Levantamiento del velo de la impunidad

Recuerdo mis años dedicados al asesoramiento a directivos y empresarios en materia de riesgos en gobierno corporativo cuando explicábamos a nuestros clientes la Doctrina del Alter Ego. Una desestimación de la personalidad jurídica o levantamiento del velo que implicaba la denegación del estatus legal corporativo cuando este se utiliza para eludir la ley o dañar a terceros, por lo que dichos abusos deben ser vigilados por los tribunales. En las empresas con el actual marco jurídico están muy claras las responsabilidades, pero que pasa con las personas que se ocultan tras sus costumbres.

Acabo de regresar de un viaje de turismo a Londres tras casi una década de hacerlo periódicamente por motivos laborales. Me he vuelto a encontrar con la gran ciudad que tanto admiro desde la primera vez que la conocí gracias a una beca del gobierno británico en 1991.

La nueva arquitectura de los grandes rascacielos de cristal con grandes novedades constructivas como la impresionante Sky Pool en Embassy Gardens, una piscina de 25 metros de larga al aire libre a una altura de 10 pisos con un peso de 200 toneladas cuando está llena de agua. Los siempre actualizados museos con exposiciones multiculturales. La riqueza de las actividades gastronómicas de todo el mundo y con diferentes precios. Una cara red de transporte muy eficaz que te permite moverte por la ciudad a todas horas con diferentes alternativas.

Un exquisito respeto al visitante que se mezcla de forma natural y cómoda en un melting pot o crisol de razas que, pese al silencio tabú impuesto por los políticos y medios de comunicación tradicionales, amenaza con resquebrajarse por la impunidad de quienes no asumen que es un requisito fundamental para las democracias liberales hacer cumplir a todos por igual las leyes. La gestión exitosa de las políticas públicas de adopción de la positiva diversidad se basa en la integración, no en la impunidad e indulgencia hacia aquellas prácticas incompatibles con la legislación de protección de menores existente y ya arraigada desde hace siglos en nuestra cultura occidental basada en el respeto a la infancia. Ya en su día, en 1991, la escritora Oriana Fallaci advirtió que tratar este tipo de comportamientos con indulgencia o tolerancia o esperanza es un suicidio.

Estos días he podido conversar con mucha libertad con varias familias que conozco de mi época de vecino de Greenwich y Blackheath en el sur de Londres. Están horrorizados por la impunidad basada en el miedo de los políticos y policías a ser tildados de racistas en público. El debate sobre la necesaria inmigración, que es imprescindible para la atracción de talento y para el progreso de las sociedades abiertas y modernas como la británica, tiene muchas vertientes, entre ellas la de la seguridad. Conviene no generalizar para conservar cierto grado de independencia y objetividad en el análisis del impacto social y económico al que llevarán las futuras medidas adoptadas sobre la política migratoria actual.

En este contexto, actualmente el Reino Unido se enfrenta a una situación inédita en sus vertientes judicial, policial, política, económica y social. Una situación muy incómoda al conocer el contenido, hecho público recientemente, de las actas judiciales de lo ocurrido entre los años 1997 y 2013.

Un elevado número de víctimas menores británicas, entre 1.400 y 2.000 de edades de solo entre 5 y 14 años de edad, principalmente de etnia blanca y procedentes de familias vulnerables con escasos recursos económicos fueron abusadas de forma organizada y sistemática por una red pilotada por varios cientos de personas de origen paquistaní.

Los hechos ocurrieron principalmente en Rotherham, Halifax, Oxford, Bristol, Newcastle, Rochdale, Huddersfield, Telford y así hasta más de 20 ciudades por toda la geografía del Reino Unido. Las niñas fueron drogadas, alcoholizadas para su tráfico y abuso.

Lo sabían muchas personas y el escándalo se escondió para no remover la nave multicultural. Según los hechos, los delitos fueron silenciados en sus inicios por las autoridades locales y policiales para no ser acusados de racistas. Entonces, allá por el año 2014, la primera ministra conservadora, Theresa May, habló de una errónea «corrección política institucionalizada» que dejo sin protección a miles de menores y sus familias vulnerables.

Ahora al salir a la luz la transcripción de las actas del juicio celebrado contra las bandas de explotación sexual, el escándalo está servido. Una parte creciente de la población pide una investigación más completa. Algunos responsables del gobierno laborista los acusan como xenófobos y racistas, también algunos periodistas lo están haciendo, generando una creciente tensión social sobre la materia, avivando el debate sobre los peligros de una inmigración descontrolada tras el Brexit.

Para amplificar este debate y crear polémica, hace unos días, el futuro miembro de la administración de los EEUU Elon Musk publicó en la red social X un mensaje que hablaba del requisito legal existente en el Reino Unido de contar con la aprobación de la Fiscalía de la Corona, Crown Prosecution Service, para declarar por la policía a una persona como sospechoso de abusos.

En dicho tuit hacía constar el nombre del actual primer ministro, Keir Starmer, como uno de los máximos responsables de haber minimizado el impacto de este horror encubriendo los hechos. Recordemos que Starmer fue responsable de la Fiscalía desde el año 2008 hasta el 2013 bajo los primeros ministros laborista Gordon Brown y el conservador David Cameron a partir del año 2010.

Uno de los medios ingleses de mayor difusión, hablaba de los hechos ocultados todos esos años como la esencia misma de la más sucia hipocresía, señalando que Starmer tras asistir a 21 sesiones del Consejo de sentencias, decidió que no todos los responsables de los abusos fueran a prisión.

Pero este tipo de hechos, tapar lo ocurrido por corrección política, no solo ocurre en el Reino Unido. Recordemos las Navidades de 2015-2016 con la crisis de los refugiados en Alemania en Colonia y Hamburgo, lo que supuso un primer punto de inflexión. Se produjeron numerosos asaltos sexuales masivos organizados por un millar de hombres con apariencia de ser «árabes o norafricanos» en el centro de las ciudades, denominados por la policía alemana como crímenes de una dimensión totalmente nueva.

Ya entonces se acusó a la policía germana de encubrir los hechos y esperar varios días antes de revelarlos públicamente, ocultando un proceso masivo de ilegalidad. Estos hechos han sido utilizados por políticos populistas para fomentar un sentimiento contra los refugiados basado en el miedo y la inseguridad, proponiendo endurecer las políticas migratorias.

Es la impunidad selectiva, real o percibida por la población, la que genera la inseguridad y el racismo, no la transparencia en dar la información disponible por las autoridades y la aplicación de la ley a todas las personas por igual, vengan de donde vengan y sean quienes sean. Este es el debate de fondo, con tremendas implicaciones sociales y económicas, aunque sea más incómodo para los dirigentes políticos y los medios de comunicación.

Estamos ante uno de los mayores silencios mediáticos de la historia reciente en una democracia liberal, ya sea por torpeza o de una forma deliberada. La realidad es que se ha producido una impresentable denegación de auxilio y protección por parte de la justicia británica hacia las víctimas menores de los abusos.

Y lo ha sido por una errónea corrección política que además está siendo utilizada descaradamente por populistas para agitar la sociedad en una materia clave para el crecimiento económico y la marcha de la economía. Un claro ejemplo de deshonestidad e incompetencia del sistema policial primero y del judicial, político, de comunicación después, con daños sobre la convivencia y sobre la economía de gran calado.

Termino hablando de China. Este enorme país y gran economía, con uno de los índices de inmigración más bajos del planeta, construyó en el año 2006 una ciudad denominada Thames Town como réplica casi perfecta de una ciudad inglesa. Se encontraba a solo 30 km de Shanghái en el distrito de Songjiang y pretendía ser el hogar para los profesores universitarios de las nueve universidades cercanas. Una nueva ciudad con una población actual de solo 2.500 residentes y una inversión de medio billón de libras esterlinas.

Cuenta con arquitectura victoriana, iluminación y señalización típica inglesa, pub, estatuas de Churchill y de Harry Potter, iglesia victoriana y tiendas de fish and chips. Todos los visitantes dicen que falta una de las esencias británicas, su población diversa, pareciendo un pueblo fantasma. Queda claro que las sociedades no prosperan en los decorados de teatro.

Las personas, las reglas de convivencia y como se hacen respetar estas por todos son la esencia de la prosperidad económica y diversidad social de occidente. Algo que está hoy en peligro tanto cuando se exageran los problemas de la normal convivencia y más si cabe cuando estos se ocultan dotando de una impunidad a aquellos comportamientos que ponen en peligro el éxito basado esa multiculturalidad del talento y la diversidad que siempre debe estar sometida a las reglas comunes e iguales para todos.

Lo relatado no ha sido por un exceso de tolerancia, ha sido por una impunidad basada en una dañina corrección política. ¿Estaremos a tiempo de corregirlo? O ya llegamos tarde.

Non est tolerantia, sed impunitas

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.