Vox propone quitar la nacionalidad al inmigrante que cometa «cualquier delito del Código Penal»
La retirada de nacionalidad una vez otorgada se trata de una propuesta sin precedentes en España
Disenso denuncia que el 68% de los detenidos por agresión sexual en el País Vasco son inmigrantes

Vox pide reforzar el Código Penal tanto para los extranjeros como para todos aquellos nacionalizados españoles que cometan delitos. Para ello, propone un endurecimiento muy significativo de la política penal y migratoria que permita la expulsión de delincuentes extranjeros sin excepciones, eliminando la posibilidad de eludirla por arraigo. Además plantean retirar la nacionalidad a los ciudadanos no de origen que sean condenados por «cualquier delito del Código Penal».
La Proposición de Ley registrada por Vox en el Congreso de los Diputados este viernes se trata de una reforma profunda y sin precedentes del artículo 89 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, que regula la sustitución de penas de prisión por expulsión de extranjeros.
Según Vox, el actual marco legal no disuade a los delincuentes extranjeros ni a los nacionalizados de cometer delitos, ya que la expulsión suele declararse desproporcionada por los vínculos familiares o laborales del condenado.
La formación de Santiago Abascal justifica la iniciativa en la necesidad de reforzar la respuesta penal frente a la multirreincidencia. Para Vox, el respaldo mayoritario que recibe esta preocupación en el Congreso refleja «el malestar de numerosas entidades locales y operadores jurídicos ante el auge de la delincuencia habitual y profesionalizada, como los robos de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos».
Pese a que es prácticamente imposible que reciba el apoyo del resto de los grupos políticos y pase todo el trámite parlamentario completo (Comisión de Justicia, Pleno, posibles enmiendas, etc.), la polémica está asegurada dado que Vox propone que los españoles no de origen que cometan cualquier delito puedan perder la nacionalidad.
La iniciativa de Vox abre un debate sobre los límites de la política migratoria y penal en España, especialmente en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la delincuencia vinculada a la inmigración irregular.
Pérdida de nacionalidad e inmigración masiva
Hasta ahora, la nacionalidad otorgada en España sólo se retira en casos muy excepcionales, como haberla obtenido por fraude, falsedad u ocultación de hechos esenciales. En casi ningún país democrático se puede perder la nacionalidad como castigo, ya sea por sanción penal o administrativa, salvo en casos de terrorismo o seguridad nacional. Algo que podría cambiar si los de Abascal reúnen los apoyos suficientes para endurecer el código penal.
Mientras es esperable, según señalan, que los críticos de la propuesta justifiquen su rechazo en que el retiro de la nacionalidad podría chocar con tratados internacionales, como los referidos a los apátridas, en el caso de aquellas personas que han renunciado a su anterior nacionalidad de origen, los de Abascal justifican la reforma del código penal por la «invasión migratoria».
Según señalan en el texto, se ignora «el profundo impacto que los flujos migratorios han tenido sobre la seguridad, la convivencia y la cohesión social en numerosos barrios y municipios de España».
Para Vox, el actual marco jurídico no da respuesta a la inmigración masiva que, según sostienen, es el factor decisivo del incremento exponencial de delincuencia y crímenes en España, especialmente en delitos sexuales.
El último informe de la Fundación Disenso (el think thank de Vox) refleja que el 41,7 % de las agresiones sexuales con penetración son cometidas por extranjeros, pese a representar solo entre el 13,4 % y el 14,1 % de la población. Esta sobrerrepresentación es aún más acusada en las manadas, señalan, donde el «43 % de los agresores identificados son extranjeros, y en comunidades como el País Vasco (hasta el 67,6 % en agresiones con penetración), Cataluña (60,3 %) y Navarra (62,96 %)». Según recoge dicho informe, «las nacionalidades más destacadas son Marruecos y Argelia».
Expulsión efectiva de España: fin de arraigo
Vox denuncia que la expulsión de delincuentes extranjeros rara vez se ejecuta de forma efectiva porque los tribunales la consideran desproporcionada cuando existe arraigo. La formación sostiene que este criterio se ha convertido en «un mecanismo de flexibilización abusiva» que impide aplicar la medida incluso en casos de reiteración delictiva.
«El Estado no puede trasladar a los españoles el coste social, económico y de
seguridad derivado de mantener en nuestro país a quienes, habiendo recibido la oportunidad de prosperar lícitamente, optan por la delincuencia y el quebrantamiento de la ley», señalan.
Por ello, propone suprimir el apartado cuarto del artículo 89 del Código Penal, que permite eludir la expulsión cuando se considere desproporcionada por las circunstancias personales del autor. «La invocación de vínculos familiares, sociales o laborales mínimos ha permitido, de facto, neutralizar la expulsión incluso en casos de reiteración delictiva», afirma el texto.
Vox sostiene que «quien accede a residir en España, beneficiándose de las oportunidades laborales, sociales y jurídicas que ofrece nuestra Nación, asume igualmente el deber inexcusable de respetar el ordenamiento jurídico».
Sin ayudas tras la expulsión
La propuesta también incluye que los extranjeros condenados por sentencia firme y expulsados de España no puedan acceder a ningún tipo de ayuda, prestación o subvención pública. «No puede admitirse que los poderes públicos mantengan o financien a quienes han demostrado mediante su conducta delictiva una clara desafección hacia la misma sociedad que les acogió», señala Vox.
Cumplir la pena en su país de origen
Asimismo, el texto demanda una colaboración activa del Gobierno con terceros países y el impulso en el seno de la Unión Europea de reformas para facilitar la expulsión de delincuentes extranjeros para que puedan cumplir las penas en su país de origen.
En los casos en los que sea necesario que el condenado cumpla parte de la pena en España para garantizar la defensa del orden jurídico, Vox propone que esa parte sea lo más reducida posible y que, en ningún caso, se pueda rebajar la pena total si la expulsión no puede ejecutarse.