Anticorrupción se querella contra el Gobierno socialista de Canarias por el caso de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción de Canarias se ha querellado contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, por autorizar el pago de cuatro millones de euros que el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres adjudicó a una empresa a cambio de un lote de mascarillas que nunca fue entregado. El Ministerio Público también ha ejercido acciones legales contra RR7 United SL, la empresa adjudicataria.

De esta manera, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, aprecia que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. En la querella, registrada este martes, la Fiscalía pide que también se investigue por esos hechos a la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez. Los ya investigados forman parte del Ejecutivo del PSOE que gobierna las islas.

En los últimos meses, Anticorrupción había solicitado a la Consejería de Sanidad los contratos con RR7 United, la empresa adjudicataria del contrato de emergencia con el SCS para la compra del material sanitario, del 25 de mayo de 2020.

También había pedido resoluciones o informes jurídicos en el marco de unas diligencias preliminares de investigación en las que tomó declaración a los implicados, así como a varios funcionarios, sobre el contrato, además de al denunciante de los hechos, un empresario canario. Este último había pedido que se investigaran 59 operaciones de compra de material contra el coronavirus realizadas por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, por valor total de 32 millones de euros.

Desde abril

Como ha publicado OKDIARIO durante esta semana, los tribunales están investigando este caso desde el pasado mes de abril. De hecho, el propio consejero de Sanidad, el también socialista Blas Trujillo, compareció en el Parlamento regional en mayo para dar explicaciones. Por su parte, la directora de Recursos Económicos decidió resolver el contrato adjudicado a RR7 United SL al no haber recibido la partida de un millón de mascarillas por las que había abonado por anticipado cuatro millones de euros y exigió el reitengro de los fondos.

Posteriormente, RR7 United presentó un escrito en el que exponía su intención de cumplir con lo pactado y efectuar cuanto antes la entrega del material contratado. Ante la imposibilidad de suministrar las mascarillas N95 de la marca 3M, como se había comprometido, solicitó autorización para el cambio de modelo por otras tipo FFP3 NRD, del fabricante Honeywell, y que se dejase sin efecto la resolución del contrato.

Según recogen los documentos publicados en el Portal de Transparencia, el SCS accedió a ese cambio al estimar que “se mantenía la necesidad del material objeto de contratación” y por “principios de interés público, racionalidad y eficiencia”.Para ello, contactó con la empresa a efectos de valorar la modificación propuesta y ajustar el contenido de la prestación a los precios actuales de mercado, considerando que se mantenía el equilibrio económico del contrato con un incremento en el número de unidades a suministrar del 20% (se pasaba de 1 a 1,2 millones de mascarillas).

Sin embargo, RR7 United tampoco entregó las mascarillas Honeywell, por lo que Sanidad volvió a resolver el contrato. El Gobierno canario no llegó nunca a poder usar las mascarillas ni tampoco recuperó el dinero adelantado a RR7, que, además, carecía de experiencia en el sector sanitario. Ahora, el objetivo de la Fiscalía es averiguar dónde están los cuatro millones de euros que el Ejecutivo del PSOE pagó por las mascarillas que nunca fueron entregadas.