El catalán como privilegio de acceso a la Administración

Sin prisa pero sin pausa, PP y Vox están eliminando el requisito de catalán para acceder a algunas plazas de la administraciones que ahora mismo gobiernan. El último ejemplo es la eliminación del requisito de catalán a los aspirantes a chófer de la Empresa Municipal de Transportes de Palma. El requisito del catalán que desde hace ocho años se venía exigiendo a los aspirantes a ocupar una plaza pública no era más que un privilegio con el que la izquierda pretendía discriminar a los castellanohablantes o a quienes, hablen la lengua que hablen, no han querido pasar por las horcas caudinas del catalanismo.

Lo que han hecho PP y Vox es terminar con un privilegio en toda regla que favorecía a unos y perjudicaba a otros, una decisión que una izquierda orgullosa de sus orígenes debería celebrar y aplaudir. Es un sinsentido que, al contrario, la izquierda defienda este tipo de privilegios cuando debe precisamente sus orígenes a su admirable lucha contra los privilegios. Sólo desde la metamorfosis de una izquierda que se ha vuelto reaccionaria y retrógrada se explica la sinrazón de disfrazar la eliminación de un requisito discriminatorio que ha venido funcionando como barrera lingüística como un nuevo «ataque al catalán».

De creerles en sus apocalípticas soflamas contra la libre elección de lengua en las aulas, el castellano es un idioma que se aprende en la calle, en las redes sociales y en la televisión, el idioma franco que todo el mundo habla y entiende en Baleares y el único, conviene recordarlo de vez en cuando, que la Constitución Española obliga a conocer. De ahí que ignoramos qué tipo de «derecho lingüístico» de los catalanohablantes se vulnera si un chófer u otro empleado público no les entiende cuando se dirigen a él en catalán o no puede hablarles en catalán cuando, siempre al leal entender de nuestra izquierda medieval, todos los catalanohablantes son también castellanohablantes. ¿Acaso no pueden dirigirse al chófer en castellano cuando lo dominan a la perfección? ¿O sólo pretenden montar bronca al evitar hablar una lengua que dominan?

Seamos claros al respecto y vayamos quitando máscaras que tratan de presentar la prevalencia de unos supuestos «derechos lingüísticos» para el administrado catalanohablante cuando lo que de verdad está defendiendo la izquierda reaccionaria y sus acólitos es un mero privilegio para colonizar los mejores lugares de trabajo -que, desgraciadamente, están ahora en la Administración- para quienes tienen un certificado de catalán. No deja de ser significativo que en el último vídeo de la OCB, en el que esta entidad hace un llamado a rechazar el plan piloto voluntario de libre elección de lengua, todos los extranjeros integrados en catalán que se prestan a salir en el audiovisual rechazando el plan piloto ocupen todos ellos puestos en la Administración. Queda claro que la sumisión al catalanismo termina siendo recompensada con premios en la administración balear.

Cuarenta años de catalanismo institucional parecen no haber mejorado la salud sociolingüística del catalán ni tampoco preservado la genuinidad de antaño. Lo que sí ha mejorado de verdad es el estatus laboral y social de muchos que apenas pueden presentar otro mérito para acceder a la administración balear que el privilegio competitivo que les otorga un simple título de catalán que, en la mayoría de casos y dada la realidad sociolingüística de Baleares, ni siquiera se antoja necesario para el puesto que ocupan.