COMUNIDAD DE MADRID

Los profesores anti-Ayuso exigen a los que no secundan la huelga que les cedan parte del salario para financiar el paro

La propuesta consta en el acta de la reunión de la Asamblea Unitaria del 6 de noviembre

Los profesores anti-Ayuso exigen a los que no secundan la huelga que les cedan parte del salario para financiar el paro
Pablo Romero-Salazar

Los profesores en huelga de la Comunidad de Madrid plantearon en su última asamblea unitaria, celebrada el 6 de noviembre, nuevas vías para financiar el paro indefinido que mantienen desde el 14 de octubre. Entre ellas figura la propuesta de que los docentes que no secundan la huelga pongan «una parte del salario» para sostener a quienes sí la hacen, según consta en el acta de la reunión.

La propuesta la formuló un representante de la CNT durante el bloque dedicado al «seguimiento e intensificación de la huelga indefinida». Según el acta, planteó «fortalecer las cajas de resistencia», pedir apoyo a otras comunidades autónomas y que «cada persona que no esté haciendo huelga ponga una parte del salario». En la misma intervención admitió la necesidad de «recuperar el seguimiento inicial de la huelga».

No fue la única fórmula que se puso sobre la mesa. Un docente del CEPA Entrevías propuso crear una caja de resistencia unitaria en la que colaboren todas las organizaciones convocantes «de manera proporcional en función de las subvenciones recibidas y el capital económico de cada una». El objetivo, según el resumen del acta, es «pagar multas y repartir dinero a las personas vulnerables que estén haciendo la huelga».

En la misma línea, otro representante de la CNT pidió que «las multas que pone el Estado las paguen los sindicatos subvencionados por el Estado». Entre las organizaciones que convocan la huelga figuran CCOO y UGT, que formaban parte de la mesa que dirigió la asamblea junto a CGT, CNT y la Asamblea Menos Lectivas.

Que paguen los subvencionados

Hasta ahora, la caja de resistencia de Menos Lectivas se canaliza a través de una fundación catalana: la Fundación Coop57, una entidad con sede en Barcelona que ha recibido casi 50.000 euros del Gobierno de Illa. La campaña, alojada en la plataforma de micromecenazgo de la fundación, busca 50.000 euros para que nadie tenga que dejar la huelga por no poder permitírselo.

Las propuestas llegan en un momento en el que los propios convocantes reconocen dificultades. En la apertura de la asamblea, la representante de CCOO situó el seguimiento en torno al 30 y 40% y admitió que el dato no es del todo significativo por la desigualdad entre zonas. Otra docente advirtió que «vamos a tener una bajada de seguimiento». Según la Comunidad de Madrid, la huelga registró este lunes un seguimiento del 7,6%.

Paradójicamente, en la misma asamblea se planteó elaborar infografías sobre lo que cuesta la huelga para trasladar a quienes no la secundan el mensaje de que «no es tan sangrante».

El acta recoge además otras medidas de presión debatidas por los asistentes. Entre ellas, «perseguir la agenda de Zarzalejo para que se sienta a negociar» y pedir a los equipos directivos que se posicionen públicamente y «amenacen con dimitir».

Acoso a Zarzalejo

Estas medidas ya han tenido consecuencias. Este lunes, la Comunidad de Madrid suspendió el acto en el que la consejera de Educación iba a inaugurar la jornada ‘Formación Profesional dual, sus resultados, aprendizajes y perspectivas de mejora’, en el Espacio Bertelsmann, después de que alrededor de un centenar de docentes se concentraran a las puertas. La Unidad de Intervención Policial comunicó que no podía garantizar la seguridad y recomendó suspender el acto. Es el segundo acto en que la consejera se ve obligada a anular por los huelguistas.

Según Zarzalejo, parte de los manifestantes entró por la fuerza, levantó la reja de acceso, forzó las puertas correderas y empujó a los vigilantes y trabajadores del centro. La actuación terminó con 40 personas identificadas y diligencias abiertas por la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La consejera ha anunciado acciones penales y estudia dirigirlas también contra miembros del comité de huelga como posibles inductores. Además, ha advertido que «desde luego no se puede negociar» con quienes «acuden a la violencia y a la agresividad».

Los asistentes a la asamblea debatieron igualmente una consulta telemática a todo el profesorado madrileño. Uno de sus promotores defendió que docentes de los centros movilizados acudan a los no movilizados y «digan a los profesores cómo hay que votar». Las dos preguntas propuestas son si existe «un déficit de inversión en educación pública» y si la consejera «se tiene que sentar a negociar».

El propio debate dejó al descubierto las dudas sobre la representatividad de la asamblea. Una delegada de CCOO afirmó en la reunión que no considera justo «que 300 personas decidan por más de 60.000», en referencia al conjunto de docentes de la región.

La asamblea se celebró sin presencia de la prensa. Al inicio, la moderadora invitó a los medios a salir para «garantizar la confianza y la libertad de intervención».

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