El Supremo no admite fraudes de ley

El magistrado Pablo Llarena hace lo correcto al impedir que los golpistas encarcelados salgan de prisión. El Tribunal Supremo no se puede permitir un fraude de ley, que es lo único que persiguen los sediciosos. Sobre todo si al final confirman a Jordi Sànchez como alternativa al fugado de la justicia Carles Puigdemont para ocupar la presidencia de la Generalitat. En realidad, sería tan sólo una táctica para atizar el fuego independentista, sabedores de la imposibilidad que genera su situación ante la justicia. La de él y la de Jordi Turull, también imputado y que sería el siguiente en la lista si Sànchez no fuera investido. Opciones que en realidad no son opciones y sí unas maneras perversas de seguir intentando poner en jaque tanto la estabilidad como la prosperidad de España.

Si Llarena dejara en libertad el líder de la ANC para que pudiera comparecer a la sesión de investidura, alimentaría la propaganda y el concepto tan manido de «preso político», algo que no puede consentir de ninguna manera. De lo contrario, los golpistas verían legitimadas sus demandas y, aunque en realidad sólo buscan un bloqueo perpetuo ante la falta de proyecto político verosímil y realizable, volverían al argumento falaz de que España es un «Estado opresor». Además, el ambiente social en Cataluña se haría irrespirable. Durante las últimas horas, hemos tenido la oportunidad de presenciar las difíciles condiciones en las que se ha desarrollado la visita de Felipe VI al Mobile World Congress de Barcelona.

El boicot de los separatistas, con Ada Colau y Roger Torrent a la cabeza, ha sido irresponsable e inadmisible. La salida de Sànchez de prisión encendería la mecha de la actividad radical en la calle. La violencia podría hacerse incontenible y generar graves problemas de orden público. Por lo tanto, ha de permanecer en prisión. Por mucho que Sánchez quiera apoyarse en el caso del etarra Juan Carlos Yoldi, —hace 30 años acudió a la sesión de investidura como candidato a la Lehendakaritza dentro de un furgón policial—, acudir a una sesión de investidura para un cargo que no puede ejercer no tienen el más mínimo sentido. En definitiva, Llarena hace bien en mantenerse firme en su decisión de no dejarle salir de la cárcel.