Los agricultores se juegan todo en estas elecciones europeas

Los agricultores, y el sector primario en general, se juegan mucho en las elecciones europeas del próximo domingo, 9 de junio. La Unión Europea es la encargada de decidir numerosas normativas que les afectan directamente. Es más, posiblemente, el sector agroalimentario es uno de los más afectados por las decisiones que se toman desde Bruselas. Por ello, los trabajadores del campo -y también los del mar- deben de ser conscientes de la oportunidad que se presenta en estos comicios para cambiar el rumbo de las medidas que les afectan directamente, tanto a ellos como a sus explotaciones.

Hasta ahora, la política comunitaria ha estado copada por un espíritu ecologista radical que ha superpuesto la ideología al sustento de numerosas familias, tanto españolas como de otros países europeos. Las imposiciones de fitosanitarios, el control del cuaderno digital o las restricciones a la producción son sólo algunos ejemplos de esto.

Así, los agricultores han avisado ya que medidas como el cuaderno digital, que no es más que la imposición de declarar hasta cómo se gasta cada litro de agua en el campo, pueden costar entre 500 y 600 euros por explotación. Esto sucede en un sector que ya se encuentra ahogado por los enormes costes de producción.

Según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), el sector agrario ha visto como sus costes de producción se han multiplicado por tres en los últimos cuatro años. En ese contexto, los trabajadores del campo no han visto más alternativa que salir a la calle y colapsar ciudades enteras como Madrid.

Los agricultores y las elecciones europeas

Los agricultores no tienen muchas opciones de voto de cara a las elecciones europeas. El PSOE continúa insistiendo en que los problemas del campo son sólo el cambio climático y sus propuestas van encaminadas en incidir en el Pacto Verde Europeo, algo que, según el Partido Popular, ha destruido 18.000 sociedades agrícolas y 132.000 empleos.

Es más, los socialistas insisten en que la manera de solucionar esto es con más subvenciones al sector. Sin embargo, los agricultores no quieren ayudas económicas, sino ser rentables y funcionar, servir a los demás y que les dejen hacer su trabajo en paz.

Surgen también alternativas delirantes como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), quien, según desveló el Partido Popular de Galicia en su cuenta de Instagram, pertenece a un grupo que busca prohibir cocer el marisco vivo. Algo completamente incomprensible, tanto para el sector marisquero gallego como para los consumidores.

No obstante, los agricultores cuentan con el apoyo de otras formaciones que sí les han escuchado. Por su parte, el PP propone que los países que vendan alimentos a Europa sean los que costeen las inspecciones. Así, será mucho más fácil evitar casos como las fresas de Marruecos con hepatitis.

El PP pone sobre la mesa una reforma del Pacto Verde Europeo para tener en cuenta las circunstancias económicas y sociológicas del sector primario. Por su parte, Vox quiere derogarlo. La formación de Santiago Abascal ha denunciado que estas medidas han multiplicado por cuatro la burocracia y han reducido un 50% los fitosanitarios que se pueden utilizar en las explotaciones, algo que considera que se podría revertir simplemente eliminando el pacto.

Otros partidos minoritarios también se han sumado a estas ideas. En general, Europa va a vivir una serie de cambios importantes en este sentido, pues las protestas agrícolas han retumbado en fronteras y capitales de países enteros, incluida la propia Bruselas.

El abandono del campo

Otro de los problemas más importantes del campo es la despoblación, algo especialmente acuciante en España. La producción se está concentrando en zonas concretas del país, dejando un enorme vacío en provincias enteras. Ante esto, hay dos posibilidades: admitir el problema y tirar la toalla o tomar medidas al respecto.

Tirar la toalla no debería de ser una opción. El éxodo hacia las zonas más productivas provoca una presión en el mercado de la vivienda, tal y como se comentó en una columna anterior. Es decir, es un problema que afecta a todo el mundo, independientemente de donde viva.

Por ello, el impulso de la agricultura y la ganadería debería de ser una de las prioridades de las autoridades. De hecho, la propia Constitución Española dice en su artículo 130 que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles».

Si la agricultura se promociona y se facilita, si se dejan de poner trabas al campo, si se dejan de imponer condiciones anticompetitivas mientras se importan alimentos de otros países y si se dejan de mover por la ideología en vez de por el sustento de las familias, todos los españoles y europeos saldrán beneficiados de un modelo que realmente no deja a nadie atrás.