Iván Duque: «Si llego a la Casa de Nariño, quiero una mujer como vicepresidenta de Colombia»

Hace unos meses, OKDIARIO realizaba una semblanza de Iván Duque (Bogotá, 1976) y lo incluía en la nómina de los ‘nuevos políticos’. Ahora, es el candidato del Centro Democrático (CD) uribista a la Presidencia de Colombia. El pasado marzo, hablábamos de él como la posible sorpresa de la enorme carrera que se había formado en el uribismo por aprovechar la oportunidad. El actual presidente, Juan Manuel Santos, no ha sabido capitalizar políticamente el presumible fin de la violencia de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La sociedad está dividida prácticamente por la mitad y casi dos tercios desconfían de que las FARC cumplan su palabra.

Entonces, Duque mostró las claves de su proyecto a este periódico: quiere reconciliar a los colombianos, pero no se centra únicamente en el fin del narcoterrorismo. Es más, sus primeras recetas se centran en la economía: “Recuperación de la economía colombiana a partir de la inversión, la simplificación del sistema tributario, la reducción de gastos innecesarios, la lucha contra la evasión y el contrabando”.

Éste era el plan en marzo. Ahora atiende a OKDIARIO y la Revista Zeta por teléfono en plena campaña para apuntalar la nominación de la coalición con los conservadores —se medirá con Alejandro Ordóñez o Marta Lucía Ramírez, quien suena como su vicepresidenta en caso de su confirmación— y después, quién sabe, las presidenciales de mayo.

PREGUNTA.– ¿Se ve usted como el principal favorito de la alianza entre los conservadores y los uribistas?

RESPUESTA.– Más que verme como favorito, llevo trabajando intensamente desde hace mucho tiempo recorriendo el país y ganado afecto ciudadano para salir adelante como candidato del CD y seguir hacia la Presidencia de la República.

P.– ¿Qué le puede decir a los sectores más duros de su partido y algunos del Partido Conservador que lo tachan a usted casi de izquierdista?

R.– Primero, yo no reconozco enemigos dentro del CD ni dentro de la coalición. Nuestro principal objetivo se llama Colombia y lo que queremos es que el país recupere la legalidad y su economía, y que podamos construir medidas que beneficien a la población más vulnerable del país, basado en la sostenibilidad financiera y el mejor impacto posible. Yo he trabajado al lado del presidente Uribe desde el año 2002 y siempre lo he hecho bajo los principios de su legado. Espero seguirlo defendiendo como candidato a la presidencia del CD, ganar dentro de la coalición y ser el presidente de los colombianos.

P.– ¿Qué condiciones debe reunir el próximo presidente de Colombia?

R.– Yo creo que debe ser una persona que tenga muy claro cuál debe ser la agenda de recuperación económica del país, que tenga una gran firmeza ética y moral, que sea capaz de construir consensos y que tenga el pulso firme para defender sus principios anteponiendo siempre el interés general sobre cualquier tipo de presión. El presidente de la República debe gobernar para todos los colombianos… y también debe representar al 73% de los colombianos menor de 45 años. Y yo creo que reúno esas condiciones, no sólo porque hago parte de ese 73% que quiere un país moderno que permita recuperar la economía, mejorar los programas sociales e imponer la legalidad, sino porque también tengo absolutamente claro que hay que superar los debates de izquierda y derecha y mirar hacia el futuro.

P.– ¿Está el pueblo colombiano dividido al 50% tras el plebiscito de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC?

R.– John F. Kennedy decía que se pueden ganar elecciones con el 50% de los votos pero no se puede gobernar un país con el 50% en contra. El presidente Santos quiso dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, y ése fue un grave error. Todos los colombianos queremos la paz, todos los que votaron en el plebiscito, todos sin excepción, queremos la paz, los que votamos por el NO y los que lo hicieron por el SÍ. Y lo que nosotros debemos buscar, llegando a la presidencia de la República, es unir al país en torno a la paz basada en el triunfo de la legalidad sobre el criminal y no que los criminales dobleguen las instituciones de acuerdo a sus intenciones de impunidad.

P.– Si es usted el candidato de la coalición, ¿quién será su vicepresidente?

R.– Yo no he pensado en nombres, porque en este momento mi interés es consolidar la nominación. Pero sí tengo un gran anhelo y es que tengamos una mujer vicepresidenta. Quiero ver a la primera mujer siendo vicepresidenta de la República, y espero además que la mujer colombiana juegue un papel estratégico y protagónico de un Gobierno de Iván Duque.

P.– ¿Qué haría usted con los acuerdos de Santos y Timochenko para el fin de las FARC? Dígame tres medidas concretas.

R.– Hay que hacer reformas estructurales para que no se amenace la institucionalidad de nuestro país. Primero, el narcotráfico no debe ser amnistiable bajo la idea de que sea un delito conexo al delito político. Porque es un incentivo a que el narcotráfico sea el combustible de los grupos armados ilegales. Segundo, la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos debe ser obligatoria y no voluntaria, porque esto genera incentivos perversos para que el país siga aumentando sus cultivos ilícitos, que alcanzaron en los últimos meses una cifra superior a la que teníamos antes del Plan Colombia al final de 1999. Tercero, armas y dineros que aparezcan ocultos de las FARC deben implicar que los cabecillas pierdan todos los beneficios, porque se habría configurado una burla al pueblo colombiano que pone en riesgo la seguridad nacional.

