El informe del Consejo de Estado que oculta Sánchez avisa: los 70.000 millones de UE necesitan «control»

Pedro Sánchez ha ocultado el informe del Consejo de Estado sobre el Real Decreto de reparto de los fondos de la UE porque incluye «observaciones sobre la necesidad de controles» en la gestión y adjudicación de los 70.000 millones procedentes de Europa y destinados al rescate anticovid.

El informe fue solicitado por el Gobierno al organismo consultivo. El Consejo de Estado realizó su informe. Y permanece oculto porque ratificó las sospechas denunciadas por el PP desde el primer momento: que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha diseñado un esquema ausente de controles nacionales que permite un uso casi discrecional del rescate multimillonario procedente de fondos comunitarios.

Fuentes de máxima solvencia conocedoras del informe del Consejo de Estado han confirmado a OKDIARIO que el documento del órgano consultivo efectivamente existe, efectivamente se solicitó por parte del Gobierno, y efectivamente mantuvo un tono crítico en cuanto a la ausencia de controles sobre el reparto y gestión de los 70.000 millones de euros de la UE.

«El informe incluye varias observaciones sobre la necesidad de controles», destacan esas fuentes. De hecho, el plan de recuperación deja manos libres al Gobierno para adjudicar los fondos comunitarios del rescate sin más control que el puramente económico que lleve a cabo en última instancia la Comisión Europea.

Controles de gasto

Pero el control político nacional ha desaparecido por completo. «De facto se convierte en un crédito presupuestario descomunal en el que la necesidad de control del Parlamento desaparece», señala otra fuente consultada por este diario.  «Y si ese control existe para todo gasto presupuestado, carece de toda lógica jurídica que no exista con un volumen de más de 70.000 millones de euros» procedentes de la UE, añade.

Lo cierto es que Pedro Sánchez quería un texto legal que le permitiese repartir sin control los 70.000 millones procedentes de ayudas directas de la UE. Lanzó su Real Decreto y logró aprobarlo en el Parlamento. Pero en su afán por eludir los controles llegó al punto de no presentar el informe del Consejo de Estado, de ocultarlo, porque no confirma las tesis oficiales, sino que desvela que efectivamente la asignación de los fondos debe contar con más controles ajenos al Gobierno.

El PP ya mostró su absoluto rechazo al incumplimiento legal de ocultar el informe del máximo órgano consultivo. De hecho, tal y como ha adelantado OKDIARIO, llevará a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por ello.
Pablo Casado anunció ya la petición de comparecencia urgente de la presidenta del Consejo de Estado para que dé cuenta del informe que «oculta» el Gobierno.

El líder del PP exigió al Gobierno que en aras de “la transparencia y la rendición de cuentas” enseñe el informe que “mutiló” del decreto de fondos. “Que lo publiquen”, subrayó, y añadió que el PP había registrado, además, una petición para conocer el informe de la Intervención General del Estado “que se ha ocultado”. La respuesta del Gobierno fue la de tachar de maniobra de la confusión las exigencias del PP.

Informar al Congreso de los Diputados

La base del último escándalo que rodea al Gobierno en su manera de regular se apoya en que el Gobierno debe incluir el informe del Consejo de Estado en la documentación que se presenta al Congreso de los Diputados. Sánchez está sometido al Congreso. El Gobierno está obligado a enviar toda la información al Parlamento, puesto que está sometido a él. Sólo se puede eludir esa obligación si el Gobierno declara secreto el contenido del informe y entonces debe acudir a la Comisión de Secretos Oficiales, que habitualmente se utiliza para cuestiones de seguridad nacional.

Esta última vía no ha ocurrido, por lo que la obligación de aportar el informe del Consejo de Estado se mantiene sin ningún tipo de matices.
En el caso del procedimiento de convalidación de un Decreto Ley, si se han solicitado informes a diferentes órganos, y muy especialmente al Consejo de Estado, es obligación del Gobierno suministrar toda la información al Parlamento para que pueda valorar adecuadamente si la norma puede ser convalidada o no. Mucho más cuando, como en este caso, el Decreto Ley se tramita como proyecto de Ley.

El artículo 109 del Reglamento señala expresamente que los proyectos de ley (que es el caso del decreto de fondos europeos) remitidos por el Gobierno «irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos». Entre los antecedentes necesarios, si el Gobierno ha solicitado informe del Consejo de Estado, porque lo considera conveniente (no era preceptivo), conforme al art. 26.7 de la Ley del Gobierno, debe incorporarlo al expediente, como «antecedente necesario».

El Tribunal Supremo ha considerado que tras la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el derecho de acceso de los parlamentarios a la información pública se ha visto fortalecido. Esto significa que el acceso a la información y a los documentos públicos por parte de los diputados no sólo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, sino que «deben suponer el plus añadido imprescindible» (STS 2388/2015, de 15 de junio).

«Documentación solicitada»

El Gobierno es, además, quien tiene que explicar las razones por las que le han llevado a no publicar el informe del Consejo de Estado. La razón está muy claramente explicada en el artículo 7 del Reglamento del Congreso: «los diputados tendrán la facultad de recabar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas y la administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada».

En resumen, según mantiene el PP, el Gobierno ha violado gravemente un trámite legislativo sustrayendo información relevante al Congreso de los Diputados. Sánchez ha hecho uso de esa información y ha sido incapaz durante la sesión de control al Gobierno —al igual que la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente Pablo Iglesias- de justificar las razones que le han llevado a arrancar del expediente del real decreto el informe del Consejo de Estado.