Vox exigirá que el 80% de los fondos del rescate de la UE vayan a pymes y autónomos

Vox ha decidido enmendar el decreto de reparto de los fondos del rescate de la UE. Se trata del texto que permite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, controlar de forma unánime la asignación de los 70.000 millones en ayudas directas procedentes de findes comunitarios, y la formación de Santiago Abascal quiere que el 80% de ese importe vaya destinado a asistir a pymes y autónomos por ser los más expuestos al riesgo de quiebra en plena pandemia.

El riesgo de asignación discrecional del rescate europeo empieza a ser obvio.
Pedro Sánchez incluso ha ocultado el informe del Consejo de Estado sobre el Real Decreto de reparto de los fondos de la UE. Y lo ha hecho porque incluye «observaciones sobre la necesidad de controles» en la gestión y adjudicación de los 70.000 millones procedentes de Europa y destinados al rescate anti-Covid.

El informe fue solicitado por el Gobierno al organismo consultivo. El Consejo de Estado realizó su análisis. Y permanece oculto tras un mes porque ratificó las sospechas denunciadas por el PP desde el primer momento: que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha diseñado un esquema ausente de controles nacionales que permite un uso casi discrecional del rescate multimillonario procedente de fondos comunitarios.

Fuentes de máxima solvencia conocedoras del informe del Consejo de Estado confirmaron desde el inicio a OKDIARIO que el documento del órgano consultivo efectivamente existe, efectivamente se solicitó por parte del Gobierno, y efectivamente mantuvo un tono crítico en cuanto a la ausencia de controles sobre el reparto y gestión de los 70.000 millones de euros de la UE.

«El informe incluye varias observaciones sobre la necesidad de controles», destacan esas fuentes, tal y como publicó este diario. De hecho, el plan de recuperación deja manos libres al Gobierno para adjudicar los fondos comunitarios del rescate sin más control que el puramente económico que lleve a cabo en última instancia la Comisión Europea.

Pero el control político nacional ha desaparecido por completo. «De facto se convierte en un crédito presupuestario descomunal en el que la necesidad de control del Parlamento desaparece», señala otra fuente consultada por este diario.  «Y si ese control existe para todo gasto presupuestado, carece de toda lógica jurídica que no exista con un volumen de más de 70.000 millones de euros» procedentes de la UE, añade.

La coartada fallida de Sánchez

Lo cierto es que Pedro Sánchez quería un texto legal que le permitiese repartir sin control los 70.000 millones procedentes de ayudas directas de la UE. Lanzó su Real Decreto y logró aprobarlo en el Parlamento. Pero en su afán por eludir los controles llegó al punto de no presentar el informe del Consejo de Estado, de ocultarlo, porque no confirma las tesis oficiales, sino que desvela que efectivamente la asignación de los fondos debe contar con más controles ajenos al Gobierno.

El PP mostró desde el inicio su absoluto rechazo al incumplimiento legal de ocultar el informe del máximo órgano consultivo. De hecho, tal y como ha adelantado OKDIARIO, llevará a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por ello.
Y Vox, que se abstuvo en la votación en el Congreso de los Diputados, refuerza ahora sus exigencias de controles ante la evidencia de las trampas que oculta el decreto.

Hay que recordar que el Gobierno está obligado a enviar toda la información al Parlamento, puesto que está sometido a él. Sólo se puede eludir esa obligación si el Gobierno declara secreto el contenido del informe del Consejo de Estado y entonces debe acudir a la Comisión de Secretos Oficiales, que habitualmente se utiliza para cuestiones de seguridad nacional. Esta última vía no ha ocurrido, por lo que la obligación de aportar el informe del Consejo de Estado se mantiene sin ningún tipo de matices.
Y pese a ello oculta el citado informe del Consejo de Estado.

En el caso del procedimiento de convalidación de un Decreto Ley, si se han solicitado informes a diferentes órganos, y muy especialmente al Consejo de Estado, es obligación del Gobierno suministrar toda la información al Parlamento para que pueda valorar adecuadamente si la norma puede ser convalidada o no. Mucho más cuando, como en este caso, el Decreto Ley se tramita como proyecto de Ley. Y es precisamente esa la vía que pretende ahora aprovechar Vox para enmendar el texto y exigir controles.

El artículo 109 del Reglamento señala expresamente que los proyectos de ley (que es el caso del decreto de fondos europeos) remitidos por el Gobierno «irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos». Entre los antecedentes necesarios, si el Gobierno ha solicitado informe del Consejo de Estado, porque lo considera conveniente (no era preceptivo), conforme al art. 26.7 de la Ley del Gobierno, debe incorporarlo al expediente, como «antecedente necesario».

El Tribunal Supremo ha considerado que tras la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el derecho de acceso de los parlamentarios a la información pública se ha visto fortalecido. Esto significa que el acceso a la información y a los documentos públicos por parte de los diputados no sólo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, sino que «deben suponer el plus añadido imprescindible» (STS 2388/2015, de 15 de junio).