Siete menores fueron ejecutados en Irán en 2018 y 90 esperan en el corredor de la muerte

Irán
El presidente iraní, Hasán Rohani.

Siete niños y niñas fueron ejecutados en Irán durante el año pasado, de un total de 253 personas a las que le fue aplicada la pena capital en el país de Oriente Medio. Además, 90 personas que eran menores de dieciocho años en el momento de la comisión de presuntos crímenes esperan ahora en el corredor de la muerte. Estas han sido las principales conclusiones aportadas por el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javaid Rehman, que, en una conferencia de prensa, ha alertado del deterioro de la protección de los menores en la nación persa.

El relator se ha mostrado “alarmado” con el caso especial de Zeinab Sekaanvand, una niña que, a sus 17 años, asesinó a su marido en 2012. Ella, que había sido víctima constante de violencia de género durante su matrimonio, fue obligada a hacer una confesión falsa y se le negó el derecho a un abogado. Finalmente, fue ejecutada el 2 de octubre de 2018, cuando tenía 24 años. Su caso representó una “injusticia pura”, en palabras de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “La conclusión es que era una menor en el momento en que se cometió el delito, y el derecho internacional prohíbe claramente la ejecución de delincuentes juveniles”, advirtió al respecto la funcionara de la ONU

En esta línea, cabe destacar que el derecho internacional postula, expresamente en el artículo 37 de la Convención de los Derechos de los Niños de 1990, que “no se impondrá la pena capital ni la de prisión permanente sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos a las personas menores de dieciocho años de edad”. Así, en la esfera supranacional, está totalmente prohibido la aplicación del máximo castigo en los menores, por lo que cualquier sentencia de este tipo viola el derecho internacional.

Sin embargo, la legislación iraní contempla la aplicación de la pena de muerte a los menores -el criterio de ser “menor” queda a disposición de los tribunales, pues son ellos los que deben dirimir cuándo una persona ha alcanzado la madurez: en el caso de los niños suele ser los 15 años y en el caso de las niñas, los 9- en los delitos juzgados por el procedimiento de qisas, es decir, la justicia retributiva de “ojo por ojo”. Esto significa que los delincuentes juveniles pueden ser castigados con la pena de muerte en casos de asesinato. Desde que se aplicara este criterio en el año 2013, Rehman ha informado de que, en total, 21 niños y niñas han sido sentenciados a muerte. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés), ha denunciado esta práctica constantemente. En una nota publicada el 9 de mayo de este año, la agencia exhortaba al Poder Judicial iraní a que implementara “la circular que exige a los jueces que no condenen a muerte a los niños” y que se ordenase “el enjuiciamiento de todos los menores delincuentes en el corredor de la muerte sin recurrir a la pena capital de conformidad con el derecho internacional”.

A nivel general, el relator explica que, a pesar de que el número de ejecuciones “ha sido significativamente bajo” en comparación con los años anteriores, la tasa sigue permaneciendo como una de las más altas del mundo. Mientras que en 2017 fueron ejecutadas 507 personas, el año pasado sufrieron la pena capital 253 personas, lo que implica una reducción de cerca del 50%. En lo que va de 2019, por su parte, Rehman ha documentado al menos 173 ejecuciones.

De acuerdo con el último informe publicado por Amnistía Internacional sobre esta materia, ‘Death sentences and executions: 2018’, se registraron, al menos, 690 ejecuciones en todo el globo -el nivel más bajo de la última década-. En la clasificación de países con mayor aplicación de la pena capital, Irán ocupaba la segunda posición, solo por detrás de China, país del que se desconocen las cifras exactas.

La falta de libertades

Rehman también se ha referido a la situación que padecen los defensores de los derechos humanos en Irán. “Aquellos que piden el respeto de los derechos humanos han sido intimidados, hostigados, arrestados o detenidos”, ha señalado al respecto. “Entre septiembre de 2018 y julio de 2019, al menos ocho abogados prominentes fueron arrestados por defender a presos políticos y defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales han recibido largas condenas”. Merece atención especial, en este punto, el caso de Nasrin Sotoudeh, abogada iraní de 56 años que fue condenada en marzo de este año a 38 años de cárcel y 148 latigazos. Su delito fue, de acuerdo con la Justicia iraní, difundir información contra el Estado, de insultar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y de espiar. Una de las acciones que las autoridades justificaron como estos crímenes fue, entre otras, que se quitaba el pañuelo de la cabeza durante las visitas a las prisiones, donde defendía a mujeres que protestaron pacíficamente contra la imposición del hijab y que acabaron en la cárcel.

“Luchar por los derechos humanos. Eso es lo que ha hecho Nasrin toda su vida. Como abogada, defendía a las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes sobre el uso del velo o hijab”, ha denunciado Amnistía Internacional en reiteradas ocasiones.

En esta línea, se ha manifestado el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos en Irán (CHRI, por sus siglas en inglés), Hadi Ghaemi: “El poder judicial iraní primero fue tras los periodistas, activistas y disidentes. Ahora va tras su única línea de defensa”, ha lamentado el dirigente.

Desde enero de 2018, al menos 32 personas han sido detenidas por protestar contra las leyes que estipulan la obligatoriedad de portar el velo. Los miembros de las minorías étnicas y religiosas, así como los opositores políticos -mayoritariamente aglutinados en el movimiento MEK o PMOI (Mojahedin Khalq), organización que primero apoyó la subida al poder del ayatolá Alí Jamenei, y posteriormente “rompió con su estado teocrático y tomó las armas en su contra, en apoyo de la democracia”, según explica el analista Geoffrey Robertson, de la Fundación Abdorrahman Boroumand-, también se configuran como objetivo de las autoridades judiciales iraníes, según expone Rehman. Los trabajadores culturales y los artistas también son colectivos que están en el punto de mira. “Están sujetos a arrestos y detenciones arbitrarias por su participación en una variedad de actividades pacíficas como la defensa del uso de idiomas minoritarios, por organizar o participar en protestas pacíficas y por afiliarse a partidos de oposición”, indicó al respecto el relator.

Por ello, Rehman ha advertido de que los derechos humanos en Irán afrontan una situación vertebrada por “factores angustiantes”, entre los que se incluye el impacto de las sanciones económicas impuestas, fundamentalmente, por Estados Unidos. Esto ha derivado “en graves consecuencias para la realización de los derechos sociales”. Sin embargo, al ser preguntado sobre esta cuestión, el relator ha asegurado que “las sanciones no son el factor único y exclusivo que está teniendo efectos sobre el escenario iraní”, puesto que sigue habiendo “violaciones de derechos humanos, represión, mala gestión, errores judiciales (miscarriage) y ausencia de responsabilidad”, que, combinado con las sanciones, perjudica el desarrollo del país en materia de derechos.

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