Ni artículo 155 ni secesión, reforma territorial

El desafío secesionista ha llegado a tal punto de desobediencia a la ley, de desacato a sus propias normas y de crispación social, que ante la amenaza del Puigdemont de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, el Gobierno de España se plantea la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La utilización de este artículo implicaría políticamente la suspensión de las competencias de la Generalitat y la sumisión de las mismas al delegado del Gobierno. La consecuencia social, un argumento irrefutable para los secesionistas que conseguirían el apoyo de la calle con un falaz argumento: «Primero no nos dejan votar y ahora nos quitan la democracia». Y es que en política, lo importante no es sólo aplicar la ley sino ganarse a la opinión pública.

Por ello, ¿qué conseguiríamos con la aplicación del 155 más allá de calmar el furor de los más patrióticos que se han visto vilipendiados por la arbitrariedad independentista? Pues se conseguiría que jurídicamente no habría declaración de independencia. Sin embargo, esta no es ni la única ni la más apropiada medida para alcanzar tal fin. Aunque el 155 no se puede descartar, existen medidas más eficientes para evitar y cesar este autoritarismo secesionista. Por ejemplo, la aplicación del artículo 92.4 a) de la Ley Orgánica del Constitucional que regula multas de hasta 30.000 euros para aquellos que desobedezcan una resolución del Tribunal.

Además, con esta medida, se podría suspender a sus responsables. Si se suspende a Puigdemont, ¿cómo va a declarar la independencia careciendo de potestad jurídica? No obstante, no sólo el Constitucional tiene herramientas para frenar el secesionismo, también el Código Penal debería de actuar, y aquellos que desde las instituciones renuncien a cumplir la ley. ¿Y dónde esta la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar a los titulares que abrieron los colegios electorales o participaron en las mesas electorales? ¿Dónde está la ley para perseguir a los funcionarios que con conocimiento de su ilegalidad actuaron contra la suspensión del referéndum?

En una democracia, ni es serio saltarse la ley, ni tampoco administrar la ilegalidad por parte de los poderes públicos. El Estado español tiene instrumentos más que suficientes para actuar contra esta desobediencia generalizada. No obstante, una vez cesada la situación de sumisión, ¿por qué ningún grupo político plantea un pacto de Estado en defensa del modelo territorial? Los países más avanzados tienen modelos federales, eso es, competencias definidas entre el Estado y sus regiones. No es serio que en España haya comunidades con unas competencias transferidas y otras que no. Esta desigualdad genera injusticias y las injusticias generan ruptura. En pleno siglo XXI ha llegado el momento para que se aplique la ley, pero toda la ley, porque si no la impunidad de quienes la vulneran generaría un sentimiento de arbitrariedad y autoritarismo. Por otro lado, ¿no será el momento de plantear un modelo territorial más eficiente para el Estado que evite duplicidades y desiguales entre sus comunidades?