La corrupción del PSOE no cesa: la Fiscalía pide 8 años de prisión para el ex diputado Tito Berni por cohecho y prevaricación

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra 16 personas en el caso Tito Berni, instruido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, solicitando penas, tal como adelanta OKDIARIO, de hasta ocho años de prisión para los principales implicados en una presunta trama de corrupción que habría operado en las Islas Canarias entre mediados de 2020 y mediados de 2021.

Entre los encausados figuran un diputado nacional –el socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo–, el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y un general de División de la Guardia Civil, acusados de haber vendido su influencia a empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables a cambio de dinero en efectivo, regalos y servicios de prostitución.

El escrito de acusación, firmado por el fiscal Jaime Serrano-Jover González, describe una organización criminal con roles perfectamente definidos. El mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte se habría encargado de captar a los empresarios. El diputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el ex director general de Ganadería Taishet Fuentes —tío y sobrino— habrían aportado la cobertura institucional.

El general de División Francisco Espinosa Navas, que ejercía responsabilidades públicas en la fundación FIIAPP dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, habría ofrecido sus contactos africanos para contratos de energías renovables.

La mecánica era siempre la misma: el mediador contactaba con el empresario, le prometía favores administrativos o contratos públicos y le exigía un primer pago a la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, entidad que presidía el diputado nacional. El número de cuenta de ese club aparece mencionado en decenas de mensajes de WhatsApp incorporados a la causa.

Cohecho en Canarias

Uno de los episodios más detallados en el escrito afecta a un empresario, administrador de la empresa láctea Biogranja Montesdeoca SL. La Intervención General del Gobierno de Canarias había detectado irregularidades en subvenciones concedidas en 2017 por valor de 74.099,56 euros, y tramitaba un expediente sancionador con una multa inicial valorada en 98.799,42 euros.

El exdirector general de Ganadería, según el fiscal, filtró los datos personales del empresario al mediador el 6 de noviembre de 2020 para que le ofreciera sus servicios. Nueve días después, el empresario había transferido dinero a la cuenta de la asociación deportiva y 6.500 euros repartidos en dos pagos a la cuenta de la pareja del mediador.

El procedimiento sancionador quedó paralizado durante meses. Finalmente, el 2 de junio de 2022, la Secretaría General de la Consejería de Agricultura resolvió la prescripción de la infracción, evitando la multa.

El fiscal sostiene que esa dilación fue «consciente», ya que los funcionarios implicados «tenían a su disposición los mecanismos oportunos para impulsar la tramitación del expediente».

Otro bloque del escrito describe cómo el diputado nacional recibió en su teléfono los pagos de distintos empresarios con mensajes sospechosos.

Prostitución

Los servicios de prostitución aparecen de forma recurrente en el escrito como moneda de cambio. El fiscal documenta varios episodios en los que el mediador contrató dichos servicios en hoteles de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, cargando los gastos a cuentas controladas por él. En uno de esos casos, el propio mediador aclaró al diputado que el gasto «lo paga A.», en referencia al empresario lácteo.

Para dar apariencia legal a los pagos, el administrador de Hispano Robysa SL, habría emitido facturas ficticias bajo el concepto de «asesoramiento industrial».

Una de ellas, por 5.622,25 euros, llegó a incorporarse a la declaración fiscal del empresario lácteo, produciendo lo que el fiscal denomina «efectos en el tráfico jurídico mercantil y en el ámbito fiscal». Otras cuatro facturas, por importes que van desde los 3.855 hasta los 10.589 euros, no llegaron a circular pero estaban «en condiciones aptas» para hacerlo.

Estafas

El escrito recoge también estafas a ganaderos de Fuerteventura a quienes se prometió resolver expedientes administrativos imposibles. El director general facilitó datos de los expedientes de los ganaderos —obtenidos en el ejercicio de su cargo— al mediador, quien se presentaba luego en las fincas con propuestas de regularización.

En uno de esos casos, el ganadero entregó 6.600 euros en efectivo. Meses después, al ver que nadie hacía nada, envió un message al mediador advirtiéndole de que «se han llevado tú y tu socio 6.000 euros míos para tramitarme una licencia».

El fiscal solicita para el diputado y el ex director general seis años de prisión por cohecho continuado, doce de inhabilitación para cargo público y dos años adicionales por pertenencia a grupo criminal. Para el general, un año de prisión por cohecho y tráfico de influencias. La atenuante de colaboración con la justicia ha beneficiado únicamente a une empresario cuya pena solicitada se reduce a cinco meses.

El caso ilustra una forma de corrupción de baja intensidad pero alta eficacia: no hacen falta grandes sobornos cuando basta con una foto en el Congreso, el número de cuenta de un club de fútbol y el cargo de director general para convencer a un empresario asustado de que alguien le puede salvar.