La UDEF asegura que Zapatero cobró 200.000 € por mediar a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un nuevo informe en el que asegura que el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado 200.000 euros por ejercer influencia ante autoridades bolivianas en beneficio del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano con presencia en varios países de Sudamérica.

La remuneración, según los investigadores policiales, habría quedado encubierta mediante contratos de asesoría ficticios, la misma dinámica detectada en la pieza española de la causa.

Según el informe policial, los 200.000 euros habrían llegado a Zapatero en tres transferencias realizadas entre 2024 y 2025, procedentes de la sociedad peruana Focus Social Research SAC, a través de un contrato de asesoría firmado en mayo de 2024.

La UDEF sostiene, sin embargo, que los servicios reales no guardaban relación con esa empresa —presentada como mera sociedad interpuesta—, sino con los litigios millonarios del Grupo Gloria en Bolivia.

En concreto, las gestiones habrían estado orientadas a influir en el denominado caso Soboce contra Fancesa, un pleito por competencia desleal en el que estaban en juego unos 107 millones de dólares. Una cifra que convierte el asunto en algo más que una querella mercantil ordinaria y que explica el interés del grupo peruano en movilizar contactos al más alto nivel político.

Reuniones con el presidente Arce

El informe de la UDEF detalla gestiones concretas para concertar reuniones de Zapatero con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente socialista Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia, y el procurador general del Estado.

Una agenda de contactos que los investigadores consideran incompatible con los servicios de asesoría que figuran en el contrato firmado con Focus Social Research.

Clave: el teléfono de Gertru

La clave para reconstruir esta trama habrían sido las conversaciones halladas en los teléfonos de Gertrudis Jiménez, secretaria de Zapatero, cuyo análisis habría permitido a los agentes trazar el vínculo real entre los pagos recibidos y las gestiones efectivamente realizadas. Cuando el juez instructor preguntó a Zapatero por Focus Social Research durante su declaración como investigado, el ex presidente prefirió no responder sobre esta sociedad.

La tesis policial es que todo el entramado respondería a «una organización dedicada al ejercicio de influencias ilícitas a cambio de remuneración, justificada mediante contratos de asesoría simulados», según recoge el informe. Una estructura que los investigadores califican de sistemática y no de episódica.

‘Caso Plus Ultra’

La causa tiene su origen en el rescate público de más de 53 millones de euros concedido durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, una compañía de reducida flota y escaso tráfico de pasajeros que recibió fondos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Aeronáuticas del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Desde el principio, la instrucción puso el foco en la posible concurrencia de intereses políticos en esa decisión.

Con el tiempo, la investigación ha ido ampliando su radio de acción hasta incorporar nuevas líneas que trascienden el rescate inicial y se adentran en presuntas operaciones de intermediación en América Latina. En ese contexto, la figura de Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 y activo mediador internacional desde entonces, ha ido adquiriendo un peso creciente en el procedimiento.

El juez Calama ha citado además a declarar como investigado a Julio Martínez Martínez, conocido como Julito y señalado por la investigación como presunto testaferro de Zapatero, para el próximo 21 de julio. Su comparecencia se perfila como una nueva jornada procesal relevante en una causa que acumula hitos con celeridad creciente.

Lo que comenzó como una investigación sobre un rescate aeronáutico en plena pandemia se ha convertido en una de las causas judiciales más tentaculares y políticamente gravosas de la España reciente. Con un ex presidente investigado, una secretaria cuyos mensajes han resultado ser piezas clave del puzle, y ramificaciones que llegan hasta La Paz pasando por Lima, el caso Plus Ultra tiene todos los ingredientes de un lío judicial de largo recorrido. El desenlace, a estas alturas, es la única incógnita que nadie se atreve a despejar.