Delitos progresistas
El PSOE asesinó a Montesquieu allá por los 80, cuando Guerra lo constató vox populi. En realidad, lo hizo antes, durante la Segunda República, pero de aquello ya hablamos en estas páginas. El socialismo repite patrones mientras se le deja, y en España se le deja a menudo. Uno de los más acusados es el de atacar como peligroso para la democracia todo aquello que no obedece a sus propósitos e intenciones, aviesas por lo común, y corruptelas, normales y normalizadas en una sociedad que vive bajo el socialismo state of mind permanente. Lo hemos evidenciado de nuevo con la pasividad política, empresarial y social ante la ilícita, inmoral e ilegal regularización masiva de inmigrantes.
Vamos por partes. O por actos. O más bien por delitos. Esta semana ha tocado también que sea noticia el auto del juez Peinado sobre los casos de corrupción que afectan a la mujer del presidente del Gobierno, una influencer de fondos reservados -los que obtenía para financiar sus chiringuitos y negociados- con síndrome de primera dama que desprecia a la Justicia con la misma suficiencia con la que antes despreciaba su función de consorte sin cargo. Pero eso ya da igual. Hizo lo que quiso, grabación de vídeos, a pesar de que no podía hacerlo.
Y ahora, la acusación, previa a sentar a la primera consorte corrupta frente a un jurado popular, pide 24 años de prisión por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En un país decente, tamaña retahíla de causas hubiera supuesto la caída del Gobierno. En la España preautocrática, aún hay quien ve detrás de esto una operación política y no la mera aplicación de la ley.
Pero nada pasará en esta tetralogía tétrica de la tetraimputada. Porque viven bajo esa sensación de impunidad política, mediática y social constante a la que ahora le quieren añadir la inmunidad jurídica. Por eso atacan al juez Peinado, como antes atacaron a otros. Por eso, el burócrata Bolaños atosiga y persigue a la presidenta del CGPJ para que reprenda al juez que investiga los escándalos del gobierno y de la mujer del presidente. Quieren una justicia a la carta. Unas leyes bajo control. Unos delitos en embudo. El desprecio del Gobierno y de los cercanos a Sánchez sobre uno de los pilares del Estado de derecho confirma el proyecto de dictadura bolivariana con capital chino que viene gestándose. A fuego lento y bajo el manto de anestesia social que las subvenciones y la compra de votos permiten.
El juez lo deja tan claro en su auto que sólo un iletrado como Patxi López, Patxi Nadie, que a buen seguro dejó de leer el encabezado porque no entendía lo que en él se explicaba, puede salir y pedir justicia real porque la mujer de su jefe igual acaba en prisión. La Rosa Nostra, de la que Patxi Nadie es portavoz en el Congreso, se manifiesta contrariada porque no puede delinquir con impunidad. ¡A dónde vamos a parar! ¡Un juez investigando la corrupción del poder con evidencias palpables del delito, entre otras, la propia confesión de la imputada en un vídeo donde hace gala de tráfico de influencias! ¿Qué será lo próximo? ¿Atacar a los jueces que determinen la culpabilidad de ministros del gobierno en el tráfico ilegal de mascarillas? ¿Sentenciar a la cúpula del partido por financiación ilegal? ¿Condenar a responsables de organismos públicos colocados por el PSOE por negligencia criminal en el mal uso de los recursos públicos? ¿En manos de quién hemos dejado este país? ¿Por qué permitimos que la democracia haya sido secuestrada por una banda de golfos, sinvergüenzas y delincuentes al mando del peor de todos ellos? ¿Por qué seguimos inmovilizados ante el deterioro palpable de la libertad y las instituciones a manos de un trasunto casposo y sociópata de Fidel Castro?
Como hemos sucumbido moralmente como sociedad, entre la anestesia y la estupefacción, hemos aceptado como normales que de manera constante la Justicia determine, en lo referente al Gobierno y sus actuaciones, en sus miembros y actuaciones, que haya indicios plurales y sólidos, evidencias probadas, relación manifiesta con la delincuencia y el crimen organizado. En esa dualidad constante y estratégica entre lógica y percepción, los delitos comunes seguirán bajo esa denominación, con el consiguiente castigo según la infracción realizada. Ahí entramos los ciudadanos de a pie, el contribuyente saqueado o quien no pertenezca a la internacional zurda del trinque. Por su parte, los que se cometan bajo las siglas del PSOE serán llamados a partir de ahora delitos progresistas, porque, como ya sabemos, la izquierda no roba, no engaña, no saquea, no mata y no delinque. Si no, no sería izquierda.
Por ende, deberán ser juzgados de manera política, judicial y mediática con la misma displicencia y permisividad con la que gran parte de la sociedad aplaude sus fechorías corruptas. Así, al socialismo se le podrá seguir votando por sus intenciones y no por sus hechos. De esta manera, podrá seguir robando, mintiendo, asesinando y adulterando censos electorales por el mundo otros cien años más, ¿verdad, camarada Pedro?