Un Gobierno usurero que presume de social

Bajo el eufemístico nombre  de «Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el ámbito tributario», el Gobierno socialcomunista ha permitido a los empresarios  cuyo volumen de operaciones durante 2019 no haya sido superior a los seis millones de euros solicitar el aplazamiento del pago de las deudas tributarias sobre los impuestos que tengan que presentar hasta el 30 de mayo; es decir, las autoliquidaciones correspondientes al IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades del primer trimestre de 2020. El importe máximo que se podrá aplazar, sin necesidad de aportar garantías, será de 30.000 euros.

Miles de pequeños empresarios se están viendo seriamente perjudicados por los demoledores efectos del coronavirus y, en apariencia, el aplazamiento suponía un alivio en unos momentos críticos de tesorería. Sin embargo, la letra pequeña del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo establece que todos aquellos que soliciten un aplazamiento superior a los tres meses -el máximo son seis meses-, tendrán que pagar un interés del 3,75% anual. Es decir, las medidas para hacer frente al impacto económico y social contemplan un rejonazo en toda regla que es lo menos social del mundo. ¿Cómo es posible que el Gobierno socialcomunista, el mismo que presume de haber puesto en marcha un escudo social, practique la usura con quienes, por problemas de liquidez sobrevenidos a causa de la crisis, solicitan aplazar sus pagos por encima de los tres meses?

No estamos hablando de grandes corporaciones, sino de miles de pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus negocios o han visto mermados sus ingresos de una manera acelerada. Para todos ellos, el Gobierno les ofrece la posibilidad de aplazar hasta seis meses sus impuestos -lo que no parece un tiempo excesivo dadas las circunstancias-, pero con intereses. Ese 3,75% que les cobra de más es una indecencia, un escarnio, un insulto intolerable. El plan esconde aspectos que demuestran la portentosa insensibilidad de un Ejecutivo que practica la usura mientras presume de social.