Cinco años después del alzamiento separatista

Sorprende a cualquier observador o analista que siguiera entonces, octubre de hace cinco años, o ahora, con todo lo que ha llovido por aquí, la magnitud de los errores, la falta de información y sobre todo los embustes que se han repetido en relación con el levantamiento golpista de los secesionistas catalanes. Empezaré por una falsedad que, curiosamente, ha expandido más el centroderecha que la izquierda de este país: el Gobierno de Rajoy no hizo nada para resolver o incluso castigar, la conducta claramente sediciosa de los rebeldes. Pues bien: ¿fue “no hacer nada” disolver el Parlamento autónomo y destituir en pleno a todo el Gobierno de la Generalidad?” Repasemos hemeroteca, y, buscando, buscando, nos toparemos con la resistencia generalizada de muchos medios de información -desde luego todos los catalanes, sin excepción- a que el Ejecutivo de España emprendiera un camino, que según dictó El País,  “no tiene retorno”. Algunos de estos escribidores se contradijeron clamorosamente al poco tiempo acusando a Rajoy de “pusilanimidad” por no haber ordenado la intervención del principal órgano de propaganda independentista: la televisión regional catalana TV3. No hubo cobardía al no hacerlo. Ocurrió que el Gobierno de la Nación quiso tomar dos precauciones al efecto: la primera, contar con el máximo consenso, pero falló el PSOE, ya de Sánchez, que se desmarcó aparatosamente de la medida; la segunda, consultar informalmente a la Unión Europea y ¿qué transmitió ésta? pues que, literalmente, “no compartía la medida”. Y es que emprenderla en la Unión contra un medio de información nunca se ha visto, de aquí, por ejemplo, que la Comisión esté criticando y penando las continuas intromisiones que los gobiernos de Hungría y Polonia perpetran contra los periódicos, radios y televisiones de su país.

Ahora, cinco años después, con Sánchez y toda su caterva de conmilitones propios (su Gobierno de chisgarabís) y asociados (todos los comprometidos en el “Frankenstein”) se despachan contra el último Gobierno del Partido Popular al que achacan, como mínimo, falta de comunicación y entendimiento con los rebeldes, Y aquí viene otra curiosidad falsa: resulta que estos subversivos del momento, los que continúan en La Moncloa, se desmarcan ahora de las medidas emprendidas en la época y, es más, con una suficiencia y una desvergüenza inusitadas afirman que Sánchez quiso introducir una “morcilla” en el discurso de Felipe VI para lograr que éste avalara su monserga del dialogo. ¡Qué enorme falsedad! Este cronista puede asegurar, bebiendo en fuentes seguras de todo crédito, que Sánchez no pudo sugerir una bagatela política de esta índole sencillamente porque no fue consultado en la redacción del discurso Real: “Tuvo conocimiento de éste pocas horas antes de que el Rey se pusiera ante las cámaras”, indican desde la Casa y añaden: “El texto salió íntegro de la pluma del Rey”.

Los que a la sazón intentaron influir de verdad para que, ante la clamorosa proclamación inconstitucional se llegara a un remedo de apaño entre ambas partes fueron varios y de diferente jaez. Algunos empresarios catalanes de los que luego se han quejado con un pordiosero “¡Por Dios, por Dios!” pidieron, casi en rogatoria múltiple, al presidente Rajoy que atenuara la gravedad de los que ellos, también, denominaban “el conflicto” y, tras, la intervención del 155, convocara al tiempo elecciones autonómicas y generales. Incluso el felón Pedro Sánchez Castejón llegó a sugerir a su rival político que se olvidara de la aplicación del maldito artículo y, en sintonía con los citados patronos, llamara a las urnas generales. ¿Por qué se negó Rajoy? pues porque, irremediablemente, la cuestión de la Corona iba a figurar en el frontispicio de la campaña electoral. En aquel momento este cronista pudo ver con sus propios y asombrados ojos cómo la Monarquía recibía un palo monumental en las encuestas, tanto que en alguna de ellas no alcanzaba siquiera el 20% de aprobación. El Gobierno de la Nación no podía someter a su jefe de Estado a una humillación de este estilo. Cinco años después Felipe VI ya recibe en el Principado un mayoritario apoyo, el que entonces le negó la burguesía catalana que, como mayor contribución, hizo una declaración por lo bajini en la que venía a decir respecto al discurso del Monarca: “Lo podemos comprender”. ¡Qué gran ayuda  a la Institución a la que tanto deben!

Al margen de la prédica Real, tan importante a juicio del cronista como la que protagonizó el Rey Don Juan Carlos el 23 de febrero de 1981, aún quedan por aclarar algunos aspectos de aquel referéndum revolucionario que proclamó ilegalmente la República Catalana. El más sugestivo es este: ¿cómo fue posible que los organizadores requisaran urnas por aquí y por acá sin que la Seguridad del Estado se enterara? Pues, cinco años después este cronista ha preguntado al Gobierno de entonces y se me ha respondido así: “El Centro Nacional de Inteligencia nos aseguró que no habría urnas y nosotros nos lo creímos”. Por su parte, el director del CNI se echa a un lado y lo más concreto que contesta es lo siguiente: “Deberíamos haber contado entonces con un coordinador de la Inteligencia y la Contrainteligencia” ¿Hay que descartar una complicidad o por lo menos una abulia en la detección de aquellas “armas” ilegales? A estas fechas no somos tan inocentes como para descartar una de ellas o las dos

Todavía está pendiente otra cuestión: ¿cómo pudo fraguarse la huída de Puigdemont? Pues aquí la respuesta es todavia más sorprendente: “Le tuvimos localizado al minuto”, indican los responsables de aquel CNI. Y claro está la réplica es inmediata: “¿Y entonces?” “Pues la detención no era de nuestro negociado”. Textualmente. Cinco años después la incógnitas citadas siguen sin despejarse, lo que, sin duda ha alimentado las especulaciones y mentiras que hemos venido escuchando durante todo este tiempo. ¿Qué queda? Esto: que cinco años después el presidente, aún, del Gobierno de España se ha conchabado con los más abyectos secesionistas. Eso en cualquier país democrático se llamar´ “alta traición”. En España también. Lo recoge el Artículo 102 de nuestra vigente, aún, Constitución.