 18 comisarías de distrito de Madrid, donde llegaban cada fin de semana unos 100 partes médicos de lesiones en riñas de concentraciones callejeras. Para maquillar los datos decidieron no enviarlas a las comisarías sino a los juzgados, desapareciendo de las estadísticas policiales. Siempre hubo concentraciones y violencia de noche en fines de semana. Dirigirla contra policías es consecuencia del odio alentado y consentido por políticos bolcheviques en España e independentistas en Cataluña y País Vasco. Influyen decenas de miles de personas identificadas varias veces, cacheadas, quitada la droga y sancionadas; delincuentes españoles, extranjeros y antisistema aprovechando los botellones para robar provocando algaradas; el confinamiento, las inmorales corruptelas y discursos políticos diarios, la falta de expectativas y desazón por su futuro y ya tienen un cóctel explosivo. No prohíban tanto. Muchos jóvenes no pueden pagar entradas a locales. Autoricen botellones en zonas alejadas de domicilios. No molesten con injerencias ilegales, no identifiquen sin razón, respeten sus derechos. Déjenlos vivir con libertad.