P.– ¿Algo más?

R.– Otra cosa, la Justicia especial no puede ser para que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad puedan aspirar a cargos de elección popular sin haber cumplido con sus penas, dicho toda la verdad y reparado a las víctimas. Y por último, aunque serían más cosas pero estás son las más importantes, no podemos permitir que las fuerzas militares, que han obrado conforme a la Constitución y la ley, sean equiparadas en el tratamiento ante la Justicia con quienes han sido los peores verdugos del pueblo colombiano a través del terrorismo y otros crímenes abominables.

P.– ¿Cree usted que la institucionalidad colombiana está en tal crisis que merezca alguna reforma constitucional?

R.– Sin lugar a dudas, sí.

P.– ¿De qué tipo?

R.– Yo creo que nosotros debemos entender que el permitir que criminales de lesa humanidad, sin haber cumplido sus penas, aspiren a la Presidencia de la República o lleguen al Congreso es una amenaza a nuestras instituciones porque es convertir la impunidad en política pública. Segundo, a mí me parece muy grave que se haya permitido refrendar de manera espuria unos acuerdos que fueron rechazados en las urnas el 2 de octubre de 2016. Tercero, también es una amenaza que se permita que las fuerzas militares sean equiparada con el terrorismo como si se tratara de dos ejércitos equivalentes. Y sin lugar a dudas, en otro frente, Colombia necesita que protejamos la independencia de poderes, que evitemos que los poderes públicos sean cooptados desde la Casa de Nariño en función de las previsiones del Gobierno. Y para eso necesitamos una arquitectura institucional que proteja, que respalde, que quede siempre clarificado que en Colombia hay una división de poderes que siempre se debe respetar.

P.– ¿Por qué cree usted que Juan Manuel Santos no tiene el favor del pueblo? Desde fuera de las fronteras colombianas no se entiende que ganara el Nobel de la Paz por acabar presuntamente con un conflicto de más de medio siglo y tenga un 80% de rechazo…

R.– Primero porque Santos no está pacificando a Colombia, y la prueba de ello es que un año después de la firma de esos acuerdos, las FARC no han entregado toda la información de sus actividades de narcotráfico, sus rutas, sus socios, sus cadenas de lavado de activos… Un año después de haber firmado unos acuerdos que fueron rechazados en las urnas, las FARC no han entregado al información de centenares de personas secuestradas en el pasado, que seguramente ellos asesinaron y que sus familias merecen conocer su paradero. Además, hay más de 1.000 miembros de las FARC en grupos armados disidentes que han retomado las actividades de narcotráfico antes desarrolladas por la totalidad de la organización criminal. Los narcoterroristas no han entregado un listado creíble de sus bienes y sus recursos para reparar a las víctimas. Y siguen apareciendo armas y dineros escondidos. Y mientras todo esto no se ha cumplido, Timochenko es candidato a la Presidencia y los cabecillas de la organización candidatos al Congreso de la República. Todo eso hace que la ciudadanía se sienta engañada por el presidente.

P.– ¿Sólo tiene que ver con el pacto Santos-FARC?

R.– Si a todo eso se une que el presidente Santos siempre promete cosas e incumple —como por ejemplo, el descuento que se le hace a los pensionados en materia de salud, o que bajaría los impuestos y hoy Colombia tiene la tasa de tributación corporativa de las más altas de América Latina— y a eso le suma el abandono de todos los temas de la agenda colombiana y a las regiones… Eso demuestra que el pueblo colombiano está cansado no sólo del desgobierno, sino de que el presidente siempre promueva cosas que él sabe que no va a cumplir.

P.– Respecto a todo esto, en España tenemos un caso muy concreto y reciente. Es Electricaribe, una filial de Gas Natural Fenosa que no recibía sus pagos, encima fue expropiada y que, tras una gestión ruinosa del Gobierno Santos, la quieren devolver… ¿Hay seguridad jurídica para que las empresas españolas inviertan en Colombia?

R.– Yo le diría lo siguiente: el Gobierno de Juan Manuel Santos ha profundizado la inseguridad jurídica con dos reformas tributarias que castigan más al inversionista, al pequeño y gran empresario. Es un Gobierno que ha cuestionado los contratos de estabilidad jurídica que se celebraron en el pasado para darle un mejor ambiente y un mejor entorno a la inversión a largo plazo. Y creo que muchas políticas sectoriales que se han abordado han sido profundamente irresponsables tratando de generar impacto político pero provocando al final sobrecostes para el presupuesto general. En lo referente a Electricaribe, creo que hay una gran controversia respecto a la calidad del servicio y su continuidad, que deberá verse en los tribunales. Y luego ver los efectos de la intervención del Estado en la empresa.