Ante el 28J: la España que nos roban

El régimen de cleptocracia que ha venido a establecer el sanchismo se va definiendo principalmente por el parasitismo partidista de las instituciones. Parasitismo partidista que nos priva a todos los españoles de aquellos órganos que garantizan el Estado de derecho y aseguran la alternancia democrática.

También se va concretando, y estamos solo conociendo la punta del iceberg, por el asalto político a empresas estratégicas, los amaños de contratos millonarios, las mordidas a políticos y las colocaciones laborales atendiendo a méritos y capacidades bajo las sábanas.

Pero hay otro tipo de latrocinio que afecta, por encima de todo, a las condiciones en que los españoles somos capaces de reconocernos como partícipes de un proyecto sugestivo de vida en común del que hablaba Ortega y Gasset. No es lo mismo compartir un solar común que un muro separador con el que se pretende deslegitimar democráticamente a quienes decides que no pueden quedar de tu lado.

Esta enajenación partidista de la España de todos en la que Sánchez está empeñado con ayuda de sus socios para perpetuar su saqueo, pasa inexorablemente por dos condiciones. La primera es jibarizar su legado histórico menospreciando su contribución cultural y científica a la civilización occidental; y la segunda es deslegitimar la Transición y, por tanto, el fundamento de concordia de la España constitucional.

La principal vía de la jibarización es el maltrato a la herramienta que posibilitó la primera globalización de la historia de la Humanidad: la lengua española, que hoy comparten cerca de 600 millones de hablantes en todo el mundo.

El circo de los pinganillos en la última conferencia de presidentes autonómicos fue desenmascarado por Isabel Díaz Ayuso contra la pretensión de hacernos sentir extranjeros en nuestra propia nación. Lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid fue alertar sobre el desprecio a la lengua común de los españoles por parte del propio Gobierno de España, siempre presto a contentar a quienes le mantienen en el poder por un puñado de votos.

En este cuestionamiento de España como proyecto compartido tiene un papel trascendental la criminalización de nuestra Historia. El reconocimiento de la diversidad cultural se ha venido realizando con normalidad desde hace más de una década en algunos de nuestros museos nacionales. Por esta razón resulta tan patético que ahora se utilice el pretexto de la «descolonización» por parte del Ministerio de Cultura para imponer la estigmatización de la presencia de España en América.

La segunda palanca para la enajenación partidista de España es deslegitimar la Transición, una gesta ejemplar, aunque careció de grandes momentos épicos, protagonizada por un pueblo decidido a dar forma política a través de la democracia a su definitiva reconciliación histórica.

Sánchez ha liderado el cuestionamiento de la Transición de los herederos de quienes abogaron entonces por la ruptura y la discordia para pasar de la dictadura de Franco a la democracia. La opción apoyada por la inmensa mayoría de los españoles fue justamente la contraria, reforma y concordia, como se demostró en el referéndum de 1976, con un 97,3 por ciento de votos favorables a la reforma política.

Los herederos de quienes anhelaron la ruptura y la discordia se han propuesto poner bajo sospecha aquel éxito histórico de la sociedad española como si fuera un arreglo del franquismo para garantizarse impunidad. Olvidan que fue el PCE el primero que presentó en las Cortes una propuesta de amnistía para hacer borrón y cuenta nueva de la Guerra Civil y la dictadura, como ya propusieron los comunistas en su manifiesto por la reconciliación de 1956.

Este relato falsario, que Sánchez ha comprado, entre otros, a sus socios de Bildu, fue el que sirvió a ETA para justificar su actividad criminal, pues siempre argumentan que en realidad la democracia española es el franquismo disfrazado.

Las piezas de esta estrategia de demolición de España de la unidad y de la libertad se retroalimentan la una a la otra, de forma que los españoles pierdan su capacidad de estima por su nación y su democracia, consideradas ambas como una anomalía histórica sin otra solución que su desintegración y desactivación.

Lo paradójico es que los promotores de esta estrategia sean quienes representan en sí mismos la más grave anomalía de este último medio siglo de España, con su voluntad de destruir la nación, abolir la división de poderes, impedir la alternancia democrática e instituir la persecución al rival político con los medios del Estado.

La inmensa mayoría de los españoles seguimos creyendo en la España en la que todos los ciudadanos estén sometidos al imperio de la ley, con una Justicia independiente, unas instituciones celosas de su neutralidad y un sistema de garantías que impida que el poder discrimine entre ciudadanos de primera y de segunda según su posición sea genuflexa o no ante el poder, ya sea este estatal, regional o local.

Esta es la España que nos está robando Sánchez, que es indudable que se está fajando bajo la guía de Zapatero para sustituirla por una alternativa que se parezca a las dictaduras de los países del llamado «socialismo del siglo XXI».

Los llamamientos de las asociaciones de jueces y fiscales contra la reforma de la Justicia señalan el riesgo cierto que corre nuestro Estado de derecho por las ansias de Sánchez de revestirse de la impunidad propia de los caudillos ante el «tsunami» de corrupción que anega a su Gobierno, su partido y su familia.

Por todas estas razones, este 28J todos los demócratas, sin distinción de color político, tenemos que apoyar a los jueces y fiscales en su concentración a las 12,30 horas en la madrileña plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo. Ellos están decididos a defender nuestra libertad frente a la amenaza que se cierne sobre ella. Sería indigno y sobre todo temerario por nuestra parte que los dejáramos solos.