El marido magistrado de la juez de la DANA propuso sancionar al PP de Valencia en las elecciones europeas
Jorge Martínez Ribera abrió expediente sancionador a María José Catalá a raíz de una denuncia de Compromís
El esposo de Nuria Ruiz Tobarra asiste a la instructora pese a estar adscrito a otro juzgado, como ha revelado OKDIARIO


Jorge Martínez Ribera, marido magistrado de la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, propuso sancionar al PP de Valencia en la precampaña de las pasadas elecciones europeas a raíz de una denuncia de Compromís sobre un supuesto incumplimiento de la ley electoral por parte de la alcaldesa, María José Catalá. Sin embargo, el expediente sancionador incoado por Martínez Ribera como presidente de la Junta Electoral de Zona (JEZ) fue luego archivado por la Junta Electoral Provincial (JEP) a raíz de un recurso del Partido Popular.
Esta actuación contra el PP por parte del esposo de Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la tragedia de la DANA del 28 de octubre de 2024, resulta significativa en tanto Martínez Ribera asiste a su mujer en esta instrucción, tal y como reveló OKDIARIO en exclusiva este miércoles con imágenes de ambos en la sala de vistas. Y es que este magistrado pertenece a otro juzgado de instrucción, al número 4 de Valencia, y no al de su esposa, que es titular del número 3 de Catarroja. Ahora mismo, ambos juzgados comparten edificio en la Ciudad de la Justicia de Valencia tras los destrozos de la DANA en Catarroja.
La Junta Electoral de Zona presidida por Martínez Ribera -como publicó el diario Levante- abrió expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Valencia por la difusión y publicación en redes sociales de un anuncio de la alcaldesa, María José Catalá, sobre la puesta en marcha de un nuevo albergue en la capital para prestar atención permanente a las personas sin hogar.
Según la JEZ, que nombró al propio Martínez Ribera como instructor de este caso, tales hechos podían vulnerar el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que establece que desde la convocatoria de las elecciones (fue aquí el 16 de abril de 2024) y hasta su celebración «queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos».
La resolución de la JEZ -adoptada tras analizar las alegaciones del propio Ayuntamiento de Valencia- tiene fecha del 13 de mayo, apenas 11 días antes del inicio de la campaña de los comicios europeos del 9 de junio de 2024. En la denuncia, Compromís -integrado en la candidatura de Sumar- hizo referencia a las declaraciones realizadas por Catalá el 6 de mayo, cuando avanzó que el Consistorio tenía previsto convertir una nave municipal de la calle Santa Cruz de Tenerife en un nuevo albergue para atender principalmente a familias con niños. Catalá realizó estas afirmaciones después de reunirse con responsables de la Orden Sant Joan de Déu, según recogió la cadena Ser.
Desde el PP, su portavoz en el Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, calificó de «inmoral y lamentable» que a Compromís «le fastidie» que el Ayuntamiento dé soluciones a las personas sin hogar, cuando en los 8 años anteriores no se hizo nada por ellos bajo mandato del nacionalista Joan Ribó. «Compromís pensando en los votos y en las elecciones, cuando este Gobierno lo que hace es gestionar y trabajar para atender los problemas de la gente», lamentó Caballero, según informó Levante.
Tras la incoación del expediente sancionador por parte de Martínez Ribera, el PP presentó un recurso de alzada ante la Junta Electoral Provincial, que dio carpetazo a la denuncia de Compromís y enmendó la decisión del marido de la juez de la DANA, según fuentes municipales.
OKDIARIO reveló este miércoles imágenes exclusivas que muestran al marido de Ruiz Tobarra presente en la sala de vistas -espacio reservado a las partes- después de la declaración de un testigo, y con los funcionarios todavía dentro trabajando, incluida la secretaria judicial del juzgado. A su lado también aparecen otras dos funcionarias que son las encargadas de transcribir las declaraciones. Ellas permanecen en la sala de vistas con el ordenador encendido, que es fácilmente visible para Martínez Ribera. Este magistrado, adscrito a otro juzgado, adopta en la imagen la pose de quien está supervisando el procedimiento. Hasta se le puede ver hablando, junto a su mujer, con la secretaria judicial.
«Causa de nulidad»
Diversas fuentes aseguran a este periódico que no es la primera vez que puede verse a este magistrado, bien en las inmediaciones o incluso dentro del juzgado de su mujer, cuando practica diligencias sobre el sumario de la DANA. Por ejemplo, según el relato de estas fuentes, Martínez Ribera estuvo presente al inicio de la instrucción cuando las familias afectadas ratificaron sus denuncias. Tales fuentes subrayan que este juez llegó a estar presente dentro de la sala de vistas de su esposa, sin hacer preguntas, pero «dando indicaciones».
«El marido no es que esté en la puerta, es que el marido ha estado en sala tomando declaración junto con ella, sentado a su lado, incluso dando alguna indicación de cómo traducir o de cómo poner las cosas que posteriormente figurarían», explican las mencionadas fuentes. Su repetida presencia ha llamado la atención de muchos presentes, que han llegado a confundirlo con un funcionario del juzgado.
Como ha publicado OKDIARIO a partir de fuentes cercanas al caso, la supuesta intromisión del marido de la juez de la DANA preocupa especialmente, puesto que sería abiertamente contraria a Derecho. Y, de hecho, podría llegar a ser «causa de nulidad».
La inquietud ha llegado a tal punto que algunos letrados están considerando elevar la cuestión a instancias superiores, ya que esta presunta injerencia podría vulnerar el derecho a un juicio justo con todas las garantías y a una instrucción imparcial e independiente, además de afectar al derecho fundamental del juez predeterminado por la ley.