Marlaska desaloja a 8 familias de guardias civiles con bebés en Torrelaguna sin darles una alternativa

La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ha expresado este jueves su más profunda indignación ante el desalojo forzoso e inminente de ocho familias de guardias civiles destinadas en el cuartel de Torrelaguna (Madrid), con niños y bebés, algunos lactantes aún, a su cargo.

Una acción ordenada por la Dirección General de la Guardia Civil que contradice «de manera flagrante los principios de protección social promovidos por el propio Gobierno», señalan desde la asociación. Mientras el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley para proteger a la población vulnerable y extender la suspensión de desahucios hasta 2026, la Dirección General de la Guardia Civil ordena esta expulsión forzosa. Es la doble vara de medir intolerable del Ministerio del Interior y su responsable, Grande-Marlaska», añaden en un comunicado los agentes.

El desalojo se debe a que, según un informe elaborado por una arquitecta que trabaja para el cuartel general de la Guardia Civil, dependiente de Interior, dice que el edificio donde viven no es seguro porque tiene grietas.

Sin embargo, los agentes han pedido que el informe técnico lo haga un arquitecto externo y que valore si, de verdad, el edifico está para desalojar porque en su opinión «las grietas no afectan en nada a la zona donde ellos viven». Por ello, van a recurrir la orden del ministro Marlaska.

Las familias afectadas, que incluyen niños y niñas, algunos de ellos lactantes, están siendo puestas en la calle de un día para otro, sin que se les haya ofrecido una solución habitacional digna. Esta orden, emitida con urgencia extrema y sin que se haya permitido el acceso a técnicos municipales o se cuente con una declaración oficial de ruina que justifique la premura, demuestra según AUGC, «una absoluta falta de empatía y un profundo desprecio a los Derechos de los trabajadores y sus allegados».

AUGC defiende que estos guardias civiles y sus familias son, a efectos prácticos, población vulnerable. Sin embargo, en lugar de ser protegidos por su propia institución, son expulsados de su vivienda oficial no por un «fondo buitre», sino por el Gobierno que critica estas prácticas. Es un escándalo mayúsculo que demuestra cómo los guardias civiles son tratados, una vez más, como ciudadanos de segunda.

La institución se escuda en reglamentos internos obsoletos para llevar a cabo estas políticas de «gestión opaca e inhumana» de las viviendas. AUGC lleva años reclamando la modificación de las normas que regulan el uso de pabellones oficiales y la participación de las asociaciones profesionales en la gestión de esta política habitacional, especialmente en las Juntas de Pabellones.

«Exigimos a la Dirección General de la Guardia Civil que paralice inmediatamente estos desalojos y que se garantice una solución de vivienda para estas ocho familias. La justicia debe ser una realidad también para quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos. Es hora de poner fin a la indefensión y la falta de empatía institucional», subrayan en el comunicado.