Los independentistas tienen que pagar la factura

Los independentistas tienen que pagar la factura

En un artículo publicado en LaVanguardia en noviembre de 2012, la hoy prófuga Clara Ponsatí (23-11-2012) aventuraba, basándose en la teoría de juegos, que en el caso de que Cataluña se declarara independiente, España —“el votante medio español”— no vetaría su permanencia en la Unión Europea, puesto que ello le evitaría gravosos perjuicios. Además, calificaba las amenazas de veto por parte del Estado español de poco “creíbles” y advertía a los catalanes de que dar crédito a esa posibilidad era “irresponsable”. Así, y según Ponsatí, de cuya lógica ya di cuenta en la revista Claves de Razón Práctica, la independencia de Cataluña sólo había de sortear un escollo: el de la hipotética exclusión de la UE.

No en vano, partía de la premisa de que la independencia haría desaparecer el déficit fiscal catalán, por lo que era ocioso plantearse que pudiera acarrear inconvenientes (más allá, insisto, del inconveniente —¡exorcizado por Nash!— de dejar de pertenecer a la Europa comunitaria). Se trataba, en efecto, de un dogma de fe. El mismo del que se valió el economista Xavier Sala i Martín para asegurar en infinidad de foros —si bien la sal gorda la reservaba para el televisivo, y concretamente para TV3— que Cataluña no sólo se las apañaría estupendamente sin España, sino que, además, saldría beneficiada de la separación. La extinción del déficit, exponía Sala, nos permitirá disponer de 16.000 millones. Sobre qué cálculo obtenía dicha cifra —rigurosamente refutada por Borrell y Llorach en su imprescindible Las cuentas y los cuentos de la independencia— no era un asunto que mereciera explicación. “Créanme”, venía a decir, “he hecho las cuentas —muy complicadas, ustedes no las entenderían— y son 16.000″, enunciación que llevaba incorporado el subtexto ‘Lo que España nos roba cada año’, y que, como si de un sortilegio se tratara, abría las puertas de un mundo en el que no existían los recortes de servicios públicos ni los rescates bancarios ni ninguno de los traumas que había originado la crisis, perfecto telón de fondo para que el ensueño prosperara.

A vueltas con la probable exclusión de Cataluña de la Unión Europea, otro catedrático catalán en Estados Unidos, el politólogo Carles Boix —miembro, al igual que Sala i Martín, del Colectivo Wilson—, defendía en octubre de 2012 que los tratados de la UE no podían ser utilizados contra “la voluntad democrática de un pueblo”, y alegaba que “la ausencia de regulación de un hipotético proceso de ampliación interna en la UE” no implicaba “prohibición”. A su juicio, el caso de Cataluña y la UE guardaba un paralelismo con el proceso de independencia del cantón del Jura francés respecto al cantón de Berna, en Suiza, donde el primero sería Cataluña y el segundo España, siendo Suiza un remedo de la Unión Europea. “Aunque la constitución suiza no preveía esta posibilidad, prevaleció la voluntad del Jura […]”, razonaba Boix. Y concluía: “Todo esto contiene una lección transparente para Cataluña: hagamos nuestro camino tranquilamente, consultemos al país y, después, cargados con la razón de la mayoría, podremos negociar en qué términos queremos continuar en Europa”.

Ponsatí, Sala i Martín y Boix no son los únicos docentes que se han servido de manera torticera de su autoridad académica para sancionar la inexorabilidad de la Cataluña independiente, dando así alas a un proceso que, además de fracturar a la población y colapsar las instituciones, ha desencadenado un éxodo empresarial sin precedentes. Así y todo, y que se sepa, ninguno de los inspiradores intelectuales de esta ruina económica y moral se ha retractado. Antes al contrario, Ponsatí, por ejemplo, ha afirmado que prefiere otras elecciones antes que “pedir perdón”. Y de Sala i Martín y Boix, nada se sabe. Lo que da pie a que nos preguntemos si no habría que señalar también, además de a los políticos, a quienes invocando las ciencias económicas, sociales o políticas, contribuyeron al desaguisado.

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