La policía investiga a Bomberos en Acción por la evaporación de 600.000€

La ONGD (Organización no gubernamental para el desarrollo) “Bomberos en Acción” se fundó hace años en el parque de bomberos de Cartagena para “intervenir en aquellos países donde se produzcan situaciones de emergencia y/o catástrofes”, tales como terremotos o inundaciones.

Según su ideario, el objetivo de esta organización es “salvaguardar la vida y la integridad de las personas que hayan sido víctimas de dicha catástrofe, actuando con carácter voluntario, humanitario y solidario”.

Constituida como asociación sin ánimo de lucro, la ONGD acometió diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en países del llamado tercer mundo. Estas iniciativas eran financiados y sufragadas por la cuotas de los propios socios, donaciones particulares, así como por las subvenciones y ayudas que recibían de administraciones públicas estatales, regionales y municipales.

En este contexto, ha realizado en los últimos años diversas actuaciones en el continente americano en países como Paraguay, Guatemala, Nicaragua, El Salvador o Haití. También ha estado presentes en otras partes del mundo como Nepal, India, Etiopia o Argelia.

Sin embargo, la sombra de la sospecha se cierne sobre la gestión de la ONGD por parte de algunos de sus directivos en los últimos años, que nada tiene que ver con el trabajo solidario realizado por la mayoría de sus integrantes, así como por el propio cuerpo de bomberos de Cartagena.

Según ha podido saber OKDIARIO, “Bomberos en Acción” está siendo investigada por el grupo de delitos económicos de la Policía Judicial de Cartagena, con la supervisión de un Juzgado de instrucción de la misma localidad murciana, por un presunto fraude que podría superar los 600.000 euros.

Fuentes del caso precisan a este diario que habría ingresos y gastos sin su correspondiente factura por dicho montante. Las pesquisas se centran en la contabilidad durante el periodo 2009-2014. Estas mismas fuentes apuntan que se podrían haber cometido presuntos delitos de fraude, estafa, apropiación indebida o contra la Hacienda Pública.

La instrucción habría comenzado hace casi dos años, tras las denuncias presentadas por varios cargos directivos, que habrían dado la voz de alarma sobre las supuestas irregularidades cometidas durante años.

En este tiempo, la causa habría sido declarada compleja y algunos de los miembros de la junta directiva han declarado en varias ocasiones ante agentes de la comisaría general de Policía Judicial de Murcia y Cartagena.

Las irregularidades investigadas

Actualmente, los investigadores analizan diversa documentación aportada a la causa, donde se recogen numerosas irregularidades como el “descontrol total y absoluto de las cuentas, inexistencia de libros de contabilidad, balances de cuentas y justificaciones de proyectos realizados que no se ajustan a la realidad, falsificación y alteraciones de las actas de distintas juntas directivas, impago del Impuesto de Sociedades, extracción y extravío de dinero en efectivo sin justificar”.

También se investiga el “cobro y pago de cheques”, “compras con tarjetas de crédito”,  “retirada de efectivo mensual de una cantidad fija y constante”, “emisión y cobro de facturas por la realización de actividades de ámbito mercantil sin declarar”, «falsificación de facturas en origen por supuestas compras de materiales en países donde se desarrollaban los proyectos» o la “obtención de beneficios particulares mediante la venta de material donado».

También se analiza si los ingresos generados por las cuotas de los socios «no están declarados, ni registrados”, así como “los ingresos por venta de loterías, merchandising, espectáculos en locales privados con venta de entrada”.

Por último, se pone analiza la presunta “utilización de subvenciones a proyectos presentados y realizados para la obtención de ‘beneficios’ económicos particulares”. De hecho, las cuentas de varios ejercicios “no han sido presentadas en Hacienda, ni en el registro de asociaciones, ni se aprobaron internamente en el seno de la ONGD”.

El presidente “desconoce” el caso

“Bomberos en Acción” estaba conformada en 2014 aproximadamente por 400 socios, una cantidad que se habría reducido notablemente en la actualidad. De hecho, había sedes y delegaciones en Cartagena, Valencia, Murcia, Málaga, Almería, Canarias o en otros países como Nicaragua o El Salvador, donde se llevaban a cabo algunos de los proyectos ahora investigados.

Pese a que la instrucción del caso está abierta desde hace 2 años, el actual presidente de “Bomberos en Acción”, Joaquín Ruiz Zamora, ha negado a OKDIARIO «conocer» la existencia de dicha investigación.

Ruiz Zamora ha evitado además pronunciarse sobre la irregularidades denunciadas en el seno de la ONGD y ha afirmado que las cuentas desde que él ocupa la presidencia en 2015 “son claras”.