4.000 millones € mensuales para pagar intereses de la deuda

Esta es la cifra: 4.000 millones de euros mensuales los que tiene que pagar el Reino de España por los intereses de la enorme deuda pública acumulada que, sobrepasa, el billón y medio de euros. Ojo, no es la cantidad por devolver parte de la deuda pública y sus intereses, no. Sólo representa los intereses a pagar a los acreedores. Un 48 por ciento que el pasado año. Es lo que hay.

¡Ya me dirán los lectores que futuro puede aguardar a un país, prácticamente en recesión, que tienen que enfrentar 50.000 millones anuales en el pago de intereses! Porque con la subida de tipos a nivel mundial la misma se dispara de forma exponencial.

En los últimos cuatro, como es sabido por todos aquellos que saben leer, con Sánchez al mando de la Nación, esa deuda pública se ha incrementado de una forma tan alarmante que los socios de la Unión Europea vienen advirtiendo de que la misma llegue un momento que sea realmente “impagable”. Todo el mundo sabe también qué ocurriría si llegara el caso de insolvencia del Estado.

Bien estudiado, a Pedro Sánchez y sus socios de extrema izquierda este asunto siempre le ha importado una higa. Por dos razones. La primera porque esa inmensa bola de empobrecimiento general –como nación, sí, pero también como ciudadanos individuales con nuestra parte alíquota- la tendrán que afrontar las generaciones futuras y para entonces el ya no estará al timón y no tendrá que pechar con las consecuencias. La segunda, porque ideológicamente, Sánchez está más cerca (con hechos demostrados) de aquellos que consideran que las deudas soberanas de los Estados están para no pagarlas –Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc…- que de la ortodoxia fiscal de los socialdemócratas alemanes, suecos, holandeses o finlandeses.

El gasto desmesurado del Gobierno Sánchez no se puede justificar sólo con la pandemia Covid, ahora la guerra de Ucrania, y otros factores exógenos. Nada más hay que echar un vistazo a su alrededor para comprobarlo. Ser un buen jefe de Gobierno no tiene que resultar exageradamente caro como es su caso. Tener 800 (o más) asesores para mandar los proyectos de ley al Consejo de Estado con faltas de ortografía o decretos-leyes desconociendo la jurisprudencia lo dice todo. Sin entrar en los “gastos personales” que genera y lo bokassiano de sus comportamientos que, en determinados casos, trata de camuflar como “secretos de Estado”.

Sobre esto último, cuando el pueblo le eche, y se levanten las alfombras, conoceremos datos que nos hervirán la sangre… Lo dejo escrito.