El Gobierno busca el choque de trenes con el Constitucional
Feijóo comunica a Sánchez que Pons negociará el CGPJ por el PP, como adelantó OKDIARIO
Bolaños amaga con que el Gobierno nombrará a los dos magistrados del Constitucional sin renovar el CGPJ
Pese a que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno nombrará a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden por cuota, aunque no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), OKDIARIO está en condiciones de asegurar que los miembros del TC no les concederían el placet porque «la Carta Magna es taxativa al establecer que los magistrados se nombran por tercios».
Y es que la ley es concluyente: el artículo 159.3 de la Carta Magna establece que los miembros del tribunal de garantías serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Por lo que la renovación debe ser de los cuatro magistrados en bloque, ya que, de lo contrario, se incumpliría con lo dispuesto en la propia Constitución. Así que aunque el Gobierno se empeñe -tiene facultad para nombrar esos dos candidatos-, no podrán tomar posesión de su cargo porque deberán ser ratificados previamente por el pleno del TC, que no puede ir en contra de la propia Constitución. Así que la única solución para la renovación del Tribunal Constitucional es la aprobación de una disposición transitoria que modifique parcialmente la reforma y habilite al CGPJ para realizar estos nombramientos o estimar los recursos presentados por Vox y PP contra la reforma y anularla por inconstitucional. No caben atajos.
Más allá de los procedimientos legales, lo que resulta evidente es que el Gobierno socialcomunista parece decidido a ir al choque con Tribunal Constitucional, un enfrentamiento sin precedentes que se enmarca en la estrategia de voladura institucional promovida por un Ejecutivo que pretende asaltar el Poder Judicial. Bolaños ya ha dejado claro que el Gobierno nombrará dos candidatos. El problema para el Gobierno es que el Tribunal Constitucional no puede, por razones obvias, saltarse la Constitución. Es su máximo intérprete y no cabe otra interpretación que la aparece en la ley, que es muy clarita al respecto.
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