Un funcionario denuncia el enchufe de la prima de Trapero y de 14 altos cargos más en la Generalitat

La Audiencia Provincial de Barcelona revisa la denuncia presentada por un funcionario de la Generalitat de Cataluña contra el «nombramiento a dedo» de la prima del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y de otros 14 altos cargos de la Consejería de Interior que dirige Joaquim Forn.

Iluminada López Trapero es la jefa de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Interior catalana. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, «se trata de una trama organizada que obedece a una lógica clientelar y nepotista» cuya finalidad «no puede ser otra que el control político del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña».

El sindicato de los Mossos, USPAC, ya denunció el ascenso de la prima de Trapero el pasado año. Entre las funciones de Iluminada López Trapero, se encuentran la ejecución de la política preventiva, así como elaborar y ejecutar los planes y los programas de prevención de riesgos laborales en el Departamento de Interior.

En julio, se presentaba la denuncia que recaía en el Juzgado de Instrucción nº 24 de Barcelona. El escrito señalaba la responsabilidad de 4 secretarios generales del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña y de la subdirectora de Recursos Humanos.

Según el escrito, dichos nombramientos habrían tenido lugar «con total ausencia del preceptivo procedimiento legal de concurso de méritos, sin publicidad alguna, sin concurrencia, que pueden ser constitutivos de delito de prevaricación o de trafico de influencias. Ello puede explicar los recientes hechos sucedidos en Cataluña y cómo muy posiblemente actuarán esos funcionarios que deben estar agradecidos a quienes les han nombrado, son los llamados ‘estómagos satisfechos’” afirma.

«No estamos ante meras ilegalidades», añade, «sino resoluciones arbitrarias de nombramiento ‘a dedo’ de funcionarios en puestos de trabajo de responsabilidad consecuencia del nepotismo y corrupción que desgraciadamente asola nuestra autonomía. Se trata de una trama organizada que obedece a una lógica clientelar y nepotista. La finalidad no puede ser otra que el control político del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, donde se mantiene durante años a esos funcionarios en esos puestos de trabajo de responsabilidad».

La denuncia especifica el nombramiento del jefe de Administración de la Región Metropolitana Norte, el jefe de Ayuda y Planificación de Personal, la jefa de Administración de Servicios Centrales de Mossos del Complejo Central de Sabadell, la jefa de Asesoramiento Jurídico, la jefa de Administración de la Región Policial de Gerona y la también jefa de Administración de la Región Pirenaica Occidental.

En julio, el juzgado de Instrucción nº 24 de Barcelona dictaba un auto de incoación y sobreseimiento provisional, donde se afirmaba que los hechos «hacen presumir la existencia de infracción penal». La parte denunciante presentaba entonces un recurso de reforma por entender que no se cumplen los motivos para acordar el sobreseimiento provisional.

Dicho recurso era desestimado por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito, y dado el principio de intervención mínima del derecho penal», lo que ha llevado al funcionario denunciante a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que aún no se ha pronunciado.

La respuesta de la Generalitat

La Generalitat de Cataluña argumenta que la publicación de ofertas «no es obligatoria». Según el denunciante, esta respuesta es «ilógica, y contraria a Derecho» y es una «argumentación torticera y tergiversada de la legalidad administrativa». 

En la denuncia se destaca que se siguen realizando «nombramientos ‘a dedo’, que no sólo son ilegales, sino además, totalmente arbitrarios, e irrazonables: funcionarios con titulaciones sin relación alguna con el cargo y a las funciones a ejercer, en muchos casos con relaciones familiares de implicaciones políticas y amiguismo… que explican ese secretismo y el control político que viene realizando la Generalitat de Cataluña».

Dichas designaciones, añade, «han imposibilitado a ningún otro funcionario acceder a esos puestos de trabajo, donde se conocen relaciones familiares, donde los estudios realizados y la experiencia profesional no tienen relación con ese puesto de trabajo obtenido ilegalmente, suponen ese plus de arbitrariedad y de dolo necesario para instruirse procedimiento penal».

«La Generalitat debería haber actuado diligentemente, haber convocado legalmente esos concursos de méritos, pero no solo no lo ha hecho, sino que ha seguido realizando nombramientos ‘a dedo’, como el de la propia Iluminada López Trapero», concluye.

Por último, el denunciante reclama como diligencias de investigación la solicitud al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña de los expedientes administrativos que han posibilitado el nombramiento “a dedo” de los funcionarios en las fechas señaladas que se informaron por la Comisión de la Transparencia, y los demás por el cargo que ostentan al desconocerse la fecha por su falta de publicidad.