Con la G, ciudad donde se escenifica la vergüenza

Desde que se evidenció que el nuevo ejecutivo se instituiría sobre la base de la renuncia a la separación de poderes, a la igualdad de los españoles e, incluso, a la soberanía nacional, la sociedad civil está intentando levantar la voz para denunciar el latrocinio que está sufriendo en sus derechos constitucionales. Por eso, incluso antes de haberse constituido, el Gobierno ya tenía a la gresca a todos los colectivos, asociaciones cívicas o colegios profesionales que se supone que, pese a la displicencia con que les ignoran, algo deben saber sobre el tema.

Pero es que por ahí fuera las cosas no nos están yendo mucho mejor. En muy pocos días este nuevo Gobierno ya nos ha enfrentado con varios representantes comunitarios y con tres o cuatro de los países amigos; con Italia, con Israel, con Argentina, con Hungría y no sé si también ya con los Países Bajos. ¿Será porque en el Occidente democrático no existe el comunismo y se convive mal con los radicalismos nacionalistas, islamistas o de cualquier otro signo? ¿Quizá es que nuestro Gobierno y los socios que lo mantienen no están preparados para convivir en una moderna sociedad europea?

Muchos están viendo que nos obligan a estar del lado erróneo de la historia; y es que el sanchismo, con cualquier excusa, siempre nos posiciona junto a los autoritarismos. Da igual que Rusia, Irán, los bolivarianos y el resto de países con quienes se alinean sean regímenes predadores de los derechos de las mujeres, de los homosexuales o de los más básicos principios civiles. ¡Les da igual, su radicalidad les exime de ser coherentes!

Y así, los actos vergonzantes se han venido repitiendo a un ritmo de varios por semana, hasta llegar a las expatriadas reuniones con Junts. Las conversaciones en Suiza no sólo avergüenzan a Pedro Sánchez y a su partido, cuestión que a muchos compatriotas les da, como decía Cela, bastante de refilón, sino que se avergüenza, humilla y extorsiona a toda la democracia española.

Poca razón y mucha desfachatez tienen Rodríguez Zapatero y el resto de corifeos cuando hablan de reuniones de partidos que ejercen libremente sus derechos constitucionales. Porque todo lo que se acuerde (o más bien conceda) en Ginebra, como todo lo que se negoció en Waterloo o en Bruselas, son consumiciones a cuenta del Estado español, que es el auténtico pagafantas de la borrachera de vanidad y exculpación a la que se está invitando a Puigdemont.

Ahora bien, no están teniendo en cuenta los intervinientes la realidad de lo que siempre han sido, y con quien se mantienen, estas reuniones intermediadas y semiclandestinas. Lo normal, y esto bien lo debe saber el verificador salvadoreño, es que estas conversaciones se produzcan con grupos terroristas o con un estado opresor que no cumple los estándares democráticos y no garantiza las libertades individuales. Y por mucho que Junts pretenda que estamos ante la segunda opción (y que Sánchez indignamente lo acepte), lo cierto es que estamos más cerca de lo primero. ¿O es que no es verdad que impulsaron una sedición y apoyaron o auspiciaron actos que se están juzgando por terrorismo? Y no somos los demás los que les estamos calificando, sino ellos mismos los que así se consideran cuando a esos antecedentes se unen las reuniones fuera de España, con nocturnidad y observadores, y las exigencias mafiosas de impunidad.

Por tanto, para hacerse una composición de lugar no le quedan más opciones al verificador Galindo: o entender que España es como esos países totalitarios que persiguen a los oponentes políticos y que no tiene instituciones democráticas en las que celebrar con garantías estas reuniones; o aceptar la realidad de la condición de prófugo de Puigdemont y su aspiración de chantajear a un presidente de patológica ambición.

Y la posición tan cacareadamente conciliadora y altruista del presidente Sánchez (porque los supuestos mandados y negociadores del PSOE actúan en realidad en nombre del Gobierno de España, que es quien puede resolver las cuitas a los delincuentes), solamente evidencia su corrupción, que tal vez no es sólo ética. Lo de la convivencia no se lo puede creer nadie que no esté malintencionado; y ahí habrá que incluir a los magistrados del TC. Es lo que tiene juntarte a escondidas con delincuentes; y es que, si te ven salir de un lupanar, todos sabrán con quién has estado y cuál es tu altura moral, y nadie va a pensar que estuviste en un acto religioso o en una cena benéfica.