Granados viajó a Panamá para expandir los contratos de reputación investigados en Púnica

Foto Francisco Granados en Panamá.
Foto Francisco Granados en Panamá.

Francisco Granados también viajó a Panamá y según la UCO para ayudar al informático Alejandro de Pedro a expandir los contratos de reputación ‘online’ a políticos. Dichos contratos son investigados en el marco del caso Púnica por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

OKDIARIO publica una foto de Granados incluida en el sumario de la trama corrupta tomada durante su viaje al país americano en el 2013. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quedó evidenciado «el viaje» de De Pedro, el ex alcalde socialista de Cartagena imputado, José Antonio Alonso Conesa, y el ex dirigente popular a Costa Rica y Panamá. Un viaje que supuestamente habría sido pagado por el informático De Pedro y «en el cual presuntamente se visitaron a determinados cargos públicos y/o políticos de esos países».

Los agentes apuntan en su informe que «únicamente se tiene conocimiento de la facturación» de la empresa EICO de De Pedro por los servicios prestados a la Alcaldesa de Panamá de entonces. Los investigadores añaden que «si bien Granados pudo visitar durante su viaje a otro tipo de autoridades, concretamente se ha obtenido una imagen que infiere la presencia de éste en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá».

Foto de Francisco Granados en Panamá.
Foto de Francisco Granados en Panamá.

En el informe de la UCO al que ha tenido acceso este diario, los agentes concluyen que se instrumentaron «estructuras societarias internacionales domiciliadas en jurisdicciones ‘offshore’ para ser utilizadas en operaciones de blanqueo de capitales». Los investigadores destacan «la existencia de operativas ficticias de tipo financiero para encubrir movimientos de fondos provenientes de actividades ilícitas» y la «disponibilidad de fondos provenientes de actividades criminales relacionadas con la corrupción».

Por último, sostienen que se acredita la «influencia ejercida sobre funcionarios y/o cargos públicos para la adjudicación de contratos y/o servicios a sociedades vinculadas a las principales personas investigadas».

Recordamos que según las fuentes jurídicas del caso consultadas por OKDIARIO, la contratación de los servicios de reputación online por parte de políticos “no son delito”, a menos que se efectúe con “dinero público y el beneficio sea personal y no institucional”. Si no se acredita “este beneficio personal”, simplemente se trataría de “una campaña de marketing online”.

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