Ayuso abre un registro de médicos objetores para que el Gobierno no les obligue a practicar la eutanasia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para que no tengan que practicar la eutanasia que, tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, se ha visto obligada a regular a través de un decreto.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto de desarrollo de la ley estatal de eutanasia, en el que, lo primero que ha hecho, es blindar mediante registro el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y enfermeros directamente implicados en la prestación de esta «ayuda para morir».

Se trata de un registro único para toda la región de naturaleza administrativa que no tendrá acceso público y en la que podrán dejar constancia de su objeción todos los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, de centros públicos o privados. Su finalidad es inscribir esas declaraciones de objeción de conciencia para proporcionar a la Sanidad Pública madrileña la información necesaria para poder garantizar la adecuada gestión de la prestación, a la que está obligada en virtud de la citada Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de la regulación estatal de la eutanasia.

Tal y como ha informado la Comunidad de Madrid, el profesional sanitario podrá revocar de forma telemática la declaración cuando lo considere, pero tendrá efectos, aunque cambie de organización o puesto de trabajo.

Además, el Gobierno ha señalado que pondrá en marcha una Comisión de Garantía y Evaluación, adscrita al Servicio Madrileño de Salud, para dirimir si concurren los requisitos y condiciones establecidas para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir en caso de conflicto.

Este será un órgano administrativo colegiado y multidisciplinar que estará formado por 23 vocales: nueve personas con la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría, Geriatría, Neurología, Medicina Intensiva, Medicina Interna y Oncología; nueve licenciados o graduados en Derecho que cuenten con un máster en bioética, tengan experiencia como miembros de un Comité de Ética Asistencial o con experiencia profesional en el ámbito del Derecho Sanitario; otros tres en Enfermería con actividad asistencial en Atención Primaria o en ámbitos específicos de Atención Hospitalaria; otra en Psicología con actividad asistencial y otra en Trabajo Social con actividad asistencial. Será presidida por un licenciado en Medicina y su vicepresidente tendrá que tener la carrera de Derecho.

La regulación mediante este registro de la objeción de conciencia de los médicos para practicar la eutanasia se torna especialmente importante en un momento en el que varias voces de la izquierda, incluida la ministra de Igualdad, se ha alzado en contra de este derecho fundamental de los profesionales sanitarios para otras cuestiones como el aborto